El caso de Luis Alfonso Cano, quien pagó una condena por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con menores y hoy es rector de un colegio en Honda (Tolima), pone sobre la balanza dos derechos básicos: el de los condenados que pagaron su pena a que se ‘limpie’ su nombre en registros públicos y el de los menores de edad a ser protegidos de manera prioritaria y en toda circunstancia.
La polémica empezó a finales del 2015, cuando la periodista Salud Hernández-Mora publicó en este diario una columna de opinión en la que contaba el caso del rector Cano, quien a su vez solicitó, amparado en una sentencia de la Corte Constitucional, que su nombre desapareciera de las noticias que lo relacionaban con la condena por abuso y que se respetara su derecho al olvido. (Lea la columna de Salud Hernández-Mora El zorro cuida gallinas)
Cano también ofició ante la Corte Suprema para que esa corporación borrara de sus bases de datos las menciones explícitas a su nombre. El tribunal acogió la solicitud, si bien señaló que “mantendrá el documento íntegro (la sentencia condenatoria) en los archivos de la corporación (....) Este podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa, bajo los preceptos legales que rigen el derecho a la información pública”. De hecho, en la Relatoría de la Corte, que se puede consultar por internet, el expediente aún está disponible. (¿Derecho al olvido prima en casos con menores de edad?)
Y este año, cuando fue consultado de nuevo por la periodista Salud Hernández-Mora para la elaboración del reportaje sobre el debate que generó en Honda su continuidad, el rector dirigió un derecho de petición a esta Casa Editorial para que se abstuviera “de publicar cualquier noticia, reportaje, columna u otra similar” relacionadas con su nombre y su condena del año 2000.
En el documento enviado a EL TIEMPO, Cano argumenta que exponer los hechos que cometió hace 15 años públicamente impide su “reinserción social y profesional”. Dice que pagó su deuda con la sociedad y que no debería “cargar con esa cruz toda la vida”. (Lea El caso del rector de colegio que genera debate en Honda)
Tutela en la Corte
En marzo del 2001, la Corte Suprema negó una tutela con la que Cano Bolaño pretendía tumbar su condena. Los hechos se originaron el 2 de junio del 2000, cuando las autoridades allanaron la casa de Cano Bolaños en Barranquilla y hallaron “varios videos donde se filmó al citado con menores de edad a los que sometía a prácticas sexuales”.
El hombre aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y pornografía con menores, ambos en concurso homogéneo, por lo que recibió rebaja de pena. Le impusieron 60 meses de prisión.
En la tutela, Cano aseguraba que el allanamiento había sido ilegal y que en la aceptación de cargos supuestamente hubo un error al transcribir su versión: “Admitió grabar videos con menores para después verlos, expresión esