Cuando el jueves pasado el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Ronny Abraham, terminó de leer el fallo a través del cual ese tribunal le dio la razón a Nicaragua, declarándose competente para examinar de fondo sus pretensiones de quitarle territorio a Colombia en el Caribe, el presidente Juan Manuel Santos no acusó sorpresa. Tenía claro que ese podría ser uno de los escenarios, ante lo cual la respuesta era una sola y contundente: “No comparecer” más ante esos jueces.
Desde hacía cerca de seis meses Santos, con su canciller María Ángela Holguín y el equipo de abogados, tenían claro que ese podría ser uno de los cuatro escenarios finales que surgirían de la audiencia. Es más: el Presidente tenía listos cuatro discursos diferentes para la ocasión, solo que le tocó enfrentarse con el escenario más crítico, calificado por el equipo como de “alto riesgo”.
Por eso, unos minutos después de terminada la lectura del fallo, Santos dijo por televisión que su decisión de “no comparecer” más ante La Haya era el resultado de una “reflexión profunda”.
Lo que hacía de este el más crítico de todos los desenlaces era que, al declararse competente para establecer límites en la plataforma continental entre Colombia y Nicaragua, la Corte no podía eludir tener que meterse en profundas “contradicciones”, como luego lo subrayaron Santos y algunos magistrados del propio tribunal.
Controversia de fondo
Aunque ese escenario estaba contemplado, el equipo de Colombia no pensaba que fuera el más probable porque, en ese caso, la Corte tendría que negar su fallo del 2012, cuando dijo que no tenía competencia para establecer límites en el área; debería admitir además un alegato de Nicaragua para abocar un tema sin presentar pruebas, y pasar por encima del principio universal de que no puede llevarse a un país de manera reiterada, ante el mismo tribunal, por la misma causa.
Para Colombia resultaba muy forzado que La Haya fuera a aceptar una demanda sobre límites sin la recomendación previa del Tribunal Internacional del Mar de Naciones Unidas, algo considerado indispensable para ese propósito.
Lo que muchos no tienen claro todavía es que de alguna manera Colombia había puesto a la Corte de La Haya en un dilema, al presentar excepciones preliminares en agosto del 2014 (según Nicaragua, de manera precipitada), obligando a ese tribunal a pronunciarse primero sobre asuntos de forma, lo que le cerró el paso a Nicaragua en su urgencia de conseguir pruebas para sustentar sus reclamos.
“Todos los asuntos relacionados con la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia fueron definidos en el fallo del 19 de noviembre del 2012 y, por lo tanto, no queda más que resolver entre ellas”, advirtió Colombia en su alegato ante la Corte en el 2014.
El jefe de Estado, en su discurso del jueves en la noche por televisión ante el país, acompañado de voceros de todos los sectores políticos, los gremios y hasta miembros de las altas cortes, recordó que “la Corte Internacional de Justicia estuvo de acuerdo con los argumentos de Colombia y se opuso a que Nicaragua regresara por segunda vez a pedir lo mismo que ya le habían negado en el 2012, es decir, solicitar la ampliación de su área de plataforma continental a costa nuestra”.
Ahora, Colombia sabía de antemano que si la Corte admitía la solicitud de Nicaragua de declararse competente para establecer límites en la plataforma continental, estaba desconociendo su sentencia del 2012, y Santos tenía claro que ante esa circunstancia la decisión era “no comparecer”.
Los reproches a la Corte de La Haya llegaron desde sus propios magistrados. Uno de ellos, que votó en contra de la solicitud de Nicaragua, argumentó: “Ella (La Haya) no puede permitir ser vista como una corte a donde los Estados pueden volver a traer a su consideración las mismas disputas una y otra vez”.
Otro magistrado, sobre el mismo tema, aseguró: “Ese escenario destruye la certeza, la estabilidad y el carácter definitivo de las sentencias que esta Corte debe ofrecer”.
Unión tras la derrota
En todo caso la derrota colombiana, que ha revivido las preguntas sobre si el país debió rechazar la competencia de la Corte mucho antes del primer fallo del 2012, generó un escenario de unidad entre los sectores políticos y económicos. Ese respaldo a rechazar la competencia de una jurisdicción internacional, que rompe la tradición colombiana de mantenerse disciplinadamente dentro de esos escenarios, recibió el respaldo, incluso, de los más duros críticos del Gobierno, como el expresidente Álvaro Uribe.
Aunque La Haya también se declaró competente para conocer de fondo de la otra reclamación de Nicaragua –que tiene que ver con el cumplimiento del fallo del 2012 que le reconoció derechos económicos a ese país en aguas cercanas a San Andrés–, Colombia también logró un saldo a favor.
Por una parte, la Corte no admitió el alegato de Managua de que Colombia es una amenaza en el uso de la fuerza, hecho que de ser aceptado podría –en circunstancias remotas– llegar hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, luego de haber sido tramitado por la OEA. Además, Colombia vuelve al punto inicial de que lo único que procede es un tratado con Nicaragua.
Por ahora, en términos jurídicos, el fallo proferido esta semana no conmina al país a perder más territorio. Sin embargo, sí abre la puerta a que pueda decretar algo en ese sentido más adelante. Pero esa decisión, cualquiera que sea, ya no tendrá validez para Colombia. La pregunta es si se desencadenará algún tipo de penalización o sanción por no comparecer. Los expertos colombianos responden que no. A otros países que han hecho lo mismo no les ha pasado nada hasta ahora. Y aunque hay varios capítulos por escribirse en esta historia, ya Colombia hizo su apuesta, la más dura de todas, para proteger su soberanía.
EDULFO PEÑA
Editor Político
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