Frente a la desaceleración

Frente a la desaceleración

Va siendo pasada la hora de calibrar las razones de las propuestas conceptuales y rentísticas.

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14 de abril 2016 , 01:08 a.m.

El Fondo Monetario Internacional ha vaticinado para Colombia la continuidad de su desaceleración, con crecimiento positivo de 2,5 por ciento y la advertencia de que “las políticas macroeconómicas y las condiciones financieras cada vez más ajustadas contribuirán a ralentizar (o sea a lentificar) la economía colombiana en el 2016, en principio afectada por el desplome de los precios de los hidrocarburos”.

Como a veces los colombianos pretendemos cerrar los ojos a tendencias evidentes, es de mucha utilidad que los organismos internacionales vengan a recordarnos la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra estructura económica y a alertarnos sobre los riesgos de los palos de ciego, en el empeño impulsivo de prevenirla o de moderarla. Quizá sea en el flanco fiscal donde más se tienda a ver de contrarrestar de inmediato las manifestaciones de la crisis deficitaria. Siendo común a los diversos ángulos internos y externos, a la del erario, público por antonomasia, se le reconoce u otorga prioridad por su capacidad de satisfacer o perturbar la vida diaria de funcionarios y de ciudadanos.

Es así como las reformas tributarias, enderezadas a subsanar o sortear los desequilibrios presupuestarios y a disipar el peligro de catastróficas emisiones monetarias, se convierten en eje central de las preocupaciones gubernamentales. Por lo general, han solido limitarse a un período constitucional del respectivo gobierno, anteriormente de cuatro años. Se daba por sentado que este era lapso suficiente para despejar el horizonte, sin excluir por ello estudios con perspectivas más dilatadas.

Con este criterio, se expidió una en el 2014, sobre la marcha y para su vigencia inmediata. Se desaprovechó así la ocasión para elaborar un estatuto amplio y coherente, por su misma índole llamado a mayor permanencia, y se incurrió de esta suerte en el craso error de gravar varias veces la misma base imponible, dentro del conocido aforismo de cambiar las cosas cambiándoles los nombres. El resultado fueron niveles inmoderados, tanto rentísticos como impositivos, con el efecto de disuadir la inversión extranjera e incitar a la fuga de capitales. Nada de rigor técnico en la elaboración del estatuto. El afán arbitrista todo lo dominaba.

Se trae a colación este recientísimo episodio para prevenir su eventual reincidencia. Por lo pronto, todo da trazas de irse en infecundos cabildeos y en disquisiciones académicas, acaso para preparar el ambiente al trueno mayor. No se entiende la razón para dilatar la expectativa del conocimiento del documento de recomendaciones o conclusiones del llamado comité de expertos. Proviniendo de tan altas fuentes, cabe suponerlo equitativo, defensable y viable.

Aunque todo quede referido al juicio supremo de la opinión pública y, en todo caso, a la aprobación del Congreso de la República y a su conversión en leyes de obligatorio cumplimiento. Con lo cual tampoco se garantizan su idoneidad y conveniencia pública por ser esa la oportunidad de negociar niveles de ingreso y de reparto de egresos, no siempre con predominio del bien público.

En todo caso, va siendo pasada la hora de calibrar las razones de las propuestas conceptuales y rentísticas, a sabiendas de que a las arcas públicas nada les sobra y a los contribuyentes nada deja de dolerles. Tanto más si hay oportunidades para el derroche y el latrocinio y si no han de aplicarse estrictos criterios de austeridad y eficiencia, como debiera ser la norma suprema. Con supresión de cuanto no justifique el bien público y deje sabor amargo a prebendas corruptoras.

Cualquier reforma tributaria debiera partir del requisito del destino y el manejo inmaculados de sus recaudos. No se la juzgue solamente por la cara de sus ingresos, sino también por el sello de sus apropiaciones.

ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA

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