En tiempos de sequía, 11 departamentos malgastaron $ 56.530 millones

En tiempos de sequía, 11 departamentos malgastaron $ 56.530 millones

Hay 25 irregularidades en contratos de acueducto. La Guajira y Casanare, los que más pierden.

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13 de marzo 2016 , 10:04 p.m.

La corrupción, el desdeño y los malos manejos de recursos hicieron que, el año pasado, Colombia perdiera más de 56.530 millones de pesos de dineros de regalías que debían ser destinados para financiar obras de acueducto y alcantarillado.

En medio del segundo fenómeno del Niño más fuerte de la historia del país, los municipios más afectados por intensas sequías siguen siendo los que más malgastan estos dineros que les llegan a las regiones como contraprestación por la explotación de recursos no renovables.

Así lo reveló una auditoría de la Contraloría General, que encontró 25 irregularidades en millonarios contratos de obras que no beneficiaron a ciudadanos de 11 departamentos.

Una de las mayores pérdidas se generó en La Guajira, donde hace seis días llegó una misión humanitaria de la Armada, cargada con alimentos y más de 74.000 litros de agua potable para las comunidades con más escasez del líquido vital.

Este departamento perdió el año pasado 12.570 millones de pesos de regalías para el agua. Con ese dinero, por ejemplo, habrían podido construir 800 casas de interés social, como las que aparecen en un proyecto de vivienda en Maicao, o 17 acueductos iguales al que la Gobernación planea levantar para una comunidad indígena de San Juan del Cesar.

El detrimento se generó principalmente en dos obras: la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento Camarones, en zona rural de Riohacha, en donde se habrían perdido 10.858 millones de pesos, y las obras para un sistema de acueducto en Manaure, con pérdidas que serían de 1.712 millones de pesos, según las auditorías de la Contraloría. (Lea aquí: Cúcuta se alista para racionar agua por la sequía)

No obstante la millonaria inversión que se hizo en la planta de tratamiento de aguas de Riohacha para beneficiar a 4.500 personas, la obra no sirve porque “no tiene los permisos ambientales requeridos” para operar, se encontró que sus aguas no son aptas para el consumo humano e, incluso, su vertimiento podría afectar “el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, área protegida por ser parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales”.

Al revisar los documentos que presentó la alcaldía “no se encontraron títulos que acrediten la propiedad pública de los predios en donde se construyeron las plantas de tratamiento”, lo que implica una presunta violación del Código Civil colombiano, por lo que la Contraloría pidió a los órganos disciplinarios y a la Fiscalía investigar el caso.

Otro caso emblemático de inoperancia administrativa es el de Casanare, en donde la Contraloría detectó irregularidades que suman 17.248 millones de pesos por un contrato del 2010 para construir el acueducto Río Caja, que debía beneficiar a siete veredas. Según la Contraloría, en este caso “no se ha logrado suministrar el servicio de agua potable a los pobladores que se iban a beneficiar con este proyecto (...) porque ha carecido de planeación, supervisión y seguimiento”.

Energía pirata

En el Meta, las pérdidas sumaron más de 6.400 millones de pesos. La mayoría de ese dinero (4.376 millones) tiene que ver con una construcción del alcantarillado sanitario en zona rural de Puerto Gaitán.

“Se evidenció que falta la construcción del colector de descarga en 14 pulgadas que permite el vertimiento de las aguas tratadas al caño Planas; de igual forma, la planta se encuentra en abandono y no está funcionando. Sin embargo, existen usuarios que utilizan la red de alcantarillado, por lo que se opera, pero sin ningún control y sin ningún funcionario idóneo para verificar su funcionamiento”, dice la auditoría. (Además: Colombia aún no llega a la meta de ahorro diario de energía)

En ese mismo municipio, la Contraloría también evidenció el caso de la planta de tratamiento Aguas Residuales La Cristalina, la cual costó 2.087 millones de pesos y que hoy estaría funcionando con energía, pero de manera ilegal. La auditoría estableció que la obra es inservible porque, aunque funciona por bombeo y requiere de energía eléctrica, ese servicio es intermitente y por lo tanto no se está bombeando de manera efectiva “las aguas residuales a los tanques de tratamiento, lo que hace que se desborden y fluyan al terreno sin tratamiento”.

Además, dice la Contraloría, “no se observa contador de energía y, según lo expresado por la funcionaria de Perlas de Manacacías, no se ha efectuado el respectivo registro ante la empresa de energía del Meta, razón por la que se toma la energía directamente y de forma ilegal”.

Uno de los elefantes blancos está en Puerto Boyacá, Boyacá, donde la Contraloría halló una obra levantada tras un contrato del 2009, pero que hoy “está abandonada, presenta deficiencias técnicas que impiden su operatividad desde la fecha en que fue entregada a la administración municipal”.

Como no presenta ningún servicio a la comunidad, ha sido objeto de desmantelamiento por parte de delincuentes que se han llevado sus equipos. (También: El miércoles, los colombianos ahorraron 4,44 % de energía)

En Vaupés, la Contraloría investiga un contrato del 2012 que le costó a la Gobernación 1.321 millones de pesos, para el proyecto de construcción de baterías sanitarias, disposición final de excretas y potabilización de agua para comunidades indígenas.

A pesar de que la obra no está en funcionamiento, el órgano de control evidenció que la Gobernación pagó el 90 por ciento del valor del negocio.

JUSTICIA
milsar@eltiempo.com

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