Del bipartidismo al multipartidismo, el laberinto español

Del bipartidismo al multipartidismo, el laberinto español

Un mes tienen el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos para solucionar la interinidad política.

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04 de abril 2016 , 10:58 p.m.

La cuenta atrás continúa en la política española. A los partidos solo les resta un mes para que se pongan de acuerdo y constituyan un nuevo gobierno. De lo contrario, serán necesarias nuevas elecciones presidenciales el 26 de junio. Después de varios meses de intentos y conversaciones fallidas, España vive una interinidad presidencial que disgusta a muchos, en especial a los economistas, para quienes la situación crea una inestabilidad que afecta a los mercados.

Al parecer, esta semana será clave si el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos emergentes –Podemos y Ciudadanos (Cs)– logran conformar una mayoría tripartita parlamentaria de gobierno, posibilidad incierta por las fuertes diferencias ideológicas entre las nuevas agrupaciones. A ello se suma un punto en discordia entre Podemos y los otros dos partidos: para el PSOE y Cs cualquier manifestación de independencia de Cataluña resulta inadmisible y Podemos, en cambio, propone un referéndum.

El hecho de que cuatro meses después de celebrada la contienda electoral del 20 de diciembre aún no haya gobierno resulta inexplicable para la mayoría de los españoles y difícil de canalizar por el propio sistema político.
El principio de todo debe ubicarse en una inédita situación política: el rompimiento del bipartidismo debido a la aparición de nuevas fuerzas electorales desde la reinstauración constitucional de la democracia en 1978. Hasta hace cuatro meses, España descansaba políticamente sobre el Partido Popular (PP) y el PSOE. Las demás agrupaciones políticas tenían un carácter marginal o respondían a objetivos periféricos de tono independentista.

Las dos fuerzas fuertes emergentes –Ciudadanos y Podemos–, responsables del nuevo escenario multipartidista, han dado paso a un nuevo fenómeno que no es propio de un sistema presidencialista, como el de Colombia, sino de un régimen parlamentario: la necesidad de alianzas y coaliciones entre las distintas fuerzas hasta alcanzar una mayoría de votos dentro del Congreso que permita formar gobierno.

Significa ello que no basta con haber obtenido el mayor número de votos en las elecciones presidenciales, como le ha ocurrido al PP, si ese número de sufragios no se materializa en una mayoría de diputados o parlamentarios. El PP cuenta en la actualidad con 123 diputados y el PSOE, con 90.

Ninguno de los dos partidos alcanza la mayoría necesaria de 176 para poder gobernar, salvo que efectúe alianzas que le proporcione el número suficiente. En medio de esta fría aritmética, el rey Felipe VI pidió a Mariano Rajoy el 22 de enero que se convirtiera en candidato para ejercer el gobierno. El líder del PP no aceptó la propuesta porque, sencillamente, no tenía los votos necesarios en el Congreso.

En un segundo intento, el monarca le pidió lo mismo a Pedro Sánchez, líder del PSOE. Aceptó a sabiendas de que no contaba sino con 90 diputados, pero esperanzado en llegar a alguna coalición que le permitiera sumar otros a su candidatura. Recurrió a Ciudadanos, que aceptó apoyarlo sobre la base de un acuerdo programático.
No obstante, los 40 diputados aportados por Ciudadanos a la alianza, para sumar 130 diputados en total, no fueron suficientes para formar gobierno.

La investidura de Sánchez falló en el primer intento celebrado el 1 de marzo, que requería mayoría absoluta; lo mismo sucedió en el segundo, cuando necesitaba mayoría simple, celebrado tres días después: solo obtuvo un voto más, por parte de Coalición Canaria.

El papel del Rey

Como consecuencia, Felipe VI abrió un compás de espera, que no puede pasar de dos meses (ahora uno), para que los grupos parlamentarios negocien de nuevo entre sí, concreten alianzas y puedan tener un candidato seguro a la presidencia. Cualquiera que lo intente, para poder presentarse a formar gobierno dentro de ese plazo, deberá llegar a la cita con una mayoría parlamentaria.

Durante el plazo, que vencerá el 2 de mayo, si ningún candidato logra los votos suficientes en el Congreso, habrá dos alternativas: que el monarca proponga antes de esa fecha un candidato, no necesariamente parlamentario, capaz de aglutinar una mayoría de diputados para gobernar. La segunda alternativa consiste en que si, vencido el plazo, no hay candidato ni a propuesta del Rey ni a propuesta de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, se convocará a nuevas elecciones generales, que se celebrarían el 26 de junio.

Aunque no parece ser la opción favorita de los partidos, no debe descartarse la probabilidad de nuevas elecciones. La rigidez de los grupos parlamentarios y la tendencia a votar en bloque dificultan mucho la posibilidad de flexibilizar posturas y llegar a alianzas ideológicamente transversales.

Salvo que se supere este agarrotamiento, las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. PSOE, Ciudadanos y Podemos aseguran que están dispuestos a ceder para evitarlas.

La actuación del Rey en todo este nuevo proceso de la política española ha atraído la atención de buena parte de los ciudadanos, para quienes el monarca era una mera figura simbólica y decorativa.

El régimen de monarquía parlamentaria supone el ejercicio copartícipe e indisoluble entre el jefe del Estado –Felipe VI– y el Congreso de los Diputados.

En España, cualquier acción del Rey carece de efecto si no es ratificada por el Congreso o por el gobierno que emerge de él. De ahí, pues, que Felipe VI sea, en estos momentos, una figura coalescente en los pasos a seguir para que el país tenga un gobierno estable.

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Mario Jaramillo*
Para EL TIEMPO
* Directivo del Instituto Español de Estudios Nobiliarios y doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

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