La canciller María Ángela Holguín ratificó que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) desconoció el fundamento básico de la cosa juzgada en su último pronunciamiento en la disputa entre Colombia y Nicaragua, por lo que se decidió no comparecer más ante esa instancia. Explicó las acciones que se han tomado y dejó claro que la soberanía no corre riesgo.
¿Qué significa que La Haya asumiera jurisdicción sobre las dos últimas demandas?
Colombia acudió a la Corte con una argumentación seria y sólida para decirle que carecía de competencia. En la demanda de incumplimiento del fallo les argumentamos que Colombia se retiró conforme al estatuto de la Corte desde el 2001, y se retiró del Pacto de Bogotá en el 2012. Argumentamos su falta de competencia para hacer cumplir su fallo. En la demanda de plataforma tuvimos una sólida argumentación sobre la cosa juzgada, porque claramente la Corte ya había decidido sobre el mismo asunto en el fallo del 2012. Tan compleja fue la discusión en el seno de la Corte que en el caso sobre plataforma ocho jueces, la mitad de los de la Corte, le dieron la razón a Colombia. Ese empate tuvo que dirimirse por el voto del Presidente de ese tribunal. Con su decisión, la Corte contradijo su propia sentencia del 2012 y se separó de su propia jurisprudencia. Al asumir competencia en los dos casos ignoró que el fundamento básico de su competencia es la voluntad de los Estados para someter a su consideración las controversias. Colombia no es parte del Pacto de Bogotá y no es parte de la Convención sobre Derecho del Mar. La Corte, desconociendo los principios fundamentales del derecho de los tratados, pretende aplicarnos normas que no obligan a Colombia. Eso es inaceptable.
¿La soberanía corre riesgo?
No. Justamente, no vamos a comparecer debido a que no confiamos en esa corte y no estamos dispuestos a someter a la decisión de los jueces de La Haya cuestiones tan delicadas como la definición de los límites de nuestra plataforma continental, lo cual, según nuestra Constitución, solo puede efectuarse mediante un tratado internacional. Exactamente a eso fuimos a la Corte, a decirle que no tenía competencia.
¿Por qué se tomó la decisión de no volver a La Haya?
La Corte en sus estatutos contempla esta posibilidad, y de alguna manera reglamenta esta decisión soberana de un Estado. La Corte carece de competencia. Nos retiramos del Pacto de Bogotá precisamente para que jamás se someta a un tribunal asunto alguno que pueda afectar el territorio o la jurisdicción nacional.
¿Cómo se construyó esta decisión de desconocerla?
Antes de las decisiones de la Corte del jueves, tuvimos una reunión de la Comisión Asesora, en la cual se examinaron todos los escenarios, inclusive los que podían resultar más complicados para Colombia. Consideramos la posibilidad de no comparecer más ante la Corte al conocer la argumentación de los fallos en los dos casos. Cuando un tribunal desconoce el principio cardinal de la cosa juzgada, sobre el que se basa la estabilidad de las relaciones internacionales, no hay garantía de que juzgue en derecho. Tan complejo fue el debate sobre ese punto en la propia Corte que la mitad de los jueces no solo votaron a favor de Colombia, sino que redactaron una extensa opinión disidente. Producida la decisión de declararse competente, el presidente Santos adelantó una ronda de consultas con los expresidentes y con los líderes de los partidos y registramos un respaldo unánime a la idea de no comparecer ante la Corte en la fase de fondo.
¿Eso implica que ya no se volverá a acudir a ese tribunal en ningún caso?
En noviembre del 2012 denunciamos el Pacto de Bogotá, que era el tratado que nos obligaba a acudir ante esa corte. Después de fallos tan llenos de contradicciones, como el del 2012 –sobre el fondo–, o las decisiones que acaba de tomar –sobre el procedimiento y la competencia–, Colombia no está dispuesta a someterse nuevamente ante ese tribunal. Además, para decirlo de manera simple, conforme al derecho, no se puede pretender juzgar dos veces por la misma razón, ni a las personas ni a los Estados.
¿Qué consecuencias traerá esa decisión?
Muchos gobiernos de países amigos entenderán la situación cuando les demos la explicación de la decisión que se ha tomado. Los Estados son conscientes de que cuando está en juego su territorio y la soberanía, los gobernantes tienen grandes responsabilidades con la población. Y es bueno recordar que ningún Estado está en realidad obligado a comparecer ante la CIJ. De hecho, el propio estatuto de la Corte anticipa que un Estado que es demandado por otro decida no acudir ante el tribunal, y establece unas reglas para eso. Bajo el derecho internacional no hay nada ilegítimo o ilegal en esto.
Como los procesos seguirán, ¿a qué se enfrenta el país?
La Corte puede continuar con ambos procesos y seguramente terminará emitiendo unas decisiones al cabo de unos años. No hay ninguna certeza sobre qué es lo que la Corte decidirá. De antemano, Colombia no está obligada por decisiones de un tribunal al que no le ha otorgado competencia, es más, de un tribunal al que se le ha reiterado esta posición y del que pretende aplicar tratados que no ha firmado. La Corte fue creada para resolver disputas entre Estados, no para crear nuevas ni para exacerbar las existentes. Ojalá los jueces de ese tribunal, que desconocieron nuestros argumentos, reflexionen sobre esta responsabilidad que les encomendó la comunidad internacional.
¿Es un momento para rodear al Gobierno por encima de las diferencias políticas?
Absolutamente. Y es claro que eso ha sucedido.
¿Esto no es desconocer las decisiones solo porque no convienen?
Es que no estamos desconociendo ninguna decisión, lo que estamos es dejando de participar en unos procesos judiciales en los que no creemos. Me parece más complejo sentar el precedente de dejar que le apliquen al país tratados en los que no es parte. Ese sí es un mal precedente.
¿Colombia era un ‘conejillo de indias’ para sentar nuevas bases jurídicas?
Lo que pasó es que un grupo de jueces se equivocó en materia grave al sacrificar la vigencia de principios como el de la cosa juzgada. El gran perdedor aquí es el derecho internacional, que ha sido dejado de lado por algunos jueces, que pueden estar tentados a pronunciase en materia de plataforma extendida. Esta noción de la Convención del Mar, de 1982, no le es oponible a Colombia. Tal como lo hemos repetido, Colombia no acepta que se le pretendan aplicar normas de tratados de los que no es parte. Es al menos curioso que al asumir la competencia la Corte vería por primera vez un caso de plataforma continental extendida y lo haga con un país que no es miembro de la Convención del Mar.
¿Es viable comenzar un diálogo con Managua para redefinir los límites?
Colombia nunca ha dejado de pensar que el diálogo directo es la mejor forma de resolver los problemas. Con Nicaragua tenemos sobre la mesa los problemas derivados del fallo del 2012, que no son pocos, y ahora tenemos también los problemas relacionados con estas dos nuevas demandas que nosotros pensamos no deberían seguir ante la CIJ. Así que si hay voluntad, deberíamos comenzar a conversar, y lo haremos si así lo considera Nicaragua.
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