Gobierno lanza cruzada contra apagón, tras salida de Minminas

Gobierno lanza cruzada contra apagón, tras salida de Minminas

Habrá monitoreo diario del ahorro y plan de estímulos y castigos. Santos dice que medidas tardaron.

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07 de marzo 2016 , 10:41 p.m.

La demora en reaccionar, por parte de las entidades del sector, ante el inminente riesgo de racionamiento de energía llevó finalmente al ministro de Minas, Tomás González, a presentar su renuncia y al presidente Juan Manuel Santos a aceptarla, muy a su pesar, según dijo.

Implementar oportunamente un plan de ahorro voluntario para evitar cortes de energía en algunos días, entre finales de marzo y comienzos de mayo, cuyo riesgo viene siendo advertido por los operadores del mercado eléctrico, era lo que esperaba el mandatario, quien designó a María Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia, como encargada de esa cartera. (Ver infografía: Comportamiento de la demanda de energía por sectores)

“Los colombianos no hemos ahorrado, pues gastamos un 5 por ciento más de lo que consumimos en enero y febrero del año pasado”, expresó Santos.

El lunes, Santos dijo: “El señor Ministro ha asumido la responsabilidad por la demora en estas medidas de ahorro y ha presentado su renuncia”. (Lea también: La sombra del racionamiento nos asusta 24 años después)

Además, agregó: “Como Presidente también hubiera preferido que este paquete de medidas las hubiéramos tomado con anterioridad. Lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno y la confianza de los colombianos en el sistema eléctrico”.

En otras palabras, el saliente Ministro tuvo que asumir la responsabilidad política por lo que está pasando.

Crisis por demora

El incendio del 15 de febrero, que dejó por fuera a la central hidroeléctrica de Guatapé, fue la causa fundamental para que el sistema se pusiera al límite y para que XM –firma que opera el mercado– advirtiera sobre la posibilidad de hacer cortes de por lo menos una hora en un lapso de 12 días, entre finales de marzo y comienzos de mayo. Sin embargo, desde varios meses atrás la gestión de González enfrentaba dificultades en distintos frentes.

Fuentes del sector, que prefieren no ser citadas, señalan que, además del evento fortuito que se dio en Guatapé y del reciente daño de tres semanas en una unidad de la térmica Zona Franca Celsia, un factor que agravó la crisis fue la demora en las medidas para castigar el derroche, ya que las cifras muestran que no hubo ahorro y que las campañas no surtieron efecto.

De hecho, tras crecer 5,7 por ciento en enero, la demanda de energía tuvo un aumento del 4,6 por ciento en febrero, según datos preliminares de XM. Su gerente, María Nohemí Arboleda, se mostró asombrada con la cantidad de luces encendidas en empresas, entidades públicas y centros comerciales, luego del cierre al público o de la finalización de la jornada laboral.

Pero detrás de este, y los demás factores, está la falta de liderazgo del Ministerio de Minas (Ministro y Viceministro de Energía), en su papel de presidir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad que fue advertida por el mercado, desde finales del 2014 y comienzos del 2015, sobre la necesidad de ajustar el precio de escasez (precio máximo que se paga por generar) ante la caída en los precios del petróleo.

Esta fue la razón para que varios agentes térmicos tuvieran que generar con unas pérdidas por encima de las esperadas o registradas históricamente, ante lo cual en octubre pasado el Gobierno anunció un incremento de las tarifas, al que le siguió la intervención de Termocandelaria.

Varios observadores del sector señalan que el viceministro Carlos Eraso no fijó una posición en cuanto al precio de escasez y tampoco ha logrado reglamentar, luego de más de un año, la Ley 1715 del 2014, que les da juego a las energías renovables y a la comercialización de excedentes de energía generada por actores como la industria, los cuales hoy le están haciendo falta al país.

Pero tanto al Ministerio de Minas y Energía como a la Creg les fue criticado, en el pasado congreso Colombia Genera, organizado por la Asociación Colombiana de Empresarios (Andi), la falta de medidas, desde hace varios años, para facilitar la evacuación de gas atrapado en varios campos, y que no ha podido moverse por falta de transporte (las inversiones son autorizadas tarde o se reconoce un menor valor al inversionista).

Otra fuente de la industria señala que un factor adicional que se le critica a González es la limitada gestión que tuvo a favor del sector durante la reforma tributaria del 2014, que golpeó muy fuerte a dos sectores, como el petrolero y el minero, cuya caída en los precios de las materias primas terminó por darles las estocada a sus balances.

Santos anunció una serie de medidas para evitar el racionamiento. Una de ellas, fue apagar las luces de las entidades públicas después de las 6:00 p. m.

Finalmente, según las fuentes, la caída en los precios del petróleo y las medidas para enfrentarla también le sumaron a la dimisión de Tomás González.

El Ministro saliente tuvo una reunión con el Presidente, en la cual aceptó que no se tomaron algunas decisiones y que otras debieron tomarse de manera oportuna, por lo que oficializó su salida del cargo.

Lo que quedó en claro en la reunión es que la decisión tomada nada tenía que ver con la investigación de la Procuraduría.

Investigan si exministro González influyó en contratación

La apertura formal de una investigación por parte de la Procuraduría pretende determinar si Tomás González, hasta ayer ministro de Minas y Energía, aprovechó su condición de servidor público para influenciar contratos entre entidades del Estado y la empresa Connecta, de la que fue uno de sus dueños hasta el año 2010.

En este asunto, la Procuraduría General de la Nación investiga si González “incurrió en alguna conducta irregular que constituya falta disciplinaria por su posible injerencia, intervención, participación o cualquiera otra indebida influencia sobre la contratación o las actividades desarrolladas por la empresa Connecta S.A.S. con algunas entidades del Estado”.

González vendió su 20 por ciento de la empresa a su concuñado Michael Greiffenstein, pero luego de ser Viceministro de Minas en el 2013, regresó a Connecta como empleado.

Hasta su regreso al Ministerio, Connecta celebró con el Fondo de Programas Especiales para La Paz contratos de entre 1.200 y 1.300 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, entre 2014 y 2015, cuando ya González se desempeñaba como ministro de Minas, Connecta logró contratos por valor de 2.600 millones de pesos, con adiciones por 3.362 millones con la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia para la elaboración y ejecución de encuestas y sondeos.

La Procuraduría también tiene entre ojos otros cinco contratos en ese mismo lapso entre Connecta S.A.S. y el Ministerio de Educación por valor de 350 millones de pesos y cuyo objetivo era “brindar apoyo al Ministerio de Educación en la evaluación de la percepción sobre la implementación de la jornada única escolar en los establecimientos educativos del país”.

González habría sido el sexto ministro del gabinete del presidente Juan Manuel Santos en tener investigaciones disciplinarias formales por parte de la Procuraduría. También son investigados, por otros asuntos, Juan Fernando Cristo, Mauricio Cárdenas, Luis Carlos Villegas, Luis Felipe Henao y Alejandro Gaviria.

EL TIEMPO

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