Segundo aire en caso contra el clan Alvear, dueños de la San Martín

Segundo aire en caso contra el clan Alvear, dueños de la San Martín

Fiscalía imputará cargos contra hijo de Mariano Alvear por el saqueo a esta universidad.

notitle
31 de marzo 2016 , 10:25 p.m.

El segundo tiempo de la investigación de la Fiscalía por los malos manejos y la corrupción en universidades del país tocará a uno de los herederos y a varias fichas del fallecido fundador de la Fundación Universidad San Martín, Mariano Alvear Sofán.

El fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, anunció que se le imputarán cargos a Martín Eduardo Alvear Orozco; a su esposa, Xiani Piedad Ocampo; a Ana Rosalba Galvis, cuñada de la cabeza del clan Alvear, y a otros tres ex altos funcionarios de la San Martín. Deberán responder por su supuesta participación en el plan para matricular a estudiantes en carreras que no tenían acreditación del Ministerio de Educación y en las falsedades documentales para traspasar ilegalmente activos de la Universidad que estaban embargados.

Según los investigadores, Alvear Orozco y su esposa “cohonestaron” con las actividades ilegales de Alvear Sofán y además “son los beneficiarios del dinero que han obtenido con estas acciones ilegales”. La Fiscalía asegura que ellos tienen el control de los bienes y cuentas con dinero producto de “la defraudación a la Fundación Universidad San Martín”.

En el expediente se lee que los investigados “posan de inversores aun cuando no han tenido un ingreso conocido (...). Igualmente, han defraudado a la Dian con sus declaraciones de renta, en tanto que detentan grandes sumas de dinero, que no son reconocidas en sus declaraciones”.

Otro de los investigados es Jorge Eliécer Paternina, quien es señalado de ser el contacto con las notarías “que servían a los intereses ilegales” de los Alvear.

Investigadores del caso señalaron que hay indicios de que Paternina fue clave en la falsificación de documentos y en la consolidación de la estrategia para ocultar los bienes que supuestamente eran de la Fundación, pero que terminaron en manos de la familia Alvear.

El exrector Jaime Villamizar Lamus, quien además era el representante legal del Fondo para el Fomento de la Educación, también será llevado ante un juez.

Ese fondo fue usado para desviar la plata pagada por los estudiantes. Por esa vía, dice la Fiscalía, salieron de la San Martín 64.000 millones de pesos y 2 millones de dólares que fueron a parar a “múltiples destinos en el exterior”.

Los Alvear no son los únicos directivos de instituciones de educación superior en líos. La Fiscalía tiene un dósier contra algunas fichas de varias instituciones que igualmente habrían defraudado a sus estudiantes y al Estado.

Estafa a indígenas

Así, también se imputarán cargos a las directivas de la Universidad Indígena e Intercultural Jacinto Ortiz (Unicjao) por ofrecer programas de Medicina y Derecho sin tener aprobación del Ministerio de Educación. Elías José Villalba, Carmen Elena García, Luz Elena López Noriega y Anyel Milenis Morenco responderán por el delito de estafa agravada y masiva.

Ellos, según la Fiscalía, matricularon a 700 estudiantes, a quienes cobraron en promedio $ 1,5 millones por semestre por carreras sin autorización.

Aunque en diciembre del año pasado el Ministerio de Educación les prohibió seguir ofreciendo esos programas, se mantuvo abierta la oferta académica.

Además de la estafa a los estudiantes indígenas, la Fiscalía maneja dos hipótesis sobre un posible lavado de activos, pues en la contabilidad aparecen millonarios gastos, muy superiores a los ingresos reales. Igualmente, se indaga la posible participación de políticos en las irregularidades, pues el funcionario local que avaló el funcionamiento de la universidad es hermano de un reconocido político de Córdoba.

Hay otras tres instituciones bajo la lupa: la Universidad del Pacífico, donde en menos de dos meses el rector habría firmado contratos por 1.000 millones de pesos sin cumplir con los requisitos legales; la Universidad de Cundinamarca, en la cual se investiga al exrector Adolfo Polo por un contrato que hizo que un abogado que cobraba cuentas vencidas del centro educativo y que pasó de ganar 5 millones de pesos a lograr ingresos por casi 10.000 millones por concepto de comisiones.

También se rastrean las inversiones en Estados Unidos de la Universidad Abierta y a Distancia (Unad), en donde dinero del Estado habría terminado en manos de particulares.

Títulos a 30 millones

De otra parte, la Fiscalía estudia al menos diez casos de personas que habrían pagado por su título académico en la Corporación Universitaria Ideas.

Según los investigadores, se habrían entregado títulos de abogado sin haber cursado un solo semestre. Además se habrían falsificado notas y creado todo un historial académico para justificar la entrega del diploma.

La Fiscalía empezó a citar a las personas que están bajo sospecha de haber pagado por el título, para ofrecerles preacuerdos o hasta principio de oportunidad, con el fin de que testifiquen contra quienes les vendieron el cartón.
Del mismo modo, se enviarán copias compulsadas de la investigación al Consejo Superior de la Judicatura para cancelar las tarjetas profesionales de quienes solo son abogados en el papel.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.