Durante casi tres horas, entre las 9 y 11:45 de la mañana de este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leyó sus dos decisiones en la que se declaró competente para resolver las demandas de Nicaragua sobre Colombia.
El juez Ronny Abraham, presidente de la CIJ, señaló que la votación final fue de 14 votos a dos en la demanda que argumenta un supuesto desacato de Colombia del fallo del 2012. En la diligencia leyó los argumentos con los que el tribunal desestimó cuatro de las cinco objeciones que Colombia había planteado y con las que buscaba que el tribunal se declarara sin competencia en ese caso.
En ese primer caso, la Corte negó el argumento de Colombia de que por haber renunciado al Pacto de Bogotá en 2014 se encontrara por fuera de la jurisdicción de ese tribunal. El juez dijo que el retiro no tiene un efecto retroactivo ni “en nuestra jurisdicción”.
Colombia alegaba que la Corte no podía conocer de acciones en su contra formuladas después del 27 de noviembre de 2012.
La segunda excepción que la Corte negó tiene que ver con que no tenga competencia para conocer de la demanda de Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida.
La tercera negación se refiere a que la Corte no admite que con su fallo de 2012 haya resuelto todas las diferencias limítrofes entre los dos países.
Sobre el cuarto argumento de Colombia, en el sentido de que el recurso de Nicaragua era una apelación y que como tal no podía abordarlo porque los estatutos de la corte no contemplan este derecho, el tribunal no se pronunció. Finalmente, rechazó el quinto argumento.
Decisión sobre plataforma continental
La Corte señaló que en su fallo del 2012 no abordó la plataforma continental ni se refirió a la delimitación de esta. Dijo que en ese momento no transó sobre si Nicaragua podía tener derecho a dicha plataforma, que hace referencia a su segunda demanda.
Por eso, admitió la demanda de Nicaragua para fijar el "rumbo exacto" de la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas, que en caso de prosperar se acerca a nuestra costa continental en el Caribe.
La Corte señaló que es "admisible", pese a que Colombia sostenía que la Corte ya se pronunció sobre este asunto en un fallo de noviembre de 2012, y que el caso estaba cerrado. En ese caso, la votación fue "ocho votos contra ocho, con el voto preponderante del presidente" de la Corte.
Además, que “la limitación de la plataforma continental puede ser planteada de una manera independiente de la recomendación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (…), este no es un prerrequisito para pedir a la Corte solucionar una disputa contra otro Estado”, señaló el tribunal internacional.
Sin embargo, aceptó dicha objeción de Colombia, en la que alegaba que la recomendación sí es un requisito necesario para que llevara la demanda a la Corte. En ese caso, Colombia ha dicho que no firmó esa convención, por lo que no le aplican sus conceptos y medidas.
Lo que busca Nicaragua
El país centroamericano tiene dos objetivos contra Colombia ahora: por un lado, quiere que se le reconozcan derechos sobre una plataforma continental extendida más allá de 200 millas de sus costas, aspiración que comprometería aguas colombianas. En segundo lugar, el gobierno de Daniel Ortega busca que La Haya exija a Colombia cumplir la sentencia de noviembre del 2012, mediante la cual se le otorgaron derechos sobre aguas del Caribe, cerca de San Andrés.
En el segundo caso, Nicaragua arguye que Colombia ha violado sus derechos en el mar Caribe y ha amenazado con el uso de la fuerza.
La plataforma continental extendida debe entenderse como la superficie submarina. Los nicaragüenses consideran que desde sus costas se extiende una plataforma continental que, por sus características, les da derechos sobre el lecho marino más allá de las 200 millas que le corresponden.
Y sobre el fallo del 2012, Nicaragua le pide a la Corte que obligue a Colombia a acatar el fallo que le entregó derechos sobre aguas cercanas a San Andrés. (Lea también: Nicaragua señala que la demanda contra Colombia no quedó solucionada)
Colombia ha dicho que acata, pero que no aplica el fallo. Entre otras razones, porque la aplicación demandaría acciones como modificar normas internas colombianas sobre límites.
Una forma para aplicar el fallo del 2012 sería suscribir un tratado con Nicaragua, el cual Colombia propuso inicialmente, pero como ese país escogió el camino de la demanda ante la Corte, el interés por ese acuerdo perdió fuerza.
La nueva situación con el país centroamericano, objeto de estudio en esta Corte, se remonta a las demandas que esa nación hizo a finales del 2013, después de que Colombia se retirara de la jurisdicción de este tribunal tras la denuncia del Pacto de Bogotá.
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