El fantasma de la interinidad ronda la cúpula de la justicia

El fantasma de la interinidad ronda la cúpula de la justicia

Equilibrio de poderes, en el limbo. Corte Suprema no llena vacantes. Elección de Fiscal, en veremos.

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27 de febrero 2016 , 06:48 p.m.

A menos de un mes de que termine el periodo de Eduardo Montealegre como fiscal General, el Gobierno aún no ha postulado la terna de la que debe ser elegido su sucesor y, además, el órgano que elige, la Corte Suprema, completa más de seis meses sin sacar adelante la elección de sus propios magistrados.

Esa situación, que para muchos anticipa el regreso de la interinidad a la Fiscalía, retrata el limbo en el que está hoy la justicia colombiana. Mientras sigue la incertidumbre sobre la titularidad del que es considerado el segundo despacho público más poderoso, después de la presidencia, las demandas contra el nuevo Consejo de Gobierno Judicial tienen congelados procesos que debieron empezar el año pasado y que eran claves para la conformación de los órganos que reemplazarán a otros duramente cuestionados como el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

“Están pasando cosas muy graves en el poder judicial, que no tiene timonel y lo peor es que no se ve voluntad política para resolver esta crisis”, dice Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Esa organización le pidió al presidente Juan Manuel Santos, para sacar del limbo a la justicia, empezar por cumplir cuanto antes con ternar a sus candidatos para la Fiscalía.

Elección enredada en la Corte

En los pasillos del poder judicial y en la Fiscalía se da casi como un hecho que el actual vicefiscal, Jorge Perdomo, quedará encargado del despacho de su jefe al menos por varios meses. Esa interinidad coincidiría con un momento clave: el arranque de la justicia alternativa para las Farc.

El Gobierno no envía aún la terna y el órgano elector, la Corte Suprema, tiene en estos momentos 17 magistrados (de un total de 23), y para elegir se necesitan al menos 16 votos (mayoría calificada). Como lo señaló este diario en diciembre pasado, en presidencia se dice que no tiene sentido enviar una terna si la Corte va a terminar desgastando a sus integrantes aplazando la elección indefinidamente. En los próximos días quedará una nueva vacante, la de Leonidas Bustos, lo que deja el número de titulares en 16. Este jueves la Corte volvió a reunirse en una Sala Plena pero no logró ponerse de acuerdo para llenar ninguna de las seis vacantes que tiene, a pesar de que algunos de esos puestos tienen más de seis meses en manos de encargados. Tampoco se han puesto de acuerdo para elegir al presidente titular del alto tribunal, por lo que, por ahora, sigue en encargo el magistrado José Luis Barceló. Para el próximo miércoles fue convocada una sala plena extraordinaria, tan solo para tratar de elegir.

El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dice que “el riesgo de interinidad se ha venido advirtiendo y es uno sobre el que poco, por no decir que nada, se ha hecho para efectos de resolverlo”. “Mi impresión es que allí han estado prevaleciendo unos intereses de unos sentimientos minúsculos, y definitivamente se echa uno de menos la grandeza que debería caracterizar a un cuerpo como la Corte Suprema de Justicia”, dice Esguerra.

En el mismo sentido, César Rodríguez, director de la ONG DeJusticia, dice que “los magistrados tienen que poner a la institución por encima de sus diferencias y llenar las vacantes, pues una interinidad de la Fiscalía sería muy perniciosa para el país”.

Excelencia en la Justicia le pidió al Gobierno que aplique en este caso los compromisos de transparencia para la elección de altos magistrados que anunció el año pasado, y que permita que los colombianos tengan la oportunidad de debatir sobre las hojas de vida de los ternados.

El limbo de la Judicatura

Aunque, en el papel, la Sala Administrativa de la Judicatura tendría que haber desaparecido el 31 de diciembre del año pasado, hoy sigue viva porque la reforma del equilibrio de poderes no está en marcha y el organismo que sería su remplazo –el Consejo de Gobierno Judicial– está suspendido por efecto de varias demandas en el Consejo de Estado.

En la Sala Administrativa, que tiene la función de manejar los recursos de la Rama, hay dos magistrados provisionales y cuatro titulares. Y en la Sala Disciplinaria faltan cuatro nombramientos titulares de siete magistrados.

Los efectos del limbo en el que está hoy esa institución son enormes. Por un lado, como lo señaló el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, la Judicatura perdió capacidad de interlocución ante el Gobierno y ante la misma Rama. “Hemos perdido gobernabilidad”, admite Martha Lucía Zamora, nueva presidenta de la Sala Administrativa y quien está como magistrada encargada.

