Las pistas de EE. UU. sobre narcos detrás del carro caleta del Senado

Las pistas de EE. UU. sobre narcos detrás del carro caleta del Senado

Informante alertó a federales sobre llegada de 10.000 millones de pesos desde los Llanos.

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09 de abril 2016 , 06:23 p.m.

Una llamada de un narcotraficante a su agente de control de la DEA fue el inicio del escándalo que esta semana sacudió al Congreso de la República luego de que uno de sus funcionarios, Luis Javier Rojas Morera, cayó conduciendo un carro a nombre del Senado, en el que llevaba encaletados 614 millones de pesos cuyo origen no pudo explicar.

El sujeto aseguró que una fuerte suma de dinero estaba siendo movida desde los Llanos y que era de ‘los Puntilleros’, banda criminal emergente ligada al señalado narcotraficante Mauricio Pachón, alias Puntilla, capturado hace mes y medio por la Dijín. (Además: Capturado con $ 614 millones es hijo de alta funcionaria del Senado)

“Aseguró que eran 10.000 millones de pesos, parte de los cuales iban a llegar a Bogotá la noche del lunes en un carro. Además, que se había arreglado con policías para que los dejaran llegar sin problema”, le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana a la investigación.

‘Puntilla’ venía siendo perseguido hacía más de una década, luego de que se le vinculara con el capo Daniel el ‘Loco’ Barrera y se le ‘graduara’ como su heredero en el manejo del narcotráfico en los Llanos y Guaviare, en asocio con las Farc, con la banda Erpac, del abatido Pedro Oliviero Guerrero, alias Cuchillo, y con el sector del condenado esmeraldero Pedro Orejas.

La Policía estableció que esa estructura envía droga desde Guaviare hacia Puerto Cabello, en Venezuela, y también por Cartagena, desde donde la envían a Estados Unidos y Europa.

La alerta del informante fue compartida con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), la Fiscalía y la XIII Brigada del Ejército para planear el operativo.

El aviso al ICE se debió a que esa agencia antimafia de Estados Unidos venía rastreando a los herederos del ‘Loco’ Barrera, luego de que su segundo, Gilberto Garavito Ayala, ‘Ceviche’, fue extraditado a Estados Unidos y declaró ante una Corte de Miami que había sobornado a un agente federal: Juan Felipe Martínez.

(También: Escándalo en el Congreso por carro con dinero de bandas criminales)

‘Ceviche’, amo del narcotráfico en Guaviare, dijo que autorizó pagos por 140.000 dólares al agente Martínez, de origen panameño, entre otras razones para que su familia y abogada tuvieran un permiso especial para viajar a Estados Unidos a visitarlo en prisión, con la fachada de que eran testigos en el caso contra Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Aunque el jurado declaró inocente a Martínez, en un polémico fallo cuestionado por la juez Cecilia Altonaga, este salió del ICE.

La Fiscalía no tiene duda de que el carro caleta se relaciona con una red de lavadores de la mafia que se mueve en Bogotá, Medellín y Cali, ofreciendo sus servicios a todos los postores y usando casas de cambio para darle apariencia de legalidad al dinero que blanquean.

¿Trampa en remates?

Y aunque el escándalo se ha centrado en el conductor –hijo de Magdalena Morera, la directora financiera del Senado y del expresidente de ‘la U’ en el Huila Luis Javier Rojas Alarcón–, terminó destapando otras ollas podridas.

¿Cómo un carro que iba a ser rematado, a través de terceros, termina en manos del hijo de una alta funcionaria de esa corporación que recibe información privilegiada sobre esos negocios? ¿Por qué hay otros 68 vehículos rodando a nombre del Senado sin haberse hecho los traspasos a los nuevos dueños?

Lo que está claro es que esa irregularidad les ha representado varias ventajas a algunos compradores: usualmente no son parados en los retenes oficiales, lo que los puede convertir en perfectas caletas para la mafia; no tienen pico y placa, muchos de ellos tienen blindaje sin autorización y, además, se presume que sus costos en impuestos y comparendos han sido asumidos por el Senado con el dinero de los colombianos.

Rojas –quien, no obstante los dos intentos de sobornar a los militares que lo capturaron, fue enviado a detención domiciliaria– sostiene que demostrará el origen legal de los 614 millones en efectivo.

De hecho, allegados al joven dicen que la plata era para pagar unos terrenos ligados a una licitación que se había ganado un grupo en el que estaba el padre de Rojas, una antigua novia y otras personas cercanas a su familia. Lo que no han podido aclarar es por qué no dieron las explicaciones ni entregaron soportes, ni durante la media hora que el Ejército les dio en el retén ni en la audiencia de legalización de la captura.

“Pareciera que se están tomando su tiempo para armar un libreto”, dijo un investigador.

Por lo pronto, la Fiscalía no solo apelará la decisión de enviar a Rojas a su casa, sino que evalúa llamar a declarar a su padre, quien lo ayudó a ubicar laboralmente en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante del Guaviare Alexánder García.

Sobre este último también hay asuntos por despejar. Se ha mencionado su supuesto nexo con grupos ilegales en Guaviare, incluso con ‘Ceviche’, nexos que él niega.

Y aunque el representante dice que nada sabe de lo que hacía su asesor, el caso lo pone en el radar de la Corte Suprema, junto con otros políticos cuyos nombres han salido a relucir. Uno de ellos es el exsenador de ‘la U’ Jorge Géchem Turbay, padrino político de la madre del detenido.

Además, por el lío de los remates, el exsenador Carlos Barriga ha tenido que salir a defenderse, aunque no es la primera polémica que enfrenta. Hace diez años fue mencionado en las denuncias por ‘parapolítica’ en Norte de Santander. Sin embargo, el caso no prosperó en la Corte.

Lo concreto es que este escándalo ha puesto de nuevo la mira de las autoridades en la infiltración de actores ilegales en el Congreso, un fantasma que lo ronda con mucha frecuencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUDICIAL

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