La decisión mediante la cual la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para conocer la demanda de Nicaragua contra Colombia, en cuanto al caso de la plataforma continental ampliada, fue tan reñida que al final terminó en un empate a 8 votos.
Para emitir el fallo definitivo, el tribunal tuvo que dar valor doble –como contemplan los estatutos– al voto del presidente de la CIJ, el juez francés Ronny Abraham, quien inclinó la balanza a favor de Nicaragua. (Lea también: 'Esa Corte no es lo que le conviene a Colombia': Santos)
Los ocho magistrados que apoyaron las objeciones interpuestas por Colombia, que no consideraba competente a la Corte para conocer de esta demanda, argumentaron que este caso ya era cosa juzgada. Es decir que la CIJ ya se había pronunciado sobre este asunto en el fallo del 19 de noviembre del 2012.
En esa ocasión, la Corte no consideró prudente que Nicaragua extendiera su plataforma continental más allá de las 200 millas, como pretende el país centroamericano. Con ese argumento, los jueces que el jueves respaldaron a Colombia plantearon que ese fallo era definitivo.
Otro de los argumentos de los magistrados que estuvieron de acuerdo con Bogotá fue la violación de lo que en derecho se conoce como el principio de non bis in idem, que contempla que una persona o institución no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Los togados consideraron que este principio impedía que la Corte le diera a Nicaragua la oportunidad de volver a plantear la misma controversia contra el país.
A esto se sumó la posición de la juez Joan Donoghue (Estados Unidos), uno de los ocho votos a favor de Colombia, para quien las inconsistencias entre este fallo y lo que había dicho la CIJ en el 2012 fueron evidentes, por lo que no se está preservando la estabilidad y la confianza jurídica.
No obstante, los otros ocho magistrados de la CIJ –que votaron en contra–, entre quienes se incluye el presidente de la corporación, argumentaron que la Corte no había negado en su anterior fallo la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental, sino que sentenció que al país centroamericano le faltaba seguir el procedimiento de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la ONU.
En el pronunciamiento del jueves, la misma CIJ manifestó que era competente para empezar a analizar de fondo la demanda interpuesta por Nicaragua sin tener aún el concepto de esa instancia.
Sin embargo, los defensores de las objeciones de Colombia aseguran que la Corte, además de entrar en una contradicción, está obligando a nuestro país a aplicar la Convención del Mar, que le dio vida al Tribunal Internacional del Mar, instancia ante la que Colombia no está suscrita.
El 27 de noviembre del 2012, Colombia demandó con efecto inmediato el Pacto de Bogotá, para salirse de la jurisdicción de la Corte de La Haya.