Nicaragua hábilmente aprovechó el año que se requería para hacer efectivo nuestro retiro del Pacto de Bogotá y meternos dos demandas nuevas, una para alegar incumplimiento de Colombia sobre el fallo anterior, en el que nos ganó 75 mil kilómetros de territorio, y otra para reclamar una plataforma continental extendida. A partir de ahí, debimos haber invertido todos nuestros esfuerzos en asesorarnos de la mejor batería jurídica de internacionalistas nacionales e internacionales, para no permitir este nuevo zarpazo nica.
Pero el Gobierno decidió ocupar a la Canciller en las negociaciones de La Habana, y la puso a recorrer el mundo entero, no para defender nuestros mares y los derechos de los raizales sanandresanos, sino promocionando la paz con las Farc.
El asunto jurídico con Nicaragua quedó básicamente en manos de dos de los abogados más ocupados de Colombia. Uno, el administrativista Carlos Gustavo Arrieta, que atiende prácticamente todos los casos del Gobierno y hasta tiene asiento en la junta de Reficar. Otro, el excelente constitucionalista Manuel José Cepeda, quien estuvo trabajando hasta hace poco en la redacción de los 75 puntos de la controvertida justicia transicional que se les va a aplicar a las Farc, en cuya elaboración, según sus propias palabras, invirtió por lo menos 250 horas de su tiempo.
Nuestra defensa fracasó. El día antes de esta catástrofe, el doctor Arrieta había salido ante las cámaras de televisión desde La Haya a tranquilizar a los colombianos con el argumento de que lo que se iba a resolver al otro día no era nada trascendental. “La Corte solo va a decidir sobre su competencia, y no sobre si Colombia cumplió o incumplió el fallo o si Nicaragua tiene o no derechos sobre una plataforma extendida”, dijo. Tan trascendental fue la decisión de la Corte, en contra de lo que pensaba Arrieta, que precisamente resolvió aceptar las dos demandas, rechazando todos los argumentos de Colombia.
Sostuvimos que la Corte ya no tenía competencia porque nos habíamos retirado del Pacto de Bogotá. Pero la Corte alegó que ese retiro no era retroactivo. Sobre todo, era muy ingenuo suponer que semejantes burócratas internacionales como los de La Haya se iban a desprender así como así de la competencia que justifica sus elevados ingresos.
En otra excepción, sobre la que prácticamente hubo empate entre los jueces de la Corte –y la diferencia la tuvo que dirimir por reglamento su presidente–, Colombia sostuvo que Nicaragua no podía volver a acudir a La Haya a pedir la plataforma continental ampliada que le habían negado en la demanda anterior. La Corte negó que eso fuera cosa juzgada; y aceptó un segundo reclamo territorial de Nicaragua, lo que con razón tiene tan indignados al presidente Santos y a los ex presidentes Gaviria y Uribe, sobre todo porque la doctrina que nos aplicarían está basada en la Convención del Mar, que Colombia no ha suscrito. Y que de aceptarse, extendería el territorio continental de Nicaragua hasta una distancia de alrededor de 132 millas de la ciudad de Cartagena, y San Andrés y Providencia quedarían enclavadas en una plataforma continental ajena.
Yo considero profundamente al presidente Santos ante esta coyuntura. Él no podía sencillamente salir a aceptar la peligrosa eventualidad de que nos obliguen a entregarle otro gran pedazo de nuestro territorio a Nicaragua. Eso no lo entendería ni lo aceptaría ningún colombiano.
Pero su encrucijada es aún mayor: la Corte de La Haya es un órgano judicial de la ONU, y al tiempo que anunciamos que no volveremos a comparecer ante aquella, le estamos pidiendo al Consejo de Seguridad de la misma ONU que nos verifique la tregua bilateral con las Farc. ¿Cómo reconocerle autoridad en unas cosas y en otras no?
Como sea, los colombianos rodeamos al Presidente: no cederemos ni un pedazo de territorio más. Quedan muchos otros ámbitos internacionales para defender la integridad territorial de Colombia, pero para eso habría que cambiarle a la Canciller su plan de vuelo.
Entre tanto... Increíble que Lula da Silva tenga que recurrir a las marrullas para defenderse de sus acusaciones de corrupción.
MARÍA ISABEL RUEDA