Los dos meses que ya completa el paro de los jueces civiles y de familia en Bogotá sin que se anticipe una solución muestran hasta qué punto la Judicatura no logra cumplir con sus obligaciones. Por lo menos 60.000 colombianos han visto negado su derecho a la administración de justicia, pues los despachos que debían atenderlos entraron en paro apenas sus funcionarios regresaron de las vacaciones colectivas.

Zamora manifiesta que “la transición (por la congelación del equilibrio de poderes) fue traumática porque la Sala Administrativa dejó por un tiempo de cumplir con sus funciones que se están retomando hasta ahora. Hubo decisiones que no se pudieron tomar en su momento porque solo había cuatro magistrados”. Apenas hasta ahora empieza a hablarse de sanciones contra los que promueven el paro y suspensión de pago para los que no han trabajado.

La Corte Suprema ha planteado que esos cargos deben ser ocupados por magistrados nombrados en propiedad, una medida controvertida si se tiene en cuenta que la Judicatura va a desaparecer.

Reforma que no ha sido

En la otra Sala, la Disciplinaria, hay centenares de procesos contra jueces y abogados a punto de prescribir porque, además, este año desaparecieron decenas de cargos de descongestión que estaban asignados a los despachos de los magistrados.

La interinidad del Consejo Superior de la Judicatura también ha significado otras dificultades. A estas alturas, ya debería haberse iniciado el proceso para la convocatoria y selección de los magistrados del nuevo Tribunal de Aforados (que reemplazará a la desacreditada Comisión de Acusación de la Cámara en el control sobre los magistrados de altas cortes y el fiscal general) y también para el nuevo órgano de control disciplinario de la justicia.

El lío es que esa función la debía cumplir el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, cuya conformación está demandada y que quedó congelado por varias medidas cautelares dictadas por el Consejo de Estado. Mientras este alto tribunal no falle, el efecto real es que la reforma del poder judicial más importante desde la Carta del 91 es letra muerta.

“Para el país es vital que el Consejo de Estado tome una decisión cuanto antes en esas demandas”, asegura Gloria María Borrero, de Excelencia en la Justicia. Borrero agrega que si se caen algunas de las elecciones, tanto el Gobierno como la misma Rama debían garantizar un proceso serio en el que los designados sean los mejores.

César Rodríguez, de DeJusticia, dice que “la transición entre la Judicatura y el nuevo Consejo de Gobierno no se ha dado por una serie de circunstancias que combinan negligencia, oportunismo y clientelismo en las elecciones de algunos de los miembros” del nuevo órgano.

Mientras tanto, hay decisiones claves que están en el tintero. En la Judicatura, por ejemplo, nadie parece estar pensando en la infraestructura que requerirá la nueva jurisdicción de paz acordada con las Farc.

Defensor interino y Procurador en riesgo

Otro organismo de control clave para el país, la Procuraduría, también está en riesgo de interinidad. Para la próxima semana está previsto, finalmente, el arranque de la discusión sobre la legalidad de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez.

Ese caso, que completa más de un año de aplazamientos, partirá, según fuentes cercanas al Consejo de Estado, con una ponencia que les da razón a los demandantes: estos señalan que el segundo tiempo de Ordóñez en la Procuraduría, que empezó en el 2013 y termina este año, no era posible porque no está previsto en la Constitución.

El Procurador, que desde el año pasado inició una campaña mediática que lo ha llevado a asegurar que su salida del cargo es una supuesta exigencia de las Farc en La Habana, tiene en el Consejo de Estado varios aliados y de entrada se sabe que el debate se enredará por las inhabilidades de varios consejeros que tienen familiares en altos cargos del Ministerio Público.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo completa más de un mes en interinidad, tras la renuncia de Jorge Armando Otálora por el escándalo de supuesto acoso sexual. Aún no ha comenzado el proceso de elección del nuevo Defensor, que es elegido por la Cámara de terna enviada por el Presidente.

‘Si hay fiscal encargado, no habría traumatismo’: Minjusticia

En una de las primeras declaraciones oficiales del Gobierno sobre la elección del sucesor de Eduardo Montealegre, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que un eventual encargo al vicefiscal no representaría mayores dificultades para el país.

Reyes confió en que la Corte Suprema elija pronto las vacantes que tiene pendientes, de cara a la elección del Fiscal, pero señaló que si no se diera una elección en propiedad, “como ya ha ocurrido en por lo menos una oportunidad anterior, eso no es una razón suficiente para pensar que la Fiscalía va a dejar de funcionar eficientemente”.

En ese caso, señaló, “está previsto que el vicefiscal general asuma por encargo las riendas de la Fiscalía y por ende no habría un traumatismo en el funcionamiento de esa entidad”.

JUSTICIA

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