Ojo con la 'antenitis' aguda / Voy y vuelvo

Ojo con la 'antenitis' aguda / Voy y vuelvo

La instalación de antenas en Bogotá debe tener en cuenta a la comunidad y la legislación vigente.

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27 de febrero 2016 , 06:46 p.m.

El Gobierno Nacional acaba de conminar a los gobiernos de Bogotá y de otras ciudades del país a revisar las normas que hoy impiden la instalación de antenas y otras estructuras que resultan indispensables para la operación eficiente de las telecomunicaciones.

Y para ponerle celeridad al asunto, el ministro de las Telecomunicaciones, David Luna, dio un plazo de 30 días para que las autoridades locales respondan las inquietudes planteadas por el Ejecutivo y seis meses para que esas mismas autoridades modifiquen sus Planes de Ordenamiento Territorial con el mismo objetivo.

La conminación del Ministro obedece, entre otras razones, al permanente reclamo ciudadano –que incluye al Presidente de la República– por el pésimo servicio que, según la gente, se presta en materia de telefonía celular y, por esa vía, al acceso a internet, datos y otras herramientas fundamentales para la vida moderna.

Y está bien que se quiera mejorar el servicio. Y que se le meta acelerador al tema. Ya quisiera uno que esa misma celeridad se viera a la hora de promover unos POT que eviten la densificación urbana a toda costa o que al menos se alinearan para proteger recursos vitales como el agua, los páramos o las zonas de cultivo. Pero ahí sí no hay celeridad.

Volviendo al tema, y para ser claros, lo que se pretende es que la oposición que por muchos años han expresado algunos mandatarios regionales y la misma ciudadanía a la hora de instalar antenas enormes en cualquier rincón de la ciudad no exista más. Que las empresas puedan extender sus redes y su infraestructura sin límites en aras de que el servicio mejore y cesen los reclamos, pues no hay nada más desesperante que la caída de una llamada en el momento más inoportuno o la falta de señal en algún rincón de la casa.

Y es aquí donde el tema requiere de mucho cuidado. Nadie se opone a que tengamos un mejor servicio en nuestros aparatos electrónicos, pero tampoco se puede hacer a costa de la tranquilidad, el bienestar y el mobiliario de la ciudad. Yo mismo me opuse a la instalación de una antena de varios metros frente a mi casa. Y no por razones de salud, sino estéticas. Porque a la ciudad también hay que protegerla de quienes atentan contra su belleza, como los pegoteros, los grafiteros, los malparqueados, los invasores y muchos constructores que prácticamente nos dejaron sin el placer de mirar y disfrutar de nuestras montañas a la distancia.

El día en que me opuse a dicha operación, indagué cuál era la razón para que una persona facilitara nada más y nada menos que el patio de su propia casa para montar un armatoste de varios metros de altura. El cráter era impresionante, y la explicación que se nos dio a los vecinos es que la ubicación de la antena estaba autorizada por Planeación Distrital. Pero la razón de fondo era que al vecino le iban a pagar 3 millones de pesos al mes por arrendar su espacio. Al final logramos evitar semejante exabrupto.

Pero muchas otras comunidades no han corrido con la misma suerte. Han tenido que resignarse a que muy cerca de sus hogares o en un predio del barrio les pongan una antena sin siquiera ser consultados o advertidos del hecho.

De ahí las denuncias de toda índole, muchas de ellas alegando problemas de salud debido a la emisión de ondas radioeléctricas, que aunque las autoridades aseguran que se trata de un debate ya superado, hay quienes sostienen que, por el contrario, sigue siendo una razón de peso para atravesársele a la instalación de las antenas. Hasta la Corte Constitucional ha advertido sobre el tema y ha ordenado el desmonte de varias de ellas.

Confiemos en que la propuesta del Ministro no sea interpretada como una patente para inundar a las ciudades de antenas y torres a cualquier altura, en cualquier antejardín o en cualquier edificio que, por querer ganarse unos pesos de más, terminan entregándolo todo. No, que se haga con rigor, con estética, con un mínimo de consideración por el patrimonio que representan nuestros barrios, nuestras plazoletas, nuestros parques, nuestros espacios públicos.

Y una de las primeras tareas que hay que emprender es la de determinar el número de antenas que hay en la ciudad y su ubicación, así como el total de las que se necesitarán en el futuro. Solo para la tecnología 4G se habla de 5.000 antenas que se requieren, adicionales a las 15.000 que ya existen en el país.

Hoy existen múltiples alternativas para evitar que estas estructuras incomoden a los ciudadanos; se camuflan o se elaboran de forma tal que no resultan invasivas, ni afectan el entorno ni dificultan la visibilidad. Ojalá todo esto sea tenido en cuenta en las recomendaciones del Ministro y que los alcaldes entiendan que aquí también debe prevalecer el derecho a contar con ambientes sanos y dignos.

Insisto: nadie se opone al desarrollo de nuevas tecnologías, a que estas ofrezcan un mejor servicio –que bastante lo necesitamos– y a que cuenten con las condiciones para ello, pero que se haga con responsabilidad y sin vulnerar los derechos de los ciudadanos y de la misma ciudad, que no merece más atropellos.

ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor Jefe EL TIEMPO
erncor@eltiempo.com
En Twiter: @ernestocortes28

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