Se aproxima la fecha fijada por las partes para la firma del acuerdo del final de la guerra. Las tensiones y expectativas crecen. La Corte Constitucional estudia la constitucionalidad o no del mecanismo de refrendación de los acuerdos. El debate público eleva su escala. En fin, de una y otra orilla se escuchan puntos de vista, a veces radicalmente contrarios, en un claro indicio de que el país toma atenta nota e interés en el asunto de la paz, que es asunto de todos.
Por estos días, además del relieve mediático que ha suscitado la presencia de los voceros negociadores de las Farc en algunas veredas de La Guajira y otras regiones del país, en un intento por revivir fantasmas del pasado (“el caguancito”, “la combinación de las formas de lucha”, “el proselitismo armado”, “el conejo armado”, etc.) con pocas referencias a la pedagogía de la paz, que es la razón de la acordado para periplo, también han proliferado diversos escenarios institucionales y ciudadanos en los que se debate, entre otros asuntos, el mecanismo para la refrendación de lo acordado en Cuba.
Sobre el plebiscito, cuya viabilidad queda en manos de la Corte Constitucional, algunos vienen contraponiendo, incluidas las Farc, el escenario constituyente para la refrendación. Sin embargo, algunos entendidos en estos asuntos constitucionales dicen que convocar una asamblea constituyente para refrendar unos acuerdos, además de inconveniente, resultaría recortada en su verdadero alcance y sentido de escenario “supra” de pacto social, para convertirse en una especie de “meganotariado” en los que unos delegatarios (no se sabe si elegidos o escogidos) chulean cada uno de los puntos acordados. Dicho mecanismo, entonces, parecería que no llena el espíritu del compromiso político de la refrendación ciudadana, de mandato popular de lo acordado en La Habana.
Así las cosas, mientras la Corte se pronuncia, las especulaciones sobre escenarios van y vienen. Que habrá un pronunciamiento contra el plebiscito que le quitaría al Gobierno el “piano” de la refrendación, dicen unos. Que el fallo será no, pero abriendo otras puertas como el de la consulta popular siempre y cuando el Gobierno lo quiera, ya que este posee atribuciones constitucionales y legales para honrar lo acordado, opinan otros. Que el Presidente tiene las mayorías en el Congreso para los desarrollos legales necesarios que materialicen los compromisos del llamado posconflicto.
Pero más allá de las diversas miradas sobre el mecanismo de refrendación, su conveniencia o no, el proceso ha venido ganando apoyo, hasta el punto de que las voces que expresaban un radical rechazo a pactar un final de la confrontación, con argumentos muchos de ellos maniqueos, poco a poco se vienen reduciendo. El debate ha derivado en el énfasis de la refrendación. Es más, la lectura detallada de lo que expresan voces opositoras indicaría que su desacuerdo no es ante la posibilidad de poner punto final a una confrontación bélica con las Farc, sino con la firma de un “cheque en blanco”, una especie de “poder habilitante” que tendría el Ejecutivo nacional para reformar, sin ningún tipo de control, las instituciones. “Es un golpe de Estado”, opinan.
Así pues, en medio de la controversia y los naturales sobresaltos que aquí o en cualquier parte del mundo suscitan estos procesos, las señales indican que se entró a una fase irreversible. La complejidad de la “concentración para el desarme”, en mi sentir, es una oportunidad para profundizar en los aprendizajes del ejercicio de la política sin armas. ‘Escuelas transitorias de paz’ debe ser el enfoque de las concentraciones territoriales de la guerrilla.
HÉCTOR PINEDA
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