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'Carros del Congreso subastados siguen a su nombre por multas'

'Carros del Congreso subastados siguen a su nombre por multas'

Así se desprende de investigación. Revisan a nombre de quiénes están los comparendos.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de abril 2016 , 10:56 a. m.

Vigentes. Así figuran las multas a los vehículos del Congreso que aunque en el 2014 fueron subastados aún aparecen a nombre del capitolio.

Esa es una de las primeras conclusiones de la revisión de por qué no se concluyó con el traspaso de al menos 80 de estos vehículos que fueron subastados en el 2014. El historial del automóvil que conducía Luis Javier Rojas, capturado con 614 millones de pesos, está bajo la lupa. (Lea Los 'padrinos' de directiva del Senado salpicada por dinero incautado).

Fuentes en el proceso dijeron que al rastrear las bases de datos de organismos de tránsito hallaron que el traspaso de ese y otros vehículos no se completó por la deuda que suman por cuenta de comparendos. “Ese trámite se hace ante la autoridad de tránsito local y es requisito estar a paz y salvo”, indicó una fuente en la proceso.

Este jueves, EL TIEMPO publicó en su edición que al menos 80 vehículos que pertenecían al Congreso, y que subastó la comercializadora Nave Ltda., siguen figurando a nombre del Senado de la República y no de sus verdaderos dueños.

Uno de esos carros era el que manejaba Luis Javier Rojas, el asesor del congresista Alexánder García que el lunes fue detenido mientras transportaba 614 millones de pesos en efectivo que, según las autoridades, eran de bandas criminales.

El auto, aunque no era blindado, formaba parte de un lote de al menos 162 que el Congreso subastó a través de la Comercializadora Nave Ltda. por un millonario contrato firmado el 4 de julio del 2012 para que esta compañía se encargara de rematarlos en un término de tres años.

De los 162, según un documento de la Supervigilancia, hay al menos cuatro vehículos que no aparecen. (Lea también: Suspenden a Directora Financiera de Senado por caso de auto con dinero)

Sobre los otros blindados que efectivamente fueron subastados, la Superintendencia encontró que 96 no tienen autorización para ser usados por particulares. El superintendente de Vigilancia, Carlos Alfonso Mayorga, explicó que los compradores debían renovar ese permiso –que depende de los niveles reales de riesgo–, requisito que no se cumplió.

Fue por esto que en julio del año pasado la Superintendencia emitió una resolución en la que caducó el permiso de blindaje de los 96 carros. “Las personas que usan vehículos blindados deben acreditar un riesgo especial. El blindaje les permite no tener restricciones por parte de la Policía, ni pico y placa, por ejemplo”, asegura Mayorga. Por esto, la Súper le pidió a la Procuraduría que investigue “la actuación de funcionarios del Senado y de organismos de Tránsito”.

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