¿Por qué continúa el paro en juzgados civiles y de familia en Bogotá?

¿Por qué continúa el paro en juzgados civiles y de familia en Bogotá?

Por ahora, solo se adelantan trámites por demandas de alimentos. Hay 90.000 procesos afectados.

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29 de febrero 2016 , 10:13 a.m.

Tras 48 días de protestas y asambleas permanentes de funcionarios de la Rama Judicial que rechazan la implementación del acuerdo 10445 del 16 de diciembre del 2015, que pone en marcha los centros de servicios judiciales, una de las bases para instaurar el sistema oral, 169 juzgados civiles y de familia de Bogotá permanecen cerrados.

En las últimas semanas, cientos de personas que acuden diariamente a los edificios Nemqueteba y Hernando Morales –en el centro de Bogotá–, donde operan los juzgados civiles y de familia, no obtienen respuesta a los trámites que adelantan, pues solo están entregando los títulos por demandas de alimentos y quedan a la deriva los demás casos.

Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en los 48 días de paro, los despachos han dejado de recibir cerca de 62.572 procesos y de tramitar 27.644. A diario, a los juzgados civiles municipales llegan en promedio 771 casos; a los civiles de circuito, 457; y a los de familia, 194.

Estos son los principales puntos a los que se oponen los sindicatos judiciales, abogados litigantes y trabajadores de los juzgados civiles.

1. El juez no será director del despacho

Los jueces reclaman que perderán su autonomía, control y dirección del proceso y que se trasladarán funciones jurisdiccionales secretariales como elaboración de oficios, avisos, edictos, estados, despachos comisorios, control de términos, orden y entrega de depósitos judiciales, recepción e ingreso de memoriales, entre otros, a oficinas administrativas.

¿Qué dice la norma?

En el artículo 6, del acuerdo 10445, se incluye un “área de administración de Salas de Audiencias y Archivo Tecnológico” que se encargará, entre otras funciones, de administrar y asignar las salas de audiencia compartidas y de confirmar de forma inmediata al juzgado sobre la disponibilidad por correo electrónico o la herramienta administrativa existente. La judicatura afirma que el profesional director del Centro de Servicios ejercerá como secretario, por lo que los jueces participarán activa y directamente en la coordinación, seguimiento y control del centro.

2. Cambios en los cargos

Algunos secretarios, escribientes y notificadores pasarían de los juzgados al área administrativa del centro de servicios y, según afirman, tendrían cambios en sus salarios. Los jueces piden permanecer con su personal de confianza y que se dé estabilidad laboral.

¿Qué dice la norma?

Según el acuerdo, se convocarían a secretarios, asistentes judiciales grado 6, escribientes, auxiliares judiciales grado 3 y citadores trasladados de los juzgados civiles del Circuito, Civiles Municipales y de Familia. La Judicatura responde que “en ningún momento se suprimió cargo alguno ni se modificó su denominación o régimen salarial, sino que el nuevo modelo de oralidad y la concentración de la labor del juez en la función propiamente judicial llevan al traslado de los cargos que cumplen funciones eminentemente de apoyo administrativo a los Centros de Servicios Judiciales”.

3. Creación de un director seccional para administrar la función judicial

Demandan que sea un director seccional el que nombre los cargos de quienes ocupen los centros de servicios porque generaría “burocratización”.

¿Qué dice la norma?

El director ejecutivo seccional, según el artículo 22, “nombrará y posesionará a los servidores en los cargos que deban proveerse en provisionalidad. En este caso, los nombramientos se efectuarán previa revisión, valoración y selección de las hojas de vida por parte del Comité de Coordinación, Seguimiento y Control”. En este punto, la Judicatura sostiene que se garantizará la transparencia de dichos nombramientos.

4. Sustanciadores

Se oponen a que el juez deba apoyarse de un grupo de funcionarios del área administrativa para realizar sustanciación de tutela y demás acciones constitucionales. Afirman que se adjudican funciones judiciales a administradores y personal sin conocimientos de derecho, con indebida intromisión y baja calidad.

¿Qué dice la norma?

El Consejo Superior de la Judicatura crea un “área de apoyo a la sustanciación de acciones constitucionales”, según el artículo 10, estará conformada por algunos de los secretarios trasladados de los despachos judiciales, que de conformidad con su perfil y formación profesional puedan apoyar dicha sustanciación. La Judicatura responde que “la existencia de dicha área en los centros será con carácter meramente facultativo por cuanto dependerá de la decisión que adopte el respectivo Comité, sin ceder el conocimiento y decisión que siempre es de los señores jueces”.

5. Lentitud

Sostienen que los centros de servicios van en contravía con los principios de celeridad, economía procesal, inmediación y acceso a la justicia y que “el usuario queda expuesto al talante de una inmejorable atención al público que choca con los altos volúmenes de procesos que se manejan”. Además, reclaman que estadísticamente no hay evidencia de los resultados positivos de los centros pilotos que han funcionado por más de 10 años.

¿Qué dice la norma?

La Judicatura responde que estos centros tienen como fin brindar apoyo administrativo, operativo y técnico a los despachos judiciales del sistema oral y su actividad estará orientada a lograr una gestión judicial ágil y eficaz. Igualmente, puntualiza que la estructura de los Centros de Servicios Judiciales para los juzgados civiles y de familia, obedece al estricto cumplimiento de la incorporación de la oralidad como principio general para la función judicial, dispuesta por el legislador en el art. 4.º de la Ley 270 de 1996 y en el art. 618 del Código General del Proceso.

Pese a las advertencias de la Judicatura para que los despachos operen con normalidad, el sindicato Vocero Judicial sostiene que abrirá las puertas de los juzgados hasta que se revoque el acuerdo.

La Judicatura, además, ordenó no pagar salarios a los funcionarios que no trabajen. Según datos del Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, el costo promedio de nómina de los cerca de 1.215 funcionarios que integran los 169 juzgados cerrados asciende a la suma de 8.514 millones de pesos.

ELTIEMPO.COM Y JUSTICIA

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