Justicia para todos

Justicia para todos

¿Es posible alegar que las chuzadas y la yidispolítica estaban relacionadas con el conflicto?

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27 de febrero 2016 , 08:14 p.m.

La primicia la soltó el reportero Lucas Pombo en La W: en las conversaciones entre líderes uribistas y asesores de la mesa de La Habana, como el exministro Álvaro Leyva, han explorado opciones que permitirían no solo a militares procesados por crímenes relacionados con el conflicto, sino a exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe, obtener, por la vía de la justicia transicional, beneficios judiciales como no pagar cárcel efectiva o, incluso, quedar en libertad con el cumplimiento de determinados requisitos.

En el caso de los militares, el país no puede asistir una vez más al espectáculo de los exguerrilleros elegidos como alcaldes, gobernadores y congresistas, mientras los oficiales que los combatieron pagan condenas de varias décadas. Y no es que a mí me guste que los responsables de crímenes atroces –cualquiera que sea su condición o línea política– queden exentos de pagar por lo que hicieron. Pero si los guerrilleros salen casi limpios, indigna que los militares resulten clavados.

Lo de los exfuncionarios civiles parece más complicado. Veamos en primer lugar la situación de los involucrados en el tema de las chuzadas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema, como la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, o el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno, cuyo caso conozco y contra quien no hay pruebas creíbles.

Lo que lleva al gobierno de Uribe a hacerles seguimientos a los magistrados es el hecho probado de que algunos estaban en contacto con conocidos testaferros del narcotráfico, fenómeno que hace parte integral del conflicto armado que la mesa de La Habana intenta acabar. Tanto que en la negociación ha quedado establecido que los delitos de narcotráfico de las Farc serán considerados conexos al de rebelión y sujetos a los beneficios de la justicia transicional.

Analicemos ahora el caso de las dádivas a congresistas como Yidis Medina para que votaran a favor de posibilitar la reelección de Uribe en las elecciones del 2006. Empiezo por decir que esas dádivas –una notaría para un recomendado– parecen un juego de niños al lado de la forma como el actual gobierno conquista a los parlamentarios con la entrega de más de 5 billones de pesos en cupos indicativos y convenios administrativos, para que algunos congresistas consentidos de la Unidad Nacional se despachen a placer con sus alcaldes y contratistas amigos.

Pero no nos desviemos. El argumento jurídico plantea que la reelección de Uribe era fundamental para seguir adelante con la ofensiva militar contra las Farc, como lo dijo la mismísima Ingrid Betancourt tras ser liberada en la operación Jaque, y como quedó demostrado tras la reelección de Uribe, cuando las Farc recibieron las peores derrotas militares de su historia.

De modo que, en gracia de discusión, los uribistas pueden alegar que las maniobras para garantizar la reelección están relacionadas con el esfuerzo del Estado para acabar con el conflicto. Y si el narcotráfico es conexo porque financiaba el conflicto, no puede ser que las dádivas a Yidis Medina no lo sean si buscaban no financiarlo sino terminarlo.

Habrá juristas a quienes todo esto les parezca traído de los cabellos, un exabrupto, una locura. Y puede que lo sea. Pero no es más traído de los cabellos que creerse el cuento de hadas según el cual los frentes de las Farc se convirtieron en piezas claves del narcotráfico mundial para comprar unos fusiles y liberar con ellos al pueblo colombiano, y no para enriquecer a sus jefes. Y tampoco es más traído de los cabellos que librar de la cárcel a los máximos responsables de la masacre de Bojayá, del atentado al club El Nogal, de los secuestros y campos de concentración en la selva y del reclutamiento de niños. En la justicia transicional deben caber todos.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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