Editorial: La nueva amenaza

Editorial: La nueva amenaza

Urge una estrategia que enfrente las bacrim y neutralice los obstáculos para construir la paz.

02 de abril 2016 , 08:35 p.m.

El asesinato de numerosos miembros de la Fuerza Pública y de un civil en una semana, en medio del paro armado que impuso el ‘clan Úsuga’ en algunos municipios del norte del país, les muestra a los colombianos el alcance de la amenaza representada por la banda criminal más grande y poderosa de las surgidas luego de la desmovilización paramilitar de hace una década y, hoy por hoy, el cartel que mueve la mayor parte del narcotráfico en todo el territorio nacional.

‘Los Úsuga’ son un enemigo peligroso frente al cual el Estado colombiano aún no actúa de la manera coordinada que exige su poder criminal. Y para entender a qué nos enfrentamos todos los colombianos, es clave comprender el origen y las proyecciones de esa amenaza.

Es un grupo de narcos ‘purasangre’ que intenta venderse como organización política bajo el ostentoso nombre de Autodefensas Gaitanistas, que ha usado desde su nacimiento en el 2007, buscando repetir el capítulo de los narcos que lograron tratamiento político en el proceso de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe. La realidad es que, al margen de algunos enfrentamientos puntuales por el control de la coca y la minería ilegal, bandas y guerrillas han hecho pactos para repartirse zonas de cultivos y rutas del narcotráfico.

El paro de esta semana, a diferencia de otros promovidos por la guerrilla, se sintió en varios municipios importantes y aun en algunas capitales de la Costa, porque ‘los Úsuga’ son una suerte de megacontratista criminal que emplea o domina por la fuerza a bandas locales para ejercer un mejor control de las actividades delictivas de las que se nutren sus arcas: la extorsión, el microtráfico y el control sobre las ‘oficinas de cobro’ (el sicariato). Las autoridades calculan que en el 85 por ciento de los casos de vacunas que se cobran en el país ocurren en zonas donde hay presencia del clan criminal. ¿Sus víctimas? Desde personas acomodadas hasta los que viven del rebusque: mototaxistas, vendedores informales, prostitutas. Ellos son obligados a pagar a diario, y por eso su amenaza surtió efecto a pesar de los esfuerzos de las autoridades.

Paradójicamente, esta escalada violenta es una reacción a la fortaleza de los continuos golpes que la Policía viene asestando contra esa y todas las bandas criminales. La operación Agamenón, que completa más de un año de acciones sostenidas contra ese grupo ilegal en Urabá y Córdoba, permitió la semana pasada poner fuera de combate a uno de sus grandes capos, conocido como ‘Guagua’. Y como pasó hace cuatro años, cuando en una operación policial murió ‘Giovanni’, el máximo jefe de la banda en ese entonces, la reacción fue un paro armado que se sintió incluso en Santa Marta.

Y aunque están lejos de tener el poder militar de los grupos paramilitares de los que son herederos directos, sí utilizan redes de apoyo y métodos de intimidación y cooptación de políticos, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública que en su momento sirvieron a grupos ‘paras’ de Córdoba, Antioquia y Chocó, especialmente el bloque ‘Élmer Cárdenas’. De hecho, todos sus máximos jefes, desde ‘don Mario’ (hermano del ‘Alemán’ y capturado en el 2009) hasta Dairo de Jesús Úsuga (‘Otoniel’), pasando por el abatido ‘Giovanni’ y el prófugo ‘Gavilán’, se desmovilizaron en el proceso de paz de hace una década y le hicieron trampa a la paz. Hoy, ‘los Úsuga’ muestran una organización militar más fuerte que las otras bandas (en la frontera con Panamá tienen grandes campamentos, por eso han sido bombardeados) y explotan además la ausencia de Estado en comunidades cuyo apoyo aseguran al estilo de Pablo Escobar: comprando lealtades con intimidación, mercados, ayuda frente a emergencias médicas y, por supuesto, reclutando a jóvenes en esas zonas marginales.

Con casi 3.000 hombres en armas, según cálculos del Ministerio de Defensa, la posibilidad de que este gran cartel termine usufructuando el eventual desarme de las guerrillas existe a corto y mediano plazos, bien ocupando zonas de influencia, o bien cooptando a los que decidan hacerle conejo a la paz. Por ello, insistimos, es clave que el Estado responda coordinadamente. Hasta hoy, es indudable el compromiso de la Policía –más allá de casos puntuales de corrupción, que los hay– en el combate contra ‘los Úsuga’ y todas las bandas. Lo propio se puede decir de la Fiscalía. Pero la preocupación por lo que pasa cuando los capturados llegan a los jueces de varias regiones, sea por intimidación o por corrupción, es frecuente y más que justificada.

Por eso, más allá de investigar y castigar a los operadores de justicia que estén jugando para el enemigo, lo que se echa de menos es una estrategia integral que evite que los resultados de las operaciones se diluyan por venales decisiones judiciales. Y, sobre todo, un plan para que el Estado llegue realmente a esas zonas donde el narcotráfico aún campea y desde allí sigue siendo no solo el gran motor de múltiples violencias, sino el mayor obstáculo para el éxito del posconflicto.

EDITORIAL
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