La movida política en la elección del Fiscal

La movida política en la elección del Fiscal

Este domingo se cierra la convocatoria pública abierta por la Presidencia para conformar terna.

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03 de abril 2016 , 08:24 a.m.

Un funcionario con capacidad de investigar, acusar y privar de la libertad a los individuos tiene un poder especial en cualquier sociedad. Pero en Colombia, donde una gran parte de los procesos penales tiene que ver con la clase política, es un superpoder. Ese es el papel del Fiscal General de la Nación.

La alta participación de líderes políticos en escándalos de corrupción y la decisión de la mayoría de los gobiernos, en las últimas tres décadas, de buscar el tránsito de los grupos armados ilegales a la vida civil también le ha puesto a la Fiscalía ese ingrediente político.

En otros países (sobre todo en el mundo desarrollado, con las obvias excepciones) las fiscalías son más unas instituciones que investigan los delitos y acusan a sus responsables, sin visos de interés político. Pero ese no es el caso de Colombia.

Los presidentes de turno –quienes además tienen la capacidad de elegir de manera indirecta a este ‘superpoderoso’ del Estado, pues finalmente la Corte Suprema escoge el Fiscal de la terna que este envía– tratan en todo caso de blindar su gestión con un fiscal cercano. Eso ya es costumbre.

Pero hay muchas otras razones por las que la decisión que el Presidente se apresta a tomar en este sentido tiene peso político. Para el presidente Juan Manuel Santos, en esta coyuntura política y por la marca que el saliente fiscal Eduardo Montealegre les había impreso a dos asuntos que no son indiferentes al Gobierno (la búsqueda del fin del conflicto con las guerrillas y los procesos penales contra algunos líderes de la oposición), la decisión reviste un especial valor político.

La suerte del proceso de paz con las guerrillas no será indiferente a la postura que el nuevo fiscal asuma frente al tema. Por la incidencia definitiva de la Fiscalía en el proceso de paz, Santos necesita más que un aliado en esa posición. Aunque en La Habana se creará una jurisdicción especial de paz, la Fiscalía será la que aporte insumos a la justicia transicional.

Y no parece tan independiente al Gobierno la postura que el nuevo Fiscal asuma frente a la acción que la justicia seguirá contra algunos líderes uribistas y los mismos familiares del expresidente Álvaro Uribe (su hermano Santiago y sus hijos –Tomas y Jerónimo–) en causas en las que, según los fiscales, hay mucho fundamento para encausarlos.

El peso político de esa decisión también se explica porque, aunque la Fiscalía forma parte del sistema judicial y es básicamente la que investiga y acusa a los individuos ante los jueces, en los últimos tiempos se ha vuelto muy deliberante e influyente.

Dos de los últimos fiscales (Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez) han salido de ese cargo a probar suerte como candidatos presidenciales, pero sin mucha suerte.

Desde que la Fiscalía General de la Nación fue creada por la Constitución de 1991, la mayoría de sus titulares ha liderado procesos penales con fuertes ingredientes políticos, acciones que han marcado la vida del país en una perspectiva histórica.

En la administración de Gustavo de Greiff (liberal) –el primero– prácticamente comenzó el proceso 8.000, que puso en aprietos al expresidente Ernesto Samper. De Greiff intentó desestimar la dimensión de ese escándalo, pero las circunstancias lo rebasaron.

Luego le correspondió a Alfonso Valdivieso (también liberal) meter a la cárcel a varios responsables de ese escándalo político y facilitar información para sustentar las acusaciones contra Samper en la Cámara de Representantes.

Luis Camilo Osorio (conservador), en el gobierno de Andrés Pastrana, tuvo que comenzar a enfrentar el fenómeno del paramilitarismo. Fue acusado ante la Cámara de proteger a aliados de esa organización.

Mario Iguarán, en los tiempos de Uribe, tuvo un papel protagónico en la ‘parapolítica’. Y Eduardo Montealegre, ya en la era de Santos, acuñó tesis en algunos casos con más soporte político que jurídico para defender el proceso de paz.
Aunque Montealegre tomó distancia de algunas decisiones del gobierno Santos, como demandar la reciente reforma constitucional sobre equilibrio de poderes, terminó metiendo a la cárcel a Santiago Uribe e investigando a los hijos del hoy senador de oposición.

Uribe se queja de que muchos de sus amigos fueron llevados a la cárcel y otros obligados a exiliarse, como resultado de una “feroz” persecución política de Montealegre.

“Si el fiscal se limitara a cumplir sus funciones constitucionales, que es investigar y acusar ante los jueces a los autores de crímenes, no debería ser protagonista de la vida política”, precisó Gómez Méndez.
Y el constitucionalista Jaime Castro recordó que “el poder burocrático de la Fiscalía no lo tiene el Presidente de la República”.

Hoy se vence el plazo para postularse a Fiscal, y el Presidente tendrá menos de 10 días para conformar la terna que le enviará a la Corte Suprema para que elija al reemplazo de Montealegre.

Quien finalmente resulte elegido tendrá un papel preponderante en un momento de transición para Colombia.

JUSTICIA

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