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'Acuerdo con las Farc es jaque mate para justicia colombiana'

HRW alega que responsables de 'falsos positivos' podrían salir de la cárcel o evadir penas.

Los responsables de graves delitos conocidos como 'falsos positivos', podrían terminar evadiendo la justicia en su totalidad gracias al acuerdo que el gobierno colombiano y las Farc negociaron en La Habana el año pasado y en el que se prevé la creación de Jurisdicción Especial para la Paz que procesará los crímenes asociados con el conflicto.
Incluso, aquellos que ya han sido condenados por la justicia ordinaria ahora tendrían la opción de quedar en libertad o reducir sus penas a un mínimo. (Lea: Obama debería exigir a Santos que se garantice justicia / Opinión)
A esa conclusión llega un 'análisis legal' preparado por la Ong estadounidense Human Rights Watch y que será presentado este lunes en Washington.
"Este análisis de HRW muestra de qué modo las normas anunciadas por el gobierno y las Farc podrían ser empleadas para otorgarle una inmunidad amplia a agentes del estado que cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Estas normas incluso podrían blindar la persecución penal de los casos conocidos como 'falsos positivos', que involucran la ejecución sistemática de nada menos que 3.000 civiles cometida por brigadas del Ejército a lo largo de Colombia entre 2002 y 2008", dice el informe su introducción y antes de presentar un detallado repaso de los artículos del acuerdo que lo permitirían.
De suceder, dice la ONG, Colombia estaría actuando en contra de los estándares internacionales y quedaría expuesta a una acción de la Corte Penal Internacional, que interviene cuando un estado no está dispuesto o no pueda investigar y juzgar este tipo de casos. (Además: Human Rights Watch critica acuerdo de justicia de Gobierno y Farc)
En su reporte HRW establece que los casos que actualmente adelanta la Fiscalía relacionados a estos 3.000 crímenes podrían pasar a la jurisdicción especial si no se prohibe expresamente.
Según HRW, el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto establece que la nueva jurisdicción tendrá competencia para tratar crímenes “relacionados con el conflicto y (cometidos) con ocasión de este” por miembros de la fuerza pública.
Así mismo, los lineamientos desarrollados para agentes del estado amplían aún más esta disposición estableciendo que la Jurisdicción Especial tendrá 'competencia exclusiva' sobre las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. (Lea: 'Poderosas bacrim siguen sembrando terror en Buenaventura': HRW)
Dado que los tribunales colombianos ya han determinado que cientos de estos casos están vinculados al conflicto al juzgarse como 'homicidios en persona protegida', un crimen que la legislación colombiana define como un tipo de homicidio cometido 'con ocasión y en desarrollo de conflicto armado', los procesos quedarían bajo la órbita del nuevo marco de justicia.
Según HRW, una vez allí muchos de los implicados podrían ver sus penas suspendidas o sus procesos archivados pues el mandato de la jurisdicción especial establece que esta se concentraría en personas con la 'mayor responsabilidad' en los delitos 'más graves y representativos'. A la fecha son más de 600 los agentes del estado que ya han sido condenados por la justicia ordinaria por falsos positivos.
En conjunto, sostiene HRW, "estas disposiciones podrían significar que la Jurisdicción Especial sólo persiga penalmente una cantidad limitada de delitos y un número limitado de perpetradores, e impida el juzgamiento de otros casos y autores. En la práctica, esto posibilitaría que se conceda amplia inmunidad a una gran cantidad de agentes del estado que tienen responsabilidad directa por crímenes, pero que podrían considerarse que no tienen la 'mayor responsabilidad' o no están implicados en delitos 'más graves y representativos' ". (Lea: Polémica por personas desmembradas en Medellín)
Los altos mandos, por su parte, podrían beneficiarse de una definición de la responsabilidad incluida en el acuerdo que puede interpretarse de forma inconsistente con el derecho internacional y que les permitiría evadir la justicia.
Entre ellos los 16 generales y ex generales que están siendo investigados por falsos positivos incluyendo.
"A diferencia de la definición de responsabilidad del mando establecida en el derecho internacional -dice HRW- la definición del acuerdo de justicia podría exigir que las autoridades judiciales demuestren que los superiores conocían las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados. No sería suficiente que las autoridades judiciales prueben que los superiores jerárquicos tenían motivos para saber o que deberían haber sabido sobre esos crímenes".
En el reporte HRW alega que si bien el gobierno aún no ha establecido cómo serán sancionados los agentes del estado que entren a la jurisdicción especial, si ha dicho que será similar a lo pactado para las Farc. Es decir entre dos y ocho años de una sanción que no prevé la cárcel o prisión.
Algo que, según la ONG estadounidense, también iría en contra vía de las normas internacionales.
En su análisis, José Miguel Vivanco, director para las Américas para HRW, describió lo acordado como un 'jaque mate' para la justicia colombiana.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68
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