De la corrupción mundial... y la nacional

De la corrupción mundial... y la nacional

A los funcionarios se les olvida la responsabilidad que asumen de dar 'ejemplo' a la ciudadanía.

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15 de abril 2016 , 05:02 p.m.

La corrupción tiene hastiado al mundo entero. Es una de las razones por las cuales los gobiernos de muchos países, Brasil entre ellos, tambalean. Y, en general, del descontento de las gentes con las clases dirigentes, como se percibe en la baja popularidad de los mandatarios en Europa y en América Latina.

Un editorial reciente de The Economist afirmaba que “la corrupción empobrece al mundo y lo hace más desigual” y añadía que “cuando los políticos roban, reducen la cantidad de fondos disponibles para las carreteras o los colegios. Cuando les adjudican contratos a sus amigotes y los favorecen, defraudan a quienes pagan impuestos y alejan a las firmas honestas de la inversión en su país. Todo esto frena el crecimiento” (‘The lesson of the Panama papers’, 9 de abril del 2016).

Un buen amigo sostiene que en Colombia la corrupción fue relativamente pequeña a lo largo de la historia porque este país fue franciscanamente pobre. Pero la expansión del Estado y las bonanzas externas lo enriquecieron y propulsaron la corrupción. Ahora hay plata a todo nivel en el Estado. Y, al contrario de lo que sucedía con las bonanzas cafeteras, en que los recursos iban a dar en buena proporción a los cafeteros, las de los hidrocarburos generan plata para el Gobierno Nacional, para las empresas estatales (Ecopetrol en este caso) y para los municipios y departamentos a través de las regalías. Los políticos y los administradores públicos se enloquecen al ver tanta plata junta. Se pierde, entonces, el sentido de las proporciones, que, en mi opinión, fue lo que ocurrió con Reficar, además de que, cuando se invierten 8000 millones de dólares en un proyecto, la tentación de la corrupción florece.

Y no se trata solamente de sumas enormes. El caso de los automóviles del Congreso es muy diciente. Habría que comenzar por preguntarse por qué el Estado tiene que ponerle un carro blindado a cada uno de los 266 congresistas y por qué los autos del Congreso tienen privilegios especiales, no pagan impuesto de rodamiento y no se pueden multar ni llevar a los patios si se comete alguna infracción. El incentivo de no efectuar el traspaso es gigantesco; se presta, como lo atestiguamos en la semana anterior, para todo tipo de fechorías. Esto no sucede en otros países.

A los funcionarios del Estado, de cualquier nivel y categoría, se les olvida la responsabilidad que asumen de dar ‘ejemplo’ a la ciudadanía. Obviamente, el caso extremo es el de un magistrado de la Corte Constitucional que sigue atornillado en su sillón a pesar de las acusaciones en su contra por haber recibido un soborno. Pero están también los alcaldes a lo largo de la geografía nacional que, con honrosas y pocas excepciones, contratan a los famosos ‘operadores’ del programa de alimentos escolares que se roban los dineros públicos y no suministran la comida de los niños más pobres de las escuelas del país.


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El escándalo de los papeles de Panamá muestra hasta dónde llega la corrupción a nivel mundial y lo infinitamente ricos que son los amigos y los familiares de algunos políticos. Ya renunció el primer ministro de Islandia. Y The Economist menciona que el presidente de Sudáfrica se enfrenta a un juicio político por construir un palacio para él con recursos públicos.

En cuanto a Colombia, las sociedades en Panamá no van a estar declaradas en el país mientras los impuestos sean tan altos y tan frágiles la seguridad jurídica y la ciudadana. ¿Qué tal el dato de Santiago Pardo en su entrevista en este periódico con María Isabel Rueda el lunes pasado, de que “cerca de 3.000 colombianos han renunciado a la ciudadanía y han preferido pagar impuestos en Estados Unidos o en Europa, antes que pagarlos en Colombia”?


Carlos Caballero Argáez

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