Editorial: Cuidar las formas

Editorial: Cuidar las formas

Las cinco situaciones anómalas expuestas por Ordóñez corren el riesgo de perder relevancia.

12 de abril 2016 , 12:26 a.m.

Es perfectamente válido y legítimo que el Procurador General de la Nación haga seguimiento a la aplicación de la ley de Restitución de Tierras. Le compete, de encontrar méritos, actuar investigando a funcionarios que puedan haber cometido faltas disciplinarias o aportar a los jueces pruebas que recolecte la entidad bajo su mando.

Es más: nadie discute lo que puede fortalecer a un proceso como este el hallarse bajo el ojo vigilante de la Procuraduría, sobre todo para mantener a raya a quienes quieren cooptar la institucionalidad creada por esta norma y así apartarlo del que debe ser su norte, como es resarcir a las víctimas del conflicto.

Pero se trata de una labor –fundamental, insistimos– que debe ejecutarse con sumo cuidado, en particular cuando se refiere a un asunto que está en el centro del debate político. Hay que obrar con especial cautela, básicamente para evitar que se deslegitimen tanto la labor en sí misma como la política y los objetivos que persigue.

Para ello basta con verificar que ni los escenarios ni el lenguaje en los cuales y a través de los cuales esta entidad ejerce su función se presten para interpretaciones que den pie a debates como el que surgió luego de los recientes foros públicos en los que Alejandro Ordóñez ha expresado su opinión respecto a la aplicación de la Ley 1448.

Como se ha podido constatar, estas intervenciones se han llevado a cabo en lugares que arrastran una carga simbólica que es imposible menospreciar. Los coliseos con pancartas de apoyo al funcionario lo ponen, innecesariamente, a hacer equilibrio sobre la cuerda que marca el límite entre la necesaria función pública y el proselitismo.

Para ser claros: las cinco situaciones anómalas expuestas por Ordóñez corren el riesgo de perder relevancia, justamente por las circunstancias en que fueron planteadas. La probabilidad de que acaben diluyéndose es mayor, dada la temperatura del debate político en el que cayeron.

Y es que allí, en ese ambiente, es más factible que den el paso a consignas y arengas de quienes han acudido a la plaza pública para expresar sus reparos a la manera como se ha aplicado la ley, sugiriendo incluso que puede terminar al servicio de intereses de grupos armados ilegales. Cinco advertencias, reiteramos, que son bienvenidas, de las que los encargados de la gestión y aplicación del programa de restitución deben tomar atenta nota.

Pero, sin milimetría política, se trata de buscar cómo cada quien, desde su orilla, puede aportar para fortalecer una ley fundamental para que esta sociedad dé un paso decisivo hacia mejores tiempos: que quienes fueron injustamente despojados de sus propiedades puedan recuperarlas.

Por último, cabe reiterar un factor determinante para el éxito del posconflicto y para que la institucionalidad del país no tome rumbos peligrosos. Un aspecto sobre el que hay que volver, dadas señales inquietantes que se han registrado en tiempos recientes. Este se resume en la importancia de la independencia de poderes, así como en no olvidar la obligación que recae sobre los entes de control de mantenerse al margen de la confrontación normal en la arena política. Todo para que el Estado de derecho no se descuaderne.

EDITORIAL

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