Lo que dicen los afectados por el paro armado del 'clan Úsuga'

Lo que dicen los afectados por el paro armado del 'clan Úsuga'

02 de abril 2016 , 07:16 p.m.

“A uno le da rabia. Ellos dicen que este paro es por el pueblo y por la paz, pero en realidad va en contra de todos, de la economía, de las emociones”.

Lo que dice Pedro*, habitante de Belén Rincón, uno de los barrios de Medellín amedrentado por las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (Agc), es el reflejo de la impotencia.

Pedro recuerda que en la madrugada del jueves comenzaron los disparos. El sonido de las metralletas duró 45 minutos seguidos. Ni un grito se escuchó en las calles, todo permanecía suspendido, en zozobra.

No llamó a la Policía ni mucho menos salió de su casa, tampoco había a quién acudir. Se quedó en la cama junto a su esposa y sus dos hijos. Solo, cuando a la 1 de la mañana pararon las detonaciones, él y su familia pudieron conciliar el sueño.

“Somos personas pacíficas, acá todos somos buenos vecinos, nos conocemos. En esta tienda, los más viejos y pensionados tomamos tinto y pan. Pero ahora la preocupación es que si ya pasó esto y las autoridades no hicieron nada, volverá a suceder cuando ellos quieran”, cuenta.

El viernes, todo permaneció cerrado: restaurantes, la iglesia Santa María Mazzarello, la institución educativa del barrio, las panaderías, oficinas y empresas. Todo estaba clausurado por la autoridad ilegal e invisible que gobierna en ese sector de la comuna 16.

La misma situación de intranquilidad se presentó en los barrios del suroriente de la ciudad: Bellavista, San Antonio de Prado, La Loma de los Bernal y Altavista.

En la acera, enfrente de la tienda donde está Pedro, una señora y su hija, con algo de turbación, resolvieron salir de la casa, a cuatro calles del lugar, al encuentro de la hermana que trabaja en Medellín. Cuentan que la joven las llamó y les dijo que tenía miedo de caminar sola.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció esa tarde desde la Loma de los Bernal, donde un bus articulado alimentador del metro fue incinerado. “No vamos a permitir que estas personas sigan haciendo de las suyas. Avanzaremos para recuperar la seguridad”.

El miedo, la soledad y la incertidumbre también rondaron las calles, carreteras y veredas del suroeste antioqueño. Los habitantes temieron hablar de las amenazas que recibieron a través de sus celulares. Les decían que no podían abrir el comercio, salir a las calles o utilizar vehículos. Si lo hacen “deben atenerse a las consecuencias, porque las cosas van en serio”.

El pasado jueves en la tarde, los pueblos se quedaron solos, pues el transporte público fue paralizado.

Los comerciantes y transportadores de esa subregión manifestaron que se sintieron desprotegidos.

Desde mediados de la década de los 90 no se vivía en la zona una quema masiva de vehículos, que era realizada por la guerrilla.

Una comerciante de Bolombolo contó que lo que más temen es que “las Agc no van dialogando con la gente, sino que van quemando, destruyendo y matando. Por eso cerramos el negocio”.

En el Bajo Cauca la situación no era menos tensa. Alejandro Uribe arribó a Puerto Bélgica (entre Tarazá y Caucasia) el pasado martes y pensó que era un pueblo fantasma.

Montado en la tractomula que conduce hace más de 15 años, observó casas y negocios cerrados. Los niños, que jugaban en las calles ya no estaban; habían sido reemplazados por unos hombres que no le quitaban los ojos de encima.

Uribe pasó la noche en vela, asustado y con la adrenalina corriéndole por el cuerpo. Al día siguiente llegó la Policía y le dieron salida a él y a otros cuatro conductores. Fue la única vez que vio uniformados.

El trayecto a su natal Medellín fue largo y tortuoso. Los alrededores estaban adornados con los esqueletos calcinados de vehículos. El reporte oficial señala que fueron incinerados seis, pero la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) dice que fueron 10.

En Córdoba, el comercio y el sector educativo fueron los más afectados. La situación más crítica se vivió en la noche del jueves, en el corregimiento Mateo Gómez (Cereté), donde hombres en motocicleta le dispararon a un bus que transportaba pasajeros desde Montería, dejando a tres personas heridas, entre ellas, un menor de 3 años.

El viernes el panorama no cambió. Pese a los mensajes de tranquilidad que intentaron enviarle las autoridades locales a la ciudadanía. En Montería, el comercio no abrió sus puertas, dejando pérdidas por 800 millones de pesos, según Fenalco.

La red de colegios públicos, privados y universidades suspendió las clases y las sucursales bancarias, así como las oficinas particulares y oficiales, no tuvieron atención al público.

*Nombre cambiado por petición de la fuente

MEDELLÍN

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