Jineth Bedoya no conciliará con el Estado en su caso ante la CIDH

Jineth Bedoya no conciliará con el Estado en su caso ante la CIDH

La periodista alegó que autores de los hechos todavía están libres. Exigió celeridad a la justicia.

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05 de abril 2016 , 11:53 a.m.

De “vergüenza” calificó este martes la periodista colombiana Jineth Bedoya el esfuerzo que hizo el Estado durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para justificar su papel a lo largo de estos 15 años frente al brutal ataque que sufrió en mayo del año 2000 y que aún, en gran parte, permanece en la impunidad.

Bedoya, visiblemente indignada y al borde de las lágrimas, acusó al Estado de mentir casi de manera descarada ante los comisionados, que convocaron la cita para evaluar los avances en su caso.

La periodista fue secuestrada, torturada y luego violada como represalia por una investigación que venía adelantando sobre masacres cometidas al interior de la cárcel La Modelo en el año 2001.

En mayo del año pasado y ante una larga cadena de irregularidades, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron una demanda ante la CIDH alegando la responsabilidad de Colombia por falta de prevención e investigación del crimen que se cometió en su contra.

El órgano, casi en tiempo récord, declaró su caso admisible y podría estar muy cerca de enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que cuenta con el poder de imponer sanciones contra un estado al que se halle culpable.

Durante la audiencia en Washington, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, arrancó destacando el valor y la determinación de Bedoya al igual que el compromiso del gobierno por trabajar para prevenir y castigar este tipo de crímenes.

Pero luego tomó la palabra Ángela María Ramírez Rincón, representante de la Agencia para la Defensa del Estado, un órgano que se creó hace un par de años para representar al estado en litigios internacionales.

Durante su intervención Ramírez prácticamente negó responsabilidad en cada uno de los cargos que han sido elevados. Dijo, por ejemplo, que las condenas impartidas este año contra Alejando Cárdenas Orozco (alias JJ) y Mario Jaime Mejía (alias el panadero) eran prueba que la justicia si estaba actuado. Así mismo negó conocer la existencia de un documento en el que un año antes de los ataques Bedoya le informaba al DAS que estaba amenazada y pedía protección –pese a que la periodista presentó un copia del mismo.

“Francamente nos ofende que el Estado allá asumido esta posición”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil.

Más adelante en rueda de prensa con medios internacionales, Bedoya profundizó sus señalamientos.

“Sabíamos que el Estado iba a presentar como gran avance de justicia las dos condenas que se dieron contra los eslabones más bajos de la cadena de corrupción que yo investigaba. Pero lo que sabíamos era la sarta de mentiras que iban a decir en medio de la audiencia. Cada uno de los puntos que presentaron los podemos rebatir y también demostrar que son completamente falsos”, sostuvo Bedoya.

Según la periodista todavía falta se castigue a los autores intelectuales del crimen y a policías y militares que están implicados. Además, recalcó que las condenas contra ¨el Panadero y a alias JJ habían llegado no por una acción eficiente del Estado sino por su esfuerzo periodístico y la presión mediática que generó el caso.

En enero de este año, el estado se acercó a Bedoya para proponerle una solución amistosa del caso. Pero rechazó la oferta pues, a su juicio, era vender su silencio a cambio de un cheque.
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La impunidad en ningún lugar del mundo puede ser negociada. Mi dignidad vale más que todos los cheques que pueda girar un país. La dignidad no se compra y les aseguro que si algo me sobra es dignidad”, dijo Bedoya en la audiencia donde insistió que su principal interés es que se revelara la verdad.

Tras la intervención del gobierno, tanto la periodista como sus representantes indicaron que será imposible una solución amistosa con un estado que dice querer resolver el caso de manera amigable pero al mismo tiempo se armaba de mentiras para tratar de tumbarlo.

Pedro Vaca, de Flip, alegó también que el Estado llevaba un año posponiendo la entrega de los argumentos de fondo, incluso violando las disposiciones de la CIDH que en diciembre negó una nueva prórroga advirtiendo que estos debían ser radicados a más tardar en febrero.

De allí la solicitud que le hicieron a la CIDH para que cierre la etapa de fondo y pase a recomendar que le caso sea enviado a la CIDH.

Así mismo, pidieron elevar la protección tanto de Bedoya como de los testigos del caso, que están siendo amenazados.

SERGIO GÓMEZ MASSERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68

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