Detrimento en la Unidad de Protección sería de $ 33.000 millones

Detrimento en la Unidad de Protección sería de $ 33.000 millones

Auditoría de la Contraloría aseguró que hubo irregularidades en gastos reembolsables.

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09 de marzo 2016 , 10:15 a.m.

La Contraloría aseguró que las pérdidas de recursos públicos dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) podrían superar los 33.000 millones de pesos, según la auditoría al manejo de recursos de esa entidad en el 2015.

De ese total, por lo menos 16.000 millones corresponden a los gastos denominados como reembolsables, como los viáticos por gasolina y tiquetes aéreos, de los que, según la Contraloría, existe incertidumbre respecto a su real prestación. Estos gastos no aparecen con el respaldo contractual requerido.

De los contratos con operadores privados de seguridad entre 2012 y 2013, no hay soportes que permitan verificar en qué se usaron los recursos, a pesar de que existía un contrato para supervisar esos convenios.

Además, se encontró que la demora excesiva en el desmonte de esquemas de seguridad generó pagos injustificados por 611 millones de pesos, dineros que fueron girados para pagar los 11 vehículos y 9 hombres de seguridad que protegían a 11 beneficiarios.

Estos esquemas corresponden a escoltas que fueron asignados a particulares a pesar de que no cumplían con los requisitos y protocolos establecidos para ser beneficiarios de este tipo de protección.

Al estudiar a 132 beneficiarios seleccionados, la UNP encontró retrasos de entre 84 y 264 días en el desmonte de esos esquemas tipo 1 y 2.

En cuanto a los vehículos, la Contraloría evaluó un contrato del 2012 en el que se enajenó parte del parque automotor que tenía la UNP. Se vendieron más vehículos de los que se habían previsto inicialmente, ya que 22 no tenían la resolución que permitía su venta.

Además, el valor de los vehículos lo fijó el comercializador, por lo que la Unidad le entregó a un particular "la potestad de decidir los ingresos de la UNP, sin instancias de verificación por parte de la supervisión de la entidad. Además, el contratista incumplió la obligación de consignar íntegra y oportunamente los recursos provenientes del remate", dice la auditoría.

Esa acción generó una "gestión antieconómica para la entidad por más de 229 millones de pesos", según el órgano de control.

'Esquemas de protección, nueva venta rota de finanzas públicas'

La Contraloría asegura que "los esquemas de protección en el país se convirtieron en la nueva vena rota de las finanzas públicas".

Esto porque, según su evaluación del presupuesto de la UNP entre el 2012 y 2014, se encontró que a pesar que las solicitudes de protección bajaron de 11.058 en 2012 a 9.242 en 2014, "el número de esquemas y el gasto destinado para cubrirlos se incrementaron".

Esta situación se generó por el sostenimiento de servicios aprobados, el bajo número de desinstalaciones de esquemas por cese de la amenaza, o porque se mantiene la tendencia creciente de los gastos de funcionamiento "y no ha sido posible lograr una estabilización en términos presupuestales".

Aunque el incremento en esquemas prestados entre el 2013 y 2014 fue del 51 por ciento, el gasto por esquema se subió en 85 por ciento, principalmente por el aumento en gastos por vehículos convencionales, "lo que afecta significativamente el presupuesto de la entidad".

Además, los incrementos de gastos por escoltas, conductores y vehículos blindados están muy por encima del IPC del 2014, dice la Contraloría.

"Este comportamiento impide estructurar esquemas de programación presupuestal confiables, lo que ha llevado a que el presupuesto de funcionamiento de la UNP haya tenido variaciones entre vigencias, desde un 19% hasta el 68%, esta última para el periodo 2014-2015", asegura la Contraloría.

Además, el organismo afirmó que las tutelas que los jueces vienen profiriendo para avalar solicitudes de protección "disponen nuevas revaluaciones, aumento en vehículos o personal, giro de recursos para desplazamientos, etc".

Esto está generando que haya gastos que requieran de nuevos recursos, "creando una nueva tensión presupuestal, que solo para los primeros 4 meses de 2015 ascendió a $1.431 millones de pesos".

JUSTICIA

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