En la cárcel de Riohacha, que es una de las que tiene mayor hacinamiento en el país, hay cupo para cien internos y hoy en el penal viven 547. En cada metro cuadrado hay un preso. Muchos duermen en el suelo, se turnan las hamacas, y el espacio mínimo para movilizarse los mantiene en total estado de inactividad.
El penal cuenta con solo un médico en las mañanas para atender a todos los internos. Al hacinamiento se suman las altas temperaturas y la intermitencia del servicio de agua. (Vea aquí: El país detrás de las rejas)
Y en la cárcel Judicial de Valledupar, en donde el hacinamiento es del 402 por ciento, lo que la convierte en la segunda con más sobrepoblación en el país, están encendidas las alarmas desde hace más de dos meses por un brote de varicela que ha dejado a más de 45 infectados y que tiene en riesgo a sus 1.287 presos. Allí hay internos con enfermedades como tuberculosis y VIH que no reciben atención médica adecuada.
Por casos como estos, en los últimos seis meses la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han hecho duras críticas sobre la situación carcelaria del país. En su último informe al Congreso, la Defensoría del Pueblo aseguró que “Colombia atraviesa por la peor crisis carcelaria de su historia, problemática que, lejos de superarse, se agudizó en el 2015”.
La Corte Constitucional, en un fallo del 16 de diciembre pasado, en el que analizó tutelas de 16 cárceles colombianas, mantuvo la declaración del estado de cosas inconstitucional por la violación de derechos humanos en las prisiones del país. Para la Corte, “la política criminal colombiana se ha caracterizado por ser reactiva, desprovista de una adecuada fundamentación empírica, incoherente, tendiente al endurecimiento punitivo, populista, poco reflexiva frente a los retos del contexto nacional, subordinada a la política de seguridad, volátil y débil”.
Y en el informe anual del CICR, que será publicado el próximo 10 de marzo, se lee que “la crisis humanitaria en las cárceles es insostenible”. El Comité asegura que, con un hacinamiento que supera el 54 por ciento (creció 7 puntos el último año), “la situación de las 120.000 personas que están detenidas en Colombia fue preocupante en el 2015 y lo sigue siendo en el 2016”. (También: Las deficiencias de la atención médica en las cárceles del país)
El hacinamiento podría ser incluso mayor, teniendo en cuenta que en muchos casos se contabilizan los cupos según el número de literas disponibles, ignorando que el concepto de cupo carcelario debe considerar la infraestructura sanitaria y espacios para la resocialización, condiciones precarias en las cárceles colombianas.
Y mientras la sobrepoblación aumenta, el año pasado solo se avanzó en un 43 por ciento en la construcción de nuevos cupos. La Defensoría constató que la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) solo entregó en el 2015 unos 1.709 cupos, de los 7.088 que estaban proyectados.
El infierno
En Valledupar, en la cárcel Tramacúa, un centenar de presos lleva más de un mes en una huelga de hambre. Los más de 1.400 internos del penal, en donde la temperatura puede subir a más de 40 grados centígrados, reciben agua solo dos veces al día, por periodos de media hora, lo que los obliga muchas veces a deshacerse de su orina y excrementos por las ventanas. Por este caso, hace más de una semana, la Corte les dio un ultimátum a las autoridades para resolver las dificultades del penal.
Además, once funcionarios de esta cárcel han sido investigados por tratos inhumanos y crueles, que van desde aspersión con gas pimienta hasta choques eléctricos.
Otra cárcel con sed es la Villa Inés, de Apartadó (Urabá antioqueño). Además del hacinamiento, los reclusos afirman que no cuentan con el servicio de agua potable, por lo que “se bañan con agua de un pozo de un sistema artesanal y antiguo”.
Entre otros casos que analizó la Corte Constitucional está el de la cárcel de Cúcuta, que tiene más de 4.000 presos y un hacinamiento del 60 por ciento. Los presos afirmaron en la tutela que el hacinamiento los mantiene durmiendo en corredores y escaleras, pues aunque las celdas tienen capacidad para cuatro reclusos, en algunos casos albergan hasta diez.
En esta misma cárcel, en menos de 15 días, dos presos murieron tras un incendio que se originó en la Unidad de Tratamientos Especiales (UTE), sin que hasta ahora el centro penitenciario haya explicado las causas de la conflagración.
Entre tanto, la tutela, el único mecanismo que les queda a muchos presos para defender sus derechos, según la Defensoría, está perdiendo su efectividad. Este es el caso de la cárcel de Acacías (Meta), en donde los internos han obtenido 250 fallos de tutela amparando sus derechos, pero han tenido que promover más de 151 incidentes de desacato “en razón del incumplimiento permanente de las autoridades”.
La cárcel Modelo de Bucaramanga, que con casi 3.000 presos tiene un hacinamiento del 95 por ciento, también hizo parte del fallo de la Corte. Los detenidos denunciaron que además de la sobrepoblación, el edificio tiene más de 50 años, por lo que las “duchas y sanitarios están en un estado deplorable y son insuficientes”. En una inspección judicial, la Corte constató esta realidad, y observó que muchos internos en Bucaramanga están enfermos de cáncer y lepra sin recibir tratamientos adecuados.
El alto tribunal documentó los casos de otras cárceles como La 40 de Pereira, en donde los reclusos denunciaron que solo tenían una ducha para casi 800 presos y tres baños sanitarios, y dos médicos para 1.600 internos, o la de El Pedregal, en Medellín, en donde los presos del patio de hombres no tienen “acceso a luz solar” en ningún momento del día, debido a que la estructura es cerrada.
Y en la Modelo de Bogotá, con más de 5.000 presos y un hacinamiento del 70 por ciento, los detenidos dijeron que debían dormir “en el suelo, sin cobijas y a orillas de los baños o al pie de las basuras”. Además solo hay dos baños y una ducha por cada 246 presos.
Las propuestas de la Corte Constitucional
1. Derecho penal como última medida:
“Implica que todas las entidades estatales involucradas desarrollen políticas serias de prevención de la delincuencia y la criminalidad. Para enfrentar el populismo punitivo, las instituciones encargadas de diseñar la política criminal deben entender que el delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de las penas”.
2. Penas alternativas
“Ampliar y potencializar el uso de penas alternativas a la privación de la libertad, no solo para disminuir el hacinamiento, sino porque también impactan en la reducción de la reincidencia”.
3. Enfocarse en la resocialización
“La política criminal del país perdió de vista el fin resocializador, en tanto, el sistema previsto para su ejecución está en una profunda crisis humanitaria. Se deben reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza para que la cárcel no sea la universidad del delito”.
4. Medida de aseguramiento, excepcional
“La detención preventiva debe recuperar su carácter excepcional. Aunque hay avances normativos (ley de racionalización de las penas), en Colombia esta medida se ha convertido en herramienta de investigación o de sanción anticipada, afectando la presunción de inocencia”.
MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Justicia
