Sin duda, el tema más sensible para Colombia es el relacionado con la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, lo cual –de ser avalado– le permitiría a Managua extender su lecho marino hasta aguas colombianas. (Lea también: ¿Qué pasa ante el desacato de Colombia en la Corte de La Haya?)
La Haya le aceptó a Colombia la postura de que Managua debe acudir primero a la Comisión del Mar de la ONU para que en esa instancia se avale o no la tesis de una plataforma extendida. Claro está que Colombia recordó que no se ha suscrito a ese convenio, por lo cual tampoco reconoce esa instancia.
Si bien la Comisión del Mar puede tardar poco más de 10 años para pronunciarse sobre la petición del gobierno de Ortega, y La Haya luego emitir un fallo de fondo, Colombia dejó en claro que no acatará –sin mencionar directamente este término– el pronunciamiento definitivo.
De hecho, para la Casa de Nariño, La Haya ya había dicho que no se pronunciaría sobre los límites entre los dos países, en el fallo del 2012, pero al aceptar la nueva demanda de Nicaragua cambió de postura sobre algo que se consideraba cosa juzgada, asunto que algunos magistrados de ese tribunal criticaron.
La tesis del Gobierno de Daniel Ortega es que su plataforma continental fue mal delimitada y que tiene pruebas que demostrarían que se debe redefinir, lo cual va contra intereses soberanos de Colombia.
Con la decisión de la Casa de Nariño de no volver a acudir ante La Haya para lo referente al pleito con Nicaragua, Colombia se muestra ajena al pronunciamiento final que haga ese tribunal sobre esta demanda, pero igual los magistrados pueden seguir con el proceso.
Pendiente, negociación de tratado de límites
La otra pretensión de Nicaragua es que La Haya obligue a Colombia a cumplir el fallo que emitió en el 2012, y mediante el cual ese tribunal le reconoció derechos económicos sobre aguas cerca de San Andrés.
En ese pronunciamiento se habló de redefinir los límites marítimos entre los dos países, para lo cual se debería hacer un tratado binacional. No obstante, como el gobierno de Ortega se fue de nuevo a la Corte, los acercamientos diplomáticos quedaron congelados. En este caso, según dijo el presidente Juan Manuel Santos, debe ser además refrendado por el Congreso de la República y ratificado por la Corte Constitucional.
En ese escenario, Colombia tampoco reconoce la jurisdicción de La Haya, pero –a pesar de ello– el proceso continuará adelante en esa corte internacional. (Lea también: ¿Qué significan las decisiones de la Corte de La Haya?)
Si bien para que emita un pronunciamiento no existe un tiempo exacto, algunos conocedores aseguran que se podría dar en unos dos años.
Un tema en el que ganó algo Colombia fue en el reconocimiento de ese tribunal de que la presencia de la Fuerza Pública nacional en esas aguas no es motivo de provocación y no constituye amenaza.
EL TIEMPO