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'Oficina de Envigado' expresó intención de negociar con el Gobierno

En un comunicado, los miembros de esta estructura aclaran que no están pidiendo impunidad.

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 Un comunicado firmado por “La Dirección Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la Ley, con influencia territorial en Medellín, área metropolitana y parte del departamento de Antioquia”, refiriéndose a la llamada ‘Oficina de Envigado’, dejó ver su intención de “entrar en una etapa de exploración y acercamiento con los gobiernos nacional, regional y local para la búsqueda de un acuerdo de paz”.
En el comunicado, revelado por Revista Semana, afirman que “este es un momento histórico del país, en el cual podamos concertar un escenario jurídico para que nuestros hombres puedan resolver su situación, teniendo en cuenta que se debe legislar para tal fin”.
Los miembros de esa organización, que inició hace tres décadas con el narcotraficante Pablo Escobar y Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, añaden que “no estamos pidiendo impunidad, sino algo razonable para las partes, que aporte a la solución de la problemática carcelaria, a la persecución de nuestros integrantes y que realmente aporte a la reinserción social de quienes tengan problemas de carácter jurídico”.
Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín, dijo que el tema debe asumirlo el Gobierno Nacional, ya que es el único competente para entablar diálogos con grupos al margen de la ley, como los que hoy adelanta con la guerrilla de las Farc. Así las cosas, continuó, solo ellos evaluarán la pertinencia de lo que sugieren los grupos urbanos de Medellín y el valle de Aburrá.
Villegas, que lideró desde el gobierno local la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en 2003, afirmó que esa experiencia con las Auc podría ser un punto de partido para eventuales conversaciones con la llamada ‘Oficina’, en la medida en que se pueden corregir defectos, y habría lugar para recopilar y aprender de otras experiencias nacionales e internacionales.
Para Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), la propuesta que se expone en la carta “es pretensiosa y parece nacer muerta”. Según explica, se entiende como si estos grupos estuvieran hablando de reconocimiento de un estatus político y asemejaran su petición al proceso que en la actualidad se adelanta en La Habana. No obstante, agregó, estos grupos y las Farc tienen motivaciones distintas y por tanto son opuestos.
Quijano en cambio destacó que la alternativa más pertinente para unos eventuales diálogos urbanos sería el sometimiento a la justicia, que no significaría en ningún momento la delación y que además serviría como un buen modelo de negociación para otras ciudades del país, cuando ya es hora de hablar de paz urbana.
Por ejemplo, según dijo Quijano, el nuevo Código Penal, a través de la Fiscalía General de la Nación, favorece negociaciones con miembros de estructuras del crimen organizado para que estos se sometan a la justicia.
De hecho, puso como ejemplo la denuncia del periodista Juan Diego Restrepo en la revista Semana, de que tres exmiembros de la ‘Oficina’: Julián Andrey González, alias ‘Barny’; Edinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’, y Juan Camilo Rendón, alias ‘Peluco’, habían solicitado este recurso en 2015, mismo que se frenó por el traslado “arbitrario” de una funcionaria de la Fiscalía.
Por ahora, concluyó Quijano, la carta abre preguntas que tendrán que responder en los próximos días: ¿Qué es la ‘Oficina’?, ¿a quién representa?, ¿realmente agrupa a todo el crimen urbano de Medellín y el valle de Aburrá?, ¿cuántos miembros tiene? y ¿qué significa esa carta con relación al llamado ‘pacto del fusil’, que habrían acordado dos organizaciones criminales: la ‘Oficina’ y los ‘Urabeños’?
MEDELLÍN

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