Las obras inconclusas en Colombia tienen en peligro la inversión de, al menos, 1,3 billones de pesos. Son 83 las construcciones en todo el país que durante años han estado sumidas en atrasos e irregularidades.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia tiene registros –hasta finales del 2015– de 24 obras de infraestructura vial comprometidas. Además, los complejos deportivos, con 11 casos, son el segundo tipo de obras que más presentan retrasos.
Por entes territoriales la mayoría de los proyectos cuestionados identificados están en Bogotá, donde hay 18. La capital es seguida por los departamentos de Cundinamarca, con 7 casos, el Valle (6) y Cesar (5).
En Bogotá, por ejemplo, uno de los proyectos bajo la lupa del Gobierno es el comando de la Policía, donde ya se pagaron más de 31.000 millones de pesos, de los 42.000 millones destinados para la obra. (Lea también: Municipios harán obras de infraestructura conjuntas con regalías)
En la actualidad, sin embargo, la construcción lleva 14 meses frenada, aunque debía ser entregada en el 2012. Además se ha advertido sobre la presencia de fallas estructurales, por lo que atraviesa un pleito legal próximo a resolverse.
Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, en su análisis sobre estas construcciones, dice que una de las razones por las que proliferan obras de infraestructura inconclusas u otras que quedan inservibles, es porque el país sigue estando manchado por la politiquería y el clientelismo.
“Hay contratistas que financian campañas, y los políticos devuelven la inversión con asignación de obras que les permiten recuperar su inversión y que genera un desangre del erario”, asegura.
Entre las construcciones que investiga la Secretaría de Transparencia, de las cuales la mayoría están en ejecución, se encuentran proyectos para acueductos y complejos deportivos que ya se han convertido en elefantes blancos por falta de planeación, debido a que al momento de la construcción no se establecieron los costos de mantenimiento y quedaron convertidos en infraestructura inservible, como el parque acuático de Buenaventura, sobre el que Transparencia adelanta investigaciones. (Lea también: Las obras de la primera ola de vías 4G que van a todo vapor)
Otro casos son las obras de recuperación costera en jurisdicción de Tolú y Coveñas (Sucre), a las que con recursos de regalías se destinaron 15.000 millones de pesos. Pero por falta de planeación, tránsito inoportuno de licencias ambientales y permisos de la División General Marítima (Dimar) la obra está, actualmente, “totalmente embolatada y la posibilidad de que culmine –luego de dos años de retrasos– es muy reducida”, asegura el funcionario.
Por otro lado, Enciso señala que muchas de estas obras se financiaron con recursos de regalías, tema con el que han encontrado que las entidades contratantes no tenían suficiente capacidad de ejecución.
Para resolver estas dificultades, el funcionario hace un llamado a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), que deben ser más precavidos en la aprobación de los proyectos, para que tengan una estructuración mucha más sólida y así evitar la pérdida de recursos.
Precisamente, en cuanto a los recursos de regalías, la misma Contraloría General denunció, a través de su informe de rendición de cuentas, que estos no fueron bien utilizados para la infraestructura de los municipios beneficiados y se continúa con problemas como la falta de pertinencia de los proyectos, casos de corrupción y la incapacidad técnica de muchos de los entes territoriales.
De esta manera, en la lucha de la Contraloría por acabar con las inversiones de regalías que terminan con detrimento de los recursos públicos, se evidenciaron 134 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 112.073 millones de pesos.
Entre estos se destacan algunas obras inconclusas e inservibles. (Lea también: Contraloría calcula sobre costos de Reficar por US$ 4.022 millones)
En el Meta, por ejemplo, se descubrió que los proyectos de vivienda El Recreo, en Granada, y Villa Andrea, en Puerto Concordia, están abandonados y se determinó un hallazgo fiscal de 7.091 millones de pesos.
Entre los detalles revelados por la Contraloría en estas urbanizaciones se mostró que en los proyectos “el avance de las obras ejecutadas es irrelevante, con el agravante de que las pocas actividades ejecutadas se encuentran desde hace varios años en estado de inactividad, abandono y deterioro”.
‘Elefantes’ históricos
Para Enciso, algunas de las obras inconclusas o abandonadas que ya cumplen incluso más de una década en estas condiciones, como el Estadio de la Pastusidad, en Pasto, no se van a poder terminar, pues por situaciones con el licenciamiento ambiental, la consulta previa no realizada o episodios sísmicos, se pueden poner en peligro a las personas y en esos casos la expectativa para que se finalicen los proyectos es baja, porque enfrentan situaciones que se debían haber previsto con mucha anticipación.
“Lo que cabe en estos casos son las acciones de repetición en contra de los funcionarios responsables de la aprobación de esos contratos de infraestructura pública en los cuales hubo inversión de recursos públicos, que se perdieron por no tomar la precaución de sacar las licencias ambientales, las consultas previas o estudios de cualquier naturaleza que se necesitaran para acabar esas obras”, sentencia.
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