'Se deben revisar las restricciones para los agresores de menores'

'Se deben revisar las restricciones para los agresores de menores'

El debate: Hombre reclama el 'derecho al olvido'. Que su nombre sea borrado de bases de datos.

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25 de febrero 2016 , 11:07 p.m.

La ministra de Educación, Gina Parody, se refirió este jueves al caso de Luis Alfonso Cano, quien pagó una condena por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con menores y hoy es rector de un colegio en Honda (Tolima). (Lea también: ¿Derecho al olvido prima en casos con menores de edad?)

El debate publicado este jueves por EL TIEMPO hace referencia al llamado ‘derecho al olvido’ al que se acogió Cano y que obliga a que su nombre se borre de las bases de datos de acceso abierto.

La ministra Parody dijo que debe abrirse una discusión nacional al respecto.

“Queremos que el país se haga una serie de preguntas sobre este tema porque la Constitución y la ley, por ejemplo, impiden que un funcionario que se haya robado recursos públicos vuelva a tocar esos dineros. Creemos que es un momento para cuestionar sobre si debe haber una limitación semejante para una persona que haya agredido sexualmente a un menor, y deba haber una restricción para al menos no ocupar cargos de profesores y rectores”, señaló.

Este miércoles, el Ministerio había afirmado que está considerando como alternativa una valoración adicional de la capacidad para trabajar con menores de edad, una vez se realiza la evaluación psicológica para el concurso docente.

Además, planteó que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales deberían replantearse una reforma legal de la Ley 734 de 2002 (código disciplinario único), con el fin de establecer una inhabilidad para quienes cometan conductas punibles relacionadas con menores de edad.

De acuerdo con el mismo Ministerio, el rector en cuestión fue nombrado luego de participar en un concurso para directivo docente realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Una vez surtido ese proceso, las secretarías de Educación son las responsables de realizar los nombramientos.

Para Cristina Plazas, directora del ICBF, “es inadmisible que un delincuente que violenta los derechos de los niños de forma tan cruel reciba penas de prisión vergonzosas y, peor aún, tenga la posibilidad de trabajar con niños”.

JUSTICIA

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