'La Haya cogió a Colombia como conejillo de Indias': César Gaviria

'La Haya cogió a Colombia como conejillo de Indias': César Gaviria

El expresidente analiza el más reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia.

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21 de marzo 2016 , 09:23 p.m.

Lo hemos oído expresarse muy bravo sobre la última decisión de la Corte de La Haya contra Colombia. La pregunta es qué vamos a hacer ahora...

Lo que sigue es algo que tampoco es fácil de anticipar. No solo por parte de la Corte, sino de las acciones que asuma Nicaragua. Los colombianos tenemos que pensar en el tratado que estábamos en plan de convenir con Nicaragua para el cumplimiento de la sentencia del 2012. Pero ¿vamos a iniciar ese proceso sin que se nos garantice que no se nos va a aplicar la Convención del Mar? Esa garantía nos la tienen que dar tanto el Gobierno de Nicaragua como la Corte Internacional de La Haya.

Mientras exista esa incertidumbre, tenemos que tomar distancia del cumplimiento de algo que ya se suponía que era un paso que íbamos a dar, entre otras cosas por mandato de la corte Constitucional de Colombia. En segundo lugar, considero muy remoto y poco probable que Nicaragua se vaya a saltar el Comité de Límites de Naciones Unidas y que, por más que la Corte haya dicho que no es indispensable, Nicaragua no cumpla con todos los procesos que exige Naciones Unidas.

Pueden pasar años antes de que el Comité de Límites tome una decisión. Obviamente, Nicaragua, allá en ese foro, si es que acude a él, tiene que probar algo que no ha probado, y mostrar sus pruebas de que tiene derecho a esa plataforma continental extendida. Por lo pronto, si Nicaragua lo que quiere es seguir litigando contra Colombia, nosotros tenemos que suspender nuestras acciones y esperar a saber cuáles son sus pretensiones, hasta dónde llega, y qué va a hacer la Corte de la Haya.

(Lea también: ¿Qué viene ahora en el proceso con Nicaragua por el mar territorial?)

¿Nosotros alegamos que no se nos podía aplicar una convención que no nos cobija porque no la hemos suscrito?

Pues claro que sí. Lo que pasa es que la Corte está buscando subterfugios. De hecho, no es que hayan dicho que nos van a aplicar la Convención del Mar sino el derecho consuetudinario, y dan a entender que la Convención del Mar es parte de ese derecho consuetudinario, lo cual es nuevo porque la Corte no lo había dicho antes y es muy difícil de comprender. La Corte nos tiene de conejillo de Indias. Está tratando de autootorgarse facultades que hasta ahora no tenía y que no han sido de la Corte, y hemos terminado siendo víctimas de ese intento, cosa absolutamente inaceptable. Es muy difícil entender que la Corte Internacional de Justicia produzca sentencias tan contrarias al derecho internacional, a su propia tradición, a su propio reglamento.

¿Y por qué nos iba a coger de conejillo de Indias?

Porque hay en otros continentes problemas de delimitación mucho más serios y complejos, y está buscando la manera de meterse en ellos, como se metió entre Colombia y Nicaragua. A nosotros nos demandaron ante la Corte, y se suponía que ella actuaba por petición de las partes. En este caso actuó solo por petición de Nicaragua. Desde allí empezó a atropellar los derechos de Colombia y nosotros, a confiar en que era un organismo ecuánime y confiable. La administración Pastrana tomó la decisión correcta de defendernos de una demanda en la que Nicaragua pretendía quedarse con San Andrés y Providencia. Hay internacionalistas que dicen que fue un error, yo no lo apreció así.

Uno de los argumentos del presidente Santos es que no podemos hacer cambios de límites sin tratados que el Congreso apruebe. Pero ¿cuando firmamos la Convención de Viena, no reconocimos que el derecho internacional prima sobre el interno?

Al Presidente de Colombia lo obliga el fallo de la Corte Constitucional que dice que se tiene que atener a la Constitución cuando ella señala que los límites de Colombia solo se pueden definir por tratados internacionales. Es un proceso en el que tienen que participar los tres poderes. El Gobierno que negocia el tratado, el Congreso que lo aprueba y la Corte que garantiza su constitucionalidad.

En su gobierno hubo un ejemplo de convivencia ante una disputa limítrofe, el tratado Sanín-Robertson, en el cual definimos compartir con Jamaica la pesca y los recursos naturales, en 1993. ¿Eso no hubiera podido hacerse amistosamente con Nicaragua?

