Comunidad Uitoto residente en Villavo pide mayor atención

Comunidad Uitoto residente en Villavo pide mayor atención

Por orden judicial Alcaldía de Villavo tiene solo 10 días para atender incidente de desacato.

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03 de abril 2016 , 06:27 p.m.

 Luego de 14 años de estar pidiendo que les den condiciones dignas para vivir tras de haber llegado a Villavicencio en calidad de desplazados del Amazonas, a la comunidad uitoto que vive en la vereda Puerto Colombia, le tocó volver a acudir a la justicia para que les ampare sus derechos.

De nada les ha servido un mandato de la Sala Quinta de la Corte Constitucional que desde hace 51 meses ordena que la comunidad pueda ubicarse y estabilizarse definitivamente para que su cultura y sus integrantes queden debidamente protegidos.

Tras ese prolongado silencio administrativo y ante la poca presencia estatal, Santiago Cloadualdo Kuetgaje Nevake, gobernador del resguardo indígena Maguare inició un incidente de desacato contra el alcalde de Villavicencio, Wílmar Barbosa.

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio lo requirió para que en 10 días explique, junto con la Dirección de Planeación Socioeconómica, cuáles han sido los trámites hechos para expedir los permisos que requiere la
Secretaría de Vivienda del Meta para construir las viviendas de interés prioritario en esa comunidad.

Igualmente, le solicita que explique porqué no ha expedido los permisos y les recuerda que hay una decisión de la Corte Constitucional que los obliga a definir propuestas que le permitan a la comunidad mejorar sus condiciones de vida en salud, vivienda, educación, cultura y recreación.

El gobernador uitoto dice que “con todo el respeto y sinceridad me atrevo a decir que la Gobernación del Meta y el municipio de Villavicencio no hicieron ningún proyecto productivo para ayudarnos en el cuatrienio pasado”.

Lo que quieren

En la comunidad uitoto hay 22 familias en las que viven 89 personas. En el resguardo habitan desde el 17 de agosto de 2012 y los títulos de propiedad les fueron entregados el 14 de diciembre de 2014.
“Lo que queremos es que se cumpla la sentencia de la Corte que ordena hacer planes viables para que quede garantizada y protegida la defensa de la cultura y las tradiciones de la comunidad”, dijo Kuetgaje.

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