Un documento de 27 páginas aprobado por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas el pasado 22 de marzo recoge, en esencia, la posición que el presidente Juan Manuel Santos defenderá la próxima semana en Nueva York, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass, por sus siglas en inglés).
De esa cita, que es la más importante realizada en varias décadas en la materia, no saldrán cambios revolucionarios en la política mundial contra las drogas. Así, temas como la despenalización e incluso la aceptación de que un mundo libre de drogas es una utopía probablemente ni siquiera van a estar en las discusiones oficiales. (Lea: Adicción a la droga no exime a los expendedores)
Partiendo de esa base, la delegación colombiana –encabezada por Santos y de la que formarán parte la canciller María Ángela Holguín y los ministros de Justicia y Salud, Yesid Reyes y Alejandro Gaviria, respectivamente– propondrá ir más allá de lo que plantea el documento base aprobado en la reunión de Viena el mes pasado.
Esa declaración, firmada por los 53 países miembros de la Comisión de Estupefacientes, incluido Estados Unidos, marca algunas líneas de apertura frente a la estrategia de los últimos 50 años en la materia.
¿A qué le apunta el Gobierno? Sin expectativas de giros revolucionarios, Colombia insistirá en la necesidad de analizar el problema a la luz de la evidencia científica, que muestra que, pese a todos los esfuerzos, tanto el poder criminal del narcotráfico como el consumo van en aumento.
Otro punto bandera es que se garantice que el uso medicinal de sustancias derivadas de alucinógenos tenga menos restricciones en el mundo entero. |
El documento de Viena incluyó un giro clave que reconoce la prevalencia de los tratados y convenciones internacionales de fiscalización de drogas, pero a la vez señala que los Estados deben tener “suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas, con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable”. (Lea también: Minjusticia pide nuevas estrategias para lucha antidrogas)
En Nueva York, el presidente Santos planteará una posición más radical en esa flexibilización de las políticas nacionales, siempre con base en la experiencia empírica. Así, frente a la ONU defenderá que iniciativas como la creación de centros de consumo regulado de algunas drogas empiecen a aparecer en la bitácora de los países que decidan dar pasos como estos, sin que esto implique entrar en conflicto con los compromisos internacionales.
La flexibilización también aplicaría frente al tratamiento penal de los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico (mulas y cultivadores) y se conecta con otro punto en el que Colombia quiere que la ONU vaya más allá de la declaración de Viena: en el enfoque de Derechos Humanos de las políticas antidrogas. Es una posición que tiene consenso en América Latina y Europa y que propende por la imposición de sanciones más racionales.
En Viena, Colombia propuso que se discutiera la prohibición de la pena de muerte o la cadena perpetua para las ‘mulas’, pero no logró consenso. La declaración, sin embargo, reconoció expresamente que los derechos humanos y la adecuada defensa jurídica deben ser la base de los sistemas legales que combaten el narcotráfico y el consumo. Ante delegados de todos los países, el Gobierno planteará una suerte de ‘alternatividad penal’ frente a algunas facetas del narcotráfico.
Y un tercer punto de honor será buscar una declaración más contundente en reconocer el consumo de drogas como un problema de salud pública y evitar su criminalización. Fuentes que trabajan en la elaboración de los documentos para la Cumbre de Nueva York señalan que si se evita que los adictos sean perseguidos por el solo hecho del consumo –esto aún ocurre en países como China–, se lograría concentrar esfuerzos penales en las esferas criminales que se lucran del negocio y atender de manera más eficiente el creciente reto de la adicción a las drogas.
El enfoque como problema de salud pública garantizaría también que los países sean más abiertos a las políticas de reducción del daño; por ejemplo, a la entrega de jeringas a heroinómanos para evitar la propagación de sida y hepatitis C asociada al uso compartido de agujas.
(Lea: Alerta sobre emergencia en salud por causa del consumo de heroína)
En Viena, ese punto quedó plasmado como el compromiso de “promover la inclusión en las políticas nacionales relacionadas con las drogas, de acuerdo con la legislación nacional y según proceda, de elementos de prevención y tratamiento de las sobredosis de drogas, en particular de opioides, incluido el uso de antagonistas de receptores de opioides como la naxolona, para reducir la mortalidad relacionada con las drogas”.
También, de “invitar a las autoridades nacionales a que consideren la posibilidad, en el contexto de las iniciativas integrales y equilibradas de reducción de la demanda de drogas, de incluir entre las medidas y programas nacionales de prevención, tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social medidas eficaces destinadas a reducir al mínimo las consecuencias perjudiciales del uso indebido de drogas, programas de terapia asistida por medicación, programas relacionados con el equipo de inyección, así como la terapia antirretroviral y otras intervenciones pertinentes destinadas a prevenir la transmisión del VIH, la hepatitis vírica y otras enfermedades de transmisión sanguínea relacionadas con el consumo”.
Otro punto bandera es que se garantice que el uso medicinal de sustancias derivadas de otras alucinógenas, como la marihuana, tenga menos restricciones en el mundo entero, de tal manera que pacientes de enfermedades dolorosas tengan la posibilidad de acceder a esos tratamientos.
Fallos claves
1. Dosis mínima
En un fallo el 14 de marzo pasado, al absolver a un soldado que portaba más del doble de marihuana legal, la Corte Suprema dijo que no es delito superar la dosis mínima, siempre y cuando la cantidad corresponda a la que el consumidor necesita para su uso personal. Las autoridades deben probar que el portador llevaba la droga para su comercialización.
2. Jíbaros
En una sentencia de hace dos días, la Corte Suprema le puso límites a su fallo sobre la dosis mínima. Advirtió que los expendedores pueden ser judicializados así sean consumidores. “El delito de tráfico o porte de drogas se aplica incluso a los adictos cuando son sorprendidos portando o almacenando dichas sustancias con fines de venta, tráfico o comercio”, aseguró.
‘No se puede enviar a todo el mundo preso’
Este martes, en un debate en el Congreso, el viceministro de Justicia, Carlos Medina, aseguró que el país no puede seguir promoviendo políticas que necesariamente impliquen cárcel para todos los que violen la ley, especialmente a los que están en la parte más baja de la cadena del narcotráfico.
Al responder por las razones del hacinamiento carcelario, el Viceministro señaló que desde el 2010 entraron a las cárceles 40.000 personas y que muchas de ellas llevan años en calidad de sindicados.
Así, aunque los cupos carcelarios han crecido un 163 por ciento, la población carcelaria aumentó un 315 por ciento, lo que desborda las capacidades del Estado.
Medina asegura que la situación es resultado de una política criminal errada “que se ha encargado de encarcelar a todo el mundo” y que por atacar a los pequeños eslabones de las cadenas delictivas le ha quitado recursos a la lucha contra las cabezas de las organizaciones.
“El Estado colombiano y la sociedad han sido históricamente erróneos en el uso desmedido del derecho penal, han caído en el populismo punitivo –dijo Medina–(...). Por eso, desde hace dos años el Gobierno ha tomado medidas que coinciden con las observaciones de la Corte Constitucional para disminuir el hacinamiento”. Reconoció, sin embargo, que la opinión pública es reacia a medidas que lleven a poner en libertad a responsables de delitos.
El Viceministro aseguró que ya avanza la iniciativa de construcción de cárceles y ampliación de cupos por medio de las asociaciones público-privadas (APP) y que hay cuatro proyectos en marcha en Cauca, Antioquia, Santander y Putumayo.
Con ellos se crearán 10.000 nuevos cupos, si bien los niveles de hacinamiento implican la necesidad de tener tres veces más esa cantidad de plazas.
JUSTICIA