Una vez más, Colombia recibió en la semana que termina decisiones adversas en La Haya. En septiembre de 2013, Nicaragua solicitó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el reconocimiento de la plataforma continental extendida y, unos meses después, alegó el incumplimiento del fallo de noviembre de 2012, concerniente al archipiélago de San Andrés y Providencia. A pesar de las excepciones preliminares planteadas por Colombia, el tribunal se declaró competente para proceder a estudiar el fondo de ambas demandas.
Se entiende que los sentimientos de frustración, rabia e impotencia se hayan tomado el país. El Gobierno, con el respaldo de todas las fuerzas políticas y los más diversos sectores, anunció la no comparecencia ante la CIJ. Al hacerlo, rompemos con una tradición de apego al derecho internacional, que si bien tiene una clara justificación, acarrea costos jurídicos y políticos que pueden crecer con el tiempo.
No seremos los primeros en seguir dicho camino. Vale la pena recordar, sin embargo, que el estatuto de la CIJ afirma que “cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”. Así, le facilitaremos las cosas aun más a Nicaragua con un trámite más expedito.
En el campo político, Colombia no se expone a medidas coercitivas o económicas. Pero el peso de la palabra empeñada importa en el escenario internacional y arrastraremos el lastre de haber abandonado un partido en la mitad de una jugada solo porque el árbitro no nos favoreció.
Aun así, pareciera que el árbitro estaba cargado. Tal como lo señaló el presidente Santos el jueves, el tribunal “no respetó su propia sentencia del año 2012; desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado; y pretende aplicar a Colombia un tratado del que no hacemos parte, como es la Convención del Mar”.
Todo proceso judicial tiene un grado de incertidumbre. El equipo jurídico actuó con responsabilidad. Presentó cinco excepciones preliminares en cada uno de los casos y lo hizo de la mejor manera posible. La Corte rechazó de tajo la argumentación del efecto inmediato de la denuncia del Pacto de Bogotá y se mostró más dividida en casi todas las demás.
Pasa desapercibido que se logró frenar una pretensión nicaragüense. En materia de incumplimiento, la CIJ descartó que el país hubiese amenazado o usado la fuerza y declaró la situación en torno al meridiano 82 “calma y estable”. En otras palabras, recortó el alcance del proceso.
Señalar a los abogados equivale a buscar la calentura en las sábanas. Los juristas van hasta donde los hechos políticos les permiten. Con respecto al acatamiento del fallo de noviembre de 2012, Colombia invocó la falta de agotamiento de los mecanismos diplomáticos que requiere el Pacto de Bogotá previo a la vía jurídica. Pero los juristas no tuvieron cómo mostrar la voluntad de negociar, ni un intercambio de cartas o un encuentro de cancillerías, en lo que pesa la actitud de Managua.
En el caso de plataforma continental, Colombia insistió, con razón, en la cosa juzgada. La votación quedó ocho a favor y ocho en contra y solo se dirimió con el voto preferente del presidente, la tercera vez que esto sucede en la historia del tribunal. El razonamiento expuesto dividió a la Corte y queda en el aire la pregunta de cuánto se nos cobró la reacción ante lo sucedido en el 2012. Tan solo que esa inquietud quede en el ambiente, le hace un enorme daño a la CIJ.
Mirando hacia adelante, ya habrá tiempo de examinar las cosas con cabeza fría. Incluso sin presentarse en las audiencias, Colombia podría enviar un memorial o publicar un documento (white paper) con el contenido de su defensa. Cualquier paso por seguir deberá, en todo caso, ser resultado de un consenso tan amplio como el visto en estos últimos días, cuando las diferencias de enconados adversarios quedaron en un segundo plano ante la soberanía amenazada.
Por otra parte, es importante insistir en el manejo de las cosas con altura. Caer en la trampa de las declaraciones agresivas o altisonantes en contra de las Naciones Unidas o Nicaragua puede generar puntos entre la galería, pero ocasionaría nuevas complicaciones. En lo que atañe a la nación centroamericana, es bueno tener en claro que, tarde o temprano, deberemos sentarnos a solucionar nuestro diferendo en el ámbito bilateral. La defensa de los intereses del país requiere una actitud firme, pero mesurada.
El Gobierno lo ha dicho: los límites marítimos se definirán mediante negociaciones directas. En el corto plazo, Managua ve pocos incentivos para negociar y recae en nosotros la carga de crear un escenario propicio para hacerlo. En último término, a nadie le conviene que este ‘impasse’ se prolongue indefinidamente. Más allá de lo que haya dicho la Corte o pueda afirmar en un futuro, entenderse bien es la única salida que nos queda.
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