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Fiscalía imputa dos delitos a exfuncionarios por el caso Pinares

Exgerente de Vivienda, exjefe de Oficina Jurídica del Meta y contratista, a responder ante justicia

La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio les imputó cargos a dos exfuncionarios de la administración del exgobernador del Meta Darío Vásquez y a un contratista por el caso del plan habitacional de Pinares de Oriente.
Los tres implicados tendrán que responder ante la justicia y los beneficiarios del plan de vivienda por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Los tres afectados por la determinación de la Fiscalía, avalada por un juez de control de garantías, son Édgar Augusto Jara Guevara, exgerente seccional de Vivienda del Meta; Rodolfo Patiño Pastrana, exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, y Óscar Mendoza Parra, como representante legal de la Corporación Casa, el contratista señalado por el caso.
Los tres fueron vinculados formalmente a la investigación luego de que los fiscales delegados ante el Tribunal Superior revisaron las pruebas documentales y testimoniales del proceso, en el que inicialmente había once personas señaladas.
“Los fiscales hicieron una depuración con base en las pruebas de manera que las personas implicadas sean llevadas y derrotadas con garantías en el juicio oral”, señaló una fuente cercana al caso.
El análisis de las entrevistas y los documentos revelaron a la Fiscalía que estas tres personas habrían violado principios fundamentales de la Ley 80 de contratación pública (vea nota anexa).
Específicamente hacen referencia al convenio 2010 del 2009 suscrito entre la Gobernación del Meta y la Corporación Casa para la construcción de 617 soluciones de vivienda en Pinares de Oriente.
Por los mismos hechos dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan procesos contra los exgobernadores del Meta Darío Vásquez y Alan Jara Urzola.
Los procesos están abiertos y los fiscales ante la Corte Suprema trabajan en la recopilación de pruebas. Los casos están en la fase indagatoria.
Los hechos hallados en la investigación
En la investigación la Fiscalía determinó que los exfuncionarios y el contratista habrían incurrido en graves violaciones a la Ley 80 de contratación.
En primer lugar, el ente persecutor determinó que el convenio fue suscrito sin la debida planificación que ordena la norma, referente al objetivo que tenía el contrato, es decir, la construcción de las casas.
En el estudio de conveniencia no fueron incluidos los precios reales del mercado ni tampoco las cantidades de obra, como materiales y servicios.
Según la Fiscalía, no hicieron verificación en el mercado de otros proponentes para proteger el rendimiento de los recursos destinados.
Además, la Fiscalía determinó que hubo un sobrecosto de 1.100 millones de pesos que el contratista cobró a la Gobernación por el precio del lote del plan.
MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
LLANO SIE7E DÍAS
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