Editorial: Barras bravas: el primer paso

Editorial: Barras bravas: el primer paso

Este asunto requiere un abordaje integral en el que muchas tareas le corresponden al Estado.

14 de abril 2016 , 01:06 a.m.

Luego de dos décadas de tratar el mal con paños de agua tibia, el problema que para la seguridad ciudadana representan los excesos de las barras bravas hoy exige una nueva manera de afrontarlo, dadas las muy preocupantes dimensiones que ha adquirido. Que la Cancillería haya tenido que emitir un comunicado para expresar su solidaridad con las víctimas de los hinchas del Atlético Nacional que azotaron por varios días un barrio de Lima da una idea del punto al que se ha llegado.

El asunto está más que diagnosticado. Se ha dicho, con razón, que es un fenómeno que, aunque pasa por el fútbol, tiene sus causas muy lejos de él, en la falta de oportunidades y de referentes identitarios para miles de jóvenes que además han vivido en carne propia el desarraigo y la discriminación. Se ha planteado, y aciertan quienes lo han hecho, que el llamado barrabravismo se entremezcla con flagelos propios de nuestra sociedad, desde el crimen organizado hasta la violencia intrafamiliar. No hay duda respecto a que en estos grupos de hinchas abundan los integrantes a los que solo los mueve la pasión por unos colores. Muchos de ellos han liderado valiosas iniciativas de carácter social que merecen todo el reconocimiento.

Pero hoy corresponde fijarse en la otra cara de la moneda, igualmente real. En el tráfico de estupefacientes, en los delitos en los que semana tras semana incurren sus miembros, desde lesiones personales hasta homicidios. En el desafío que significa para las autoridades controlar sus desplazamientos. En los daños que dejan a su paso.

Directivos de los equipos han argumentado que no les corresponde enfrentar y resolver un problema cuyas raíces se encuentran en terrenos muy extraños al deporte. Y esto es cierto, pero es verdad así mismo que el fútbol no solo no ha hecho la parte de la tarea que le corresponde –la carnetización contemplada en la Ley 1270 sigue en veremos, por ejemplo–, sino que más de una vez ha fallado en la manera de afrontar el desafío que plantean estas agrupaciones.

Son bien conocidos los casos de directivos e incluso de técnicos que –por voluntad propia o por coacción, se dan ambos casos– han pactado con los líderes de estas para delegar en ellos funciones que no les corresponden y que los han empoderado con dádivas que son fruto de transacciones en las que ganan ellos pero pierde el deporte. Aquí faltan un mea culpa y un propósito claro y común de no repetición. Los gobernantes locales, por su parte, también han incurrido en pactos de índole similar, con manejos de tipo clientelista, atraídos por el potencial electoral de las barras.

Es bueno saber que no existe un remedio mágico. Aunque sí es posible trazar una hoja de ruta cuyo primer hito tiene que ser el cortar el oxígeno que todavía se les da a las barras más violentas a través de las mencionadas dádivas. Ello incluye un compromiso común de los clubes, de cero tolerancia con presiones y solicitudes indebidas que estas hagan.

Habiendo hecho su tarea, los dueños del espectáculo tendrán entonces toda la autoridad moral para pedirle al Estado que se ocupe de esos factores sociales y económicos que, sin lugar a dudas, también alimentan el fenómeno.

EDITORIAL
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