La estrategia para que uribistas aprovechen la justicia transicional

La estrategia para que uribistas aprovechen la justicia transicional

Habría tres vías para que los civiles de esa tendencia se acojan al esquema.

27 de febrero 2016 , 06:48 p.m.

Esta semana se abrió el debate sobre la posibilidad de que algunos uribistas civiles, privados de su libertad, se acojan a la justicia transicional que se aplicaría tras el fin del conflicto, algo que al parecer, varios de ellos estarían analizando.

Pese a las severas críticas lanzadas por el Centro Democrático (CD) a ese esquema de justicia, exfuncionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) han recibido en sus lugares de reclusión a personas cercanas al proceso de paz, las cuales les han explicado en qué consiste y cuáles serían sus beneficios.

Entre los que están haciendo esta pedagogía están el exministro Álvaro Leyva y el abogado de las Farc Enrique Santiago, quienes se han reunido no solo con uribistas sino con todas las personas interesadas en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz.

Militares

En la misma línea, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), manifestó el miércoles pasado que su gremio está “convencido” de que la justicia transicional lo “favorece para poder sacar de esa tragedia a más de 20.000 hombres de nuestras Fuerzas Militares que se sienten solos y desamparados”.

Y aunque los delitos cometidos por algunos exfuncionarios de Uribe no están relacionados estrictamente con el conflicto, como en el caso de los militares, existen algunos caminos por los cuales sus penas podrían ser revisadas por el Tribunal para la Paz, y para que ellos puedan acogerse a sus beneficios.

EL TIEMPO pudo establecer con algunos integrantes de la comisión jurídica que acompaña los diálogos de La Habana que existirían tres opciones para que los uribistas civiles condenados puedan ser cobijados por el esquema, en caso de decidirse.

La primera sería para quienes están condenados por haber entregado dádivas a congresistas a cambio de que votaran favorablemente la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe. Entre ellos estarían los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, entre otros.

La lógica de algunos integrantes de esa comisión, que además elaboró el texto del acuerdo sobre justicia, es que en 2006 los ciudadanos votaron a favor de reelegir la “seguridad democrática”, principal política del expresidente Uribe para combatir a los grupos armados ilegales, y no solamente por la permanencia del exmandatario. Este hecho haría que los delitos por los que fueron condenados Palacio y Pretelt estén relacionados indirectamente con el conflicto y puedan acogerse eventualmente al modelo.

Chuzadas

La segunda posibilidad es para quienes están condenados por las chuzadas, entre quienes están el exsecretario de Presidencia de Uribe Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado.

En caso de que ellos quieran ser cobijados por el modelo se podría tomar en cuenta que estaban interceptando a personas que supuestamente estaban relacionadas con grupos armados ilegales, como la exsenadora Piedad Córdoba.

Y la tercera vía sería para personas como el hacker Andrés Sepúlveda y el exdirector espiritual del CD, Luis Alfonso Hoyos. Sepúlveda está condenado por su intento de boicotear el proceso de paz a través de chuzadas a los negociadores, y a Hoyos la Fiscalía le imputó cargos por los mismos hechos. Ambos, obviamente, habrían cometido delitos relacionados con el conflicto.

El Gobierno, no obstante, cerró la posibilidad de que los uribistas puedan acogerse a este esquema.

“Lo que está previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz es que esta se ocupe de hechos cometidos durante el conflicto armado, pero también en relación con él. De tal manera que, por el conocimiento que tengo de los procesos que se siguieron en contra del exministro Diego Palacio, el delito que se le atribuye no tiene nada que ver con el conflicto armado”, dijo el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

Para el profesor de ciencias políticas de la Universidad del Rosario Rubén Sánchez, los acercamientos con los uribistas son eminentemente políticos. “Si se firma el fin del conflicto, es evidente que si no hay una unidad en el establecimiento, la paz va a ser mucho más difícil”, dijo el académico.

Por ahora, el uribismo intentará que el Congreso apruebe la creación de un tribunal exclusivo para militares y civiles y que beneficiaría a los miembros de esa tendencia. Sin embargo, la apuesta principal de los impulsores de la paz parecería ser, por ahora, lograr que los uribistas sean los que se acojan al esquema de justicia anunciado.

POLÍTICA

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