La pesca ilegal extranjera devasta las reservas marinas de Colombia

La pesca ilegal extranjera devasta las reservas marinas de Colombia

Pesqueros de Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Ecuador están afectando gravemente áreas protegidas.

notitle
11 de abril 2016 , 10:49 p.m.

En lo que va del 2016, más de seis operativos de la Armada Nacional contra la pesca ilegal en las fronteras del país develaron un panorama de degradación ambiental que pone en riesgo importantes áreas marinas protegidas y que eleva la preocupación de las autoridades por este delito.

Operaciones en Bahía Solano, en Chocó; en la reserva marina de Seaflower, en el archipiélago de San Andrés y Providencia; en el santuario de Flora y Fauna de Malpelo, en Valle del Cauca, e incluso en la frontera con Ecuador, dieron como resultado el decomiso de cerca de 2.564 kilos de pesca ilegal, a corte de febrero de este año.

Esta cifra, lograda solo en dos meses, equivale a más del 20 por ciento de lo que la Armada decomisó en todo el 2015, cuando se incautaron 12.542 kilos de pescado.

Aunque las autoridades insisten en que no hay señales que indiquen un aumento en los casos, sí hay una alerta por los métodos que utilizan los pescadores ilegales, y por eso mismo este año se han hecho más esfuerzos en el control de la pesca en nuestros mares, según explicó el almirante Leonardo Santamaría Gaitán, comandante de la Armada Nacional.

Los pescadores ilegales, según la Armada Nacional, provienen de países vecinos, principalmente de Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Ecuador.

El oficial asegura que de cien casos que se puedan registrar de violación a las normas de pesca, en un 90 por ciento los responsables son extranjeros, que traspasan ilegalmente las fronteras y no respetan los tamaños de pesca de ciertas especies.

Atrapan de todo

En la región Pacífica es frecuente encontrar a los pescadores ilegales con los palangres, que son líneas con decenas de anzuelos, donde no se hace pesca selectiva, sino que se atrapa todo lo que cae en la red.

“En la zona insular hay una cultura más depredadora: hay uso de tanques de buceo por parte de los pescadores para atrapar más peces y no hay control de tamaños de las especies”, explica Santamaría.

Las autoridades consideran que los responsables de esta problemática son operadores de pesca de mediana escala, que trabajan con buques en los que se pueden albergar más de 70 pescadores. Estos buques terminan entregando sus mercancías en puertos de otros países, donde no hay mayor control sobre la procedencia de los productos.

“Descargan a más de 40 personas que bucean en la zona, toman las langostas y los recursos, y dejan absolutamente convertido en un desierto el lugar”, explica el contraalmirante Juan Manuel Soltau, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano (CCO).

Camilo Bernardo García, experto en especies marinas y profesor del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, señala que estos asaltos a ecosistemas tan vulnerables como los marinos pueden llevar rápidamente al colapso de una población de especies.

“Eso depende de la biología de cada una; hay unas que tienen tasas de reproducción muy altas, como los camarones, pero otras, como las langostas, no se comportan de esa manera”, advierte García.

El experto en especies marinas señala que otro de los impactos ambientales es el disturbio físico directo que se da con el levantamiento de la arena y que puede llegar a cubrir los corales e impedirles su desarrollo.

Falta cooperación

La amplia extensión de la frontera marítima –con una superficie aproximada de 928.660 km²– y las dificultades para encontrar los buques dentro de los límites colombianos cuando hacen pesca ilegal son factores que entorpecen el combate de este delito.

Sin embargo, según Santamaría formalmente tampoco existe una cooperación de inteligencia con los países vecinos, aunque en algunas operaciones se pueden apoyar en el intercambio de información.

César Díaz, gerente de Incidencia Política de la fundación Mar Viva, asegura que falta voluntad política para la aplicación de la normativa internacional, como las medidas del Estado rector del puerto. Se trata de requisitos que los barcos pesqueros extranjeros deben cumplir, o a los que están sujetos, como condición para usar los puertos de dichos país.

Según Díaz, tales medidas pueden desalentar la pesca ilegal, porque le daría mayor control a lo que se captura del producto pesquero.

Finalmente, el secretario ejecutivo de la CCO asegura que los resultados de los operativos de los últimos meses “se vuelven emblemáticos en momentos en que tramitamos una ley de pesca ilegal marítima ante el Congreso, que busca incrementar las penas, que da autorizaciones a las autoridades administrativas para aumentar las multas y a las penales para subir las condenas”.

Tiburones de Malpelo, en constante peligro

Desde hace 10 años, cuando el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, ubicado a 490 kilómetros del puerto de Buenaventura, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco (2006), se prohibió la pesca ilegal en esta área. Sin embargo, esta reserva del mundo sigue siendo vulnerada por este crimen.

Los tiburones gris y martillo, los más afectados por la pesca ilegal en Malpelo. / Foto: Archivo particular.


En su último operativo, la Armada capturó a cuatro hombres de Costa Rica quienes pescaban tiburones grises, atún, pardo y diferentes especies de pescado blanco.

El tiburón gris, al igual que el martillo, son las especies más vulnerables a este delito por la técnica de captura conocida como el aleteo, que consiste en desprender las aletas de los peces para venderlas en mercados internacionales, como los asiáticos, según cuenta César Díaz de la Fundación Mar Viva.

Camilo García, experto de la Universidad Nacional, señala que los tiburones tienen una biología muy susceptible.

“Son animales que crecen despacio, se reproducen poco, llevan una vida muy tranquila y viven largo tiempo”, lo que hace a su población más vulnerable a desaparecer si se sigue dando su captura ilegal.

García señala que el santuario de Malpelo, al igual que otras reservas marinas, al tener como propósito proteger a la biomasa de peces, permite que efectivamente existan concentraciones de animales, lo que las hace atractivas para los pescadores ilegales.

De acuerdo con información de la Fundación Malpelo, esta isla “actúa como un oasis en medio del desierto oceánico para una gran cantidad de especies”, porque, precisamente, conserva el alimento necesario para que allí puedan habitar.

Daños a la reserva Seaflower

Andrés Vásquez Villegas, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia de la Armada Nacional, explica que una de las áreas más afectadas por la pesca ilegal en esta zona del Caribe colombiano es cayo Bajo Nuevo, que tiene las áreas coralinas mejor desarrolladas y que está a 240 millas náuticas de San Andrés, una distancia que toma varias horas en recorrer.

El daño a esta reserva es preocupante por su alta biodiversidad. Según el Invemar, la Seaflower alberga el 77 por ciento de las áreas coralinas someras de Colombia.

Informes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calcula que estos arrecifes coralinos ocupan cerca del 5 por ciento del mar Caribe, lo que los cataloga como parte de los puntos calientes de arrecifes para la región.

A mediados de febrero, la Armada incautó cerca de 700 kilos de pesca que fueron extraídos de la reserva de la biósfera Seaflower y que eran transportados en el pesquero Doña Emilia, en el que estaban 35 pescadores procedentes de Nicaragua.

En esa embarcación se encontraron cerca de 69 tanques de buceo.

En total, las autoridades colombianas deportaron al país vecino 108 pescadores, muchos de los cuales habían sido abandonados por los pesqueros nodrizas en pleno operativo.

Dejar en alta mar a los pescadores es una de las prácticas más comunes entre los capitanes de los buques extranjeros.

Esto sucede –explica el almirante Leonardo Santamaría– porque la responsabilidad penal recae sobre el capitán del buque; entonces, es él quien se da a la fuga sin importarle que los pescadores sigan en el agua cuando llegan las autoridades.

El flagelo también se vive en la frontera con Ecuador

Además de las incautaciones en el Caribe, reportes de este año de las autoridades también señalan que en el Pacífico sur del país se han dado casos de pesca ilegal.

Uno de ellos afectó la zona marítima fronteriza con el vecino país de Ecuador.

En cercanías a Candelilla de la Mar, en el extremo sur de Nariño, la Unidad de Guardacostas de la Armada Nacional se incautó, a finales de febrero, 1.835 kilos de atún que eran transportados por un colombiano y un ecuatoriano, a bordo de un buque que se dirigía a la provincia de Esmeraldas, en el vecino país. Otro de los casos se presentó a comienzos de marzo pasado, en áreas del Parque Nacional Natural Utría, zona cercana al municipio de Bahía Solano (Chocó), donde la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) constató la pesca de 70 toneladas, que se había realizado en zona protegida y que transportaba la embarcación Cabo de Hornos.

LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de EL TIEMPO
Escríbanos a laubet@eltiempo.com. En Twitter: @ElTiempoVerde

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.