Condenan a exparamilitar a 11 años por caso de Jineth Bedoya

Condenan a exparamilitar a 11 años por caso de Jineth Bedoya

Alejandro Cárdenas, alias J.J., es la primera persona en ser condenada por estos hechos.

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25 de febrero 2016 , 10:48 a.m.

El juez quinto especializado de Bogotá condenó a una pena de 11 años y cinco meses de prisión a Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J., por los delitos de secuestro simple y tortura, cometidos contra la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo de 2000.

El juez también le ordenó pagar una multa de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 62 millones de pesos. (Lea Jineth Bedoya pide condena ejemplar a 'expara' culpable en su caso)

El juez tomó esta decisión después de que Cárdenas aceptó cargos ante la Fiscalía, el 6 de septiembre del 2011. Cárdenas aceptó ser responsable de los delitos de secuestro y tortura, pero no de la violación que también sufrió la periodista durante la época. (Conozca acá los detalles claves del fallo)

"Ineludablemente el acusado generó una extrema crueldad hacia la víctima, por la manera como se le coartó el derecho a la libertad, lo que de suyó acarreó dolor, sufrimiento y angustia, tanto a la víctima, como a su familia, amigos y la sociedad en general, que sin mayor oposición no terminan de vivir el horror del secuestro", dice el fallo. 

La investigación contra Cárdenas por el abuso sexual cometido contra Bedoya continuará por parte de la Fiscalía en un proceso distinto. (Lea también Alias el Panadero aceptó graves cargos en caso de Jineth Bedoya)

Cárdenas había quedado libre el año pasado por un error de la Fiscalía, pero luego el mismo órgano acusador ordenó su recaptura y fue detenido cuando intentaba salir del país.

Bedoya sufrió los delitos de secuestro, tortura y violación el 25 de mayo del 2000, cuando investigaba graves hechos de violaciones a los derechos humanos y tráfico de armas al interior de la cárcel La Modelo.

Fiscalía investiga desapariciones en La Modelo

Más de 16 años después de que la Modelo fuera considerada el sitio de Bogotá en el que más homicidios se cometían, a finales de los 90 y comienzo del 2000, la Fiscalía abrió un expediente judicial para investigar la desaparición de más de cien personas, entre internos y visitantes, que entraron al penal y de quienes nada se volvió a saber.

La Fiscalía señaló que desde finales del año pasado un grupo de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional investiga graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el reclusorio.

En el expediente ya están los testimonios de una decena de exparamilitares que han señalado que en el penal funcionaban oficinas de cobro, de secuestro y comercio de drogas y armas.

Uno de ellos dijo que en el 2001 se aprovechaba que en la cárcel se permitía la crianza de marranos para darles a los animales las personas que eran asesinadas. Igualmente, señaló que a la cárcel ingresaban, con complicidad de la guardia, particulares que llegaban a pagar deudas y que eran asesinados y desmembrados para luego lanzarlos a las alcantarillas.

JUSTICIA

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