Nicaragua nunca mostró interés en una negociación directa. En varias oportunidades, por distintos conductos, el Gobierno de Colombia le hizo saber al de Nicaragua que tenía interés en hacer una delimitación, pero su gobierno no mostró voluntad de hacer eso. Ellos ni siquiera reconocían que San Andrés y Providencia eran de Colombia. Sostenían que el tratado del 28 no valía. ¿Cómo se hace una negociación así?

(Además: 'Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho')

¿A quién se le puede adjudicar la responsabilidad de lo que pasó? ¿A una arbitrariedad de la Corte de La Haya, que, como lo acaba de explicar, nos tiene de ‘conejillo de Indias’, o a que tuvimos una defensa jurídica deficiente?

Eso no se puede decir en abstracto. Hay que concretar si es cierto que Colombia hizo una defensa deficiente en la que no alegaba los argumentos que tenía que alegar. Hay que entender que hemos tenido dos coyunturas en las que hemos aceptado la jurisdicción de la Corte y hubiéramos podido tomar una decisión en contrario. La primera, cuando Nicaragua nos demandó y se suponía que esa petición solo podía provenir de las dos partes. Creo que el gobierno Pastrana, repito, tomó la decisión correcta yendo a la Corte a defender a San Andrés y Providencia, era riesgoso no defendernos de semejante demanda.

Nos las hubieran podido quitar. La segunda oportunidad en la que hemos podido no aceptar la jurisdicción fue cuando en el 2007 la Corte dijo que San Andrés y Providencia eran de Colombia pero que faltaba la delimitación limítrofe, y que ella como Corte la iba a trazar.

¿Ahí Colombia hubiera podido decir: usted no puede hacer eso porque es un tema bilateral?

Sí, pero esa decisión la aceptó el Gobierno con la Comisión Asesora de Relaciones de por medio, y no recuerdo que contra esa decisión hubiera habido grandes discrepancias internas sobre aceptar que la Corte nos impusiera su delimitación. Allí también estaban creando un precedente insólito. Que ellos eran los que iban a delimitar y no los países. Era el gobierno del presidente Uribe, esa fue la recomendación de la Cancillería y de los abogados de entonces.

¿Y la Comisión de Relaciones exteriores lo aprobó?

Acogió la recomendación de los negociadores del momento, que eran, si mal no recuerdo, el doctor Fernández de Soto y Julio Londoño Paredes. Era la decisión que el gobierno Uribe propuso que adoptáramos. Él ha llegado a decir que pensó en denunciar el Pacto de Bogotá en ese momento, pero que no se atrevió. Esas decisiones son fáciles de juzgar a posteriori. Pero Colombia por tradición ha respetado el derecho internacional, y por ello esas decisiones no son tan fáciles de tomar; son bastante complejas, y por eso o se denunciaba el Pacto de Bogotá o se aceptaba la decisión de la Corte.

La defensa de Colombia presentó cinco excepciones, y en cuatro nos derrotaron unánimemente; hubo solo una en la que también nos derrotaron, pero luego de un empate que dirimió el presidente de la Corte. No ganamos ni una...

Sí ganamos dos cosas. Hay que señalar que la Corte dijo, con toda contundencia, que no ha existido amenaza de uso de la fuerza de Colombia, como alega Nicaragua. Después dijeron que ellos no estaban allí para fallar sobre si Colombia había cumplido el fallo, y dijo que un tratado era una manera de cumplirlo. En eso también nos dio la razón.

Pero la Corte aceptó la competencia sobre las dos demandas nuevas de Nicaragua. ¿Eso no es una derrota?

Lo que dijo fue: yo estoy aquí para asegurar que el derecho consuetudinario se está cumpliendo. Ni siquiera dijo que se iba a aplicar la Convención del Mar. No fallaron de fondo y no aceptaron que estuviéramos amenazando con el uso de la fuerza. No hay que exagerar el sentido de la decisión que tomó la Corte porque no hubo ninguna de fondo. Tampoco dijo que estábamos incumpliendo el fallo. Pero cuando dijo que están allí para vigilar el derecho consuetudinario fue cuando empezaron a recorrer un camino que siempre supusimos que conduce a aplicarnos la Convención del Mar, pero no es que haya habido fallo de fondo ni que a Nicaragua le hubieran dado la razón. No se la dieron.

A mí sí me parece muy peligroso que la Corte haya aceptado las demandas...

Pero hay que ver para qué se declaró competente. Nicaragua pretendía que la Corte dijera que los habíamos amenazado con el uso de la fuerza y que no habíamos cumplido el fallo. Eso lo rechazaron. Lo que pasa es que hay una amenaza velada en lo que sí dijeron: que se declaraba competente para asegurar que los derechos de Nicaragua sean respetados.

(Lea aquí: 'CIJ no se hizo para crear nuevas disputas')

Pero al aceptar competencia sobre las pretensiones nicaragüenses sobre plataforma extendida, acepta que hay una duda...

Está extendiendo una sombra de duda, sí, pero no fue porque aceptó las pretensiones nicaragüenses.

Lo increíble es que el presidente Uribe y el Gobierno comparten la misma opinión...

Me alegro de esa coincidencia de que había que rechazar la jurisdicción de la Corte, sobre todo en lo que tiene que ver con la plataforma continental extendida.

¿La coincidencia no sirve para volver a armar la Comisión de Relaciones con los expresidentes, que funcionaba tan bien en este país para tener política exterior?

Eso no se lo puedo contestar. Hay que preguntárselo al presidente Uribe. Tanto el expresidente Betancur como yo hicimos el llamado de que reconocíamos en las expresiones del presidente Uribe una manera de aproximarse a lo que era la posición del Gobierno. Él dijo: pudimos haber cometido un error aceptando en el 2007 que la Corte delimitara. Esa sola expresión es suficiente para decir que hay una aproximación, incluso desde antes él estaba pidiendo que nos anticipáramos al fallo y dijéramos que no aceptábamos la jurisdicción. Creo que finalmente aceptó que era mejor esperar el fallo.

¿Y el expresidente Pastrana en qué posición estará?

Entiendo que está por fuera del país, y es cierto, no lo hemos oído. Entiendo que sí lo han buscado, pero no ha hecho ninguna declaración pública.

¿No es contradictorio que, siendo la Corte Internacional de La Haya el máximo órgano jurídico de las Naciones Unidas, nosotros estemos desconociendo su jurisdicción y acudiendo al Consejo de Seguridad para que nos verifique el desarme con las Farc?

No cabe ni remotamente la posibilidad de que intervenga el Consejo de Seguridad, porque aquí no hay ninguna amenaza de fuerza. En América, para lo que un tema sea llevado allá, lo tiene que aprobar el Consejo permanente de la OEA. La ONU no se va a meter en América saltándose esa decisión tajante que tomaron todos los países de América cuando dijeron: nunca haremos uso de medios coercitivos ni de la fuerza. Respetamos la competencia del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no se puede ejercer sin que lo solicite el Consejo permanente de la OEA.

Finalmente, ¿qué sigue para Colombia?

Lo que sigue, le repito, es bastante incierto. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Las decisiones que se tomaron no eran sobre temas de fondo. A Nicaragua no le dieron la razón. Eran sobre temas de forma, sobre la admisibilidad. Sí son importantes, pero en la primera demanda las dos pretensiones de Nicaragua las rechazaron. Sí dijo la Corte que es competente para vigilar que el derecho consuetudinario se aplique. Lo que pasa es que ese derecho consuetudinario no puede incluir la Convención del Mar en nuestro caso.

¿Pero la posición del Presidente de no volver a acudir a La Haya significa que vamos a abandonar la defensa territorial de Colombia?

Si es que se va a respetar el derecho internacional, todos los países que hoy pretenden que se les aplique la Convención del Mar están yendo al comité de límites de las Naciones Unidas, que crearon exclusivamente para aplicar la Convención del Mar. Luego Nicaragua no la tiene fácil. La Convención del Mar dice que allá hay un tema técnico que no ha revisado el Comité de Límites de las Naciones Unidas.

Pero nosotros no somos parte de eso. Lo que sigue es un camino por lo tanto muy incierto y muy largo, y mientras tanto tenemos que pensar si hacemos el tratado con Nicaragua, después de saber cuáles son sus pretensiones. Porque si lo que quiere es aplicarnos la Convención del Mar, tendremos que esperar. No nos la vamos a pasar haciendo tratados cada vez que Nicaragua tramite una pretensión nueva. Pues no.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial Para EL TIEMPO

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