Ola de pleitos por supuestas violaciones de Colombia a TLC

Ola de pleitos por supuestas violaciones de Colombia a TLC

Empresas de México, Canadá y EE.UU. reclaman que el Estado ha incumplido derechos adquiridos.

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29 de marzo 2016 , 08:44 p. m.

Los tratados de libre comercio (TLC), firmados por Colombia para ampliar su acceso a los negocios en el mundo, comienzan a ser esgrimidos por los socios del país para actuar contra decisiones internas.

Ya desde Canadá la minera Eco Oro, y desde México, América Móvil, propietaria de Claro, consideran vulnerados sus derechos como inversionistas y han anunciado que interpondrán acciones a la luz de los TLC con esos países, advirtiendo que Colombia está violando compromisos que adquirió con los acuerdos.

Así mismo, la firma minera Cosigo ha puesto desde hace más de un año sobre la mesa del TLC con Estados Unidos un alegato sobre su proyecto en Taraira (Vaupés). Dicen que de manera paralela a la expedición del título minero se adelantó una consulta ‘exprés’ para declarar un parque natural, al que el Ejército impidió la entrada de grupos indígenas que se oponían. Ahora, la firma ya ha notificado que reclama 16.500 millones de dólares.

Entre tanto, la posibilidad de que se le levante la patente a un medicamento de la firma Novartis, de Suiza, podría, según expertos, terminar activando reclamos a la luz del TLC con ese país.

De acuerdo con Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araújo Ibarra & Asociados (consultoría en negocios internacionales), uno de los capítulos más importantes en los TLC es el de inversión, donde un país desarrollado cambia con uno en vías de desarrollo como Colombia acceso a bienes por acceso a inversión y a servicios para ellos.

“Las entidades del Gobierno tienen que ser muy cuidadosas en analizar, cuando hay una modificación de las condiciones iniciales de inversión o cuando hay cláusulas especiales en materias como la vigencia de una marca o patente, que la norma interna o que la interpretación judicial de un tribunal interno no violen los acuerdos previstos especialmente para los inversionistas de ese país si la inversión se hizo después de la suscripción del TLC”, explicó Ibarra.

Agrega que en el país debe haber una gran pedagogía de las entidades públicas de cómo las normas previstas en los tratados, y en especial en materia de inversión, son supranacionales, que priman sobre la legislación interna o sobre los fallos internos, y que estos inversionistas, en virtud de la seguridad jurídica que les dan los acuerdos, tienen la facultad de acudir a tribunales internacionales.

Pero, de igual manera, se debe analizar caso por caso para saber si los reclamos son por las condiciones generales de inversión o por la aplicación de una cláusula particular y concreta en disciplinas diferentes.

“Si el Estado ve, objetivamente, que en una reclamación de esta clase está mal parado y no hay muchas posibilidades de ganar, creo que debería pensarse seriamente en una conciliación perjudicial. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y así evitar un proceso millonario que tiene fuerza de ley”, señaló Ibarra.

Y adicionalmente hay que tener en cuenta que un litigio implica costos, como la contratación de abogados internacionales en la jurisdicción de la demanda, pero lo más importante es cuantificar los riesgos en caso de perder. Además, recalca que a Colombia no le convendría en el ámbito global, ahora que necesita atraer inversión.

Pulso de celulares

América Móvil, del magnate Carlos Slim, anunció su intención de someter una reclamación a arbitraje bajo el TLC entre México y Colombia.

La empresa, cuya subsidiaria en Colombia es Claro, busca una indemnización por el supuesto cambio en las reglas del juego frente a la reversión de la infraestructura de los celulares.

Fuentes del Ministerio de Comercio confirmaron que la empresa ya notificó su intención de denunciar una violación de los compromisos.

El experto Martín Gustavo Ibarra recuerda que el tratado con México lleva unos 20 años y es muy probable que la mayoría de las inversiones de origen mexicano sean posteriores al TLC, conocido inicialmente como el G-3, pues incluía a Venezuela.

“Lo que invoca el acuerdo es salir de la jurisdicción nacional y llamar a una internacional, entre ellos un arbitraje, que sería obligatorio para Colombia, aunque antes siempre se debe cumplir la etapa de conciliación”, señaló Ibarra.

El caso se desató luego de que el Ministerio de las TIC convocara a un tribunal de arbitramento tras no llegar a un acuerdo jurídico con Claro y Movistar en el proceso de devolución de redes e infraestructura que se instalaron desde 1994.

Demoras en el páramo

La minera canadiense Eco Oro anunció que acusará al país, pues sus actividades se han visto afectadas por la “demora excesiva del Gobierno en el esclarecimiento de los límites del páramo de Santurbán”.

Dicho retraso no permitía saber si los límites reñirían con el proyecto Angostura, dice la empresa, y subraya el “fracaso persistente para proporcionar claridad en cuanto al derecho de Eco Oro para continuar el desarrollo de su proyecto minero”. Así mismo, menciona la decisión de la Corte Constitucional, que amplió la prohibición de la minería en los páramos.

La multinacional pide compensación monetaria a la luz de un supuesto incumplimiento del TLC entre Canadá y Colombia.

Organizaciones ambientales señalan que desde el comienzo de Angostura ha sido claro que la Constitución y demás normas protegen los páramos y que, por ende, el proyecto podría no ser autorizado.

Patente, a la espera de decisión

Una recomendación de un comité del Ministerio de Salud de levantar la patente de un medicamento tiene en alerta a la industria farmacéutica y podría llevar a otro litigio a la luz de uno de los TLC, según expertos.

El medicamento Imatinib, para la leucemia, de la firma Novartis, de Suiza, podría perder la patente. El Comité Técnico del Ministerio de Salud sugiere que se pueda importar el principio activo para que los laboratorios nacionales lo produzcan. El concepto recomienda que negociar el precio con el laboratorio.

La llamada licencia obligatoria es un mecanismo aceptado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que los países, en condiciones especiales, puedan otorgar patentes por razones de urgencia y que se les reconozca.
Pero en la industria farmacéutica consideran que esa condición de urgencia no aplica en este caso.

ECONOMÍA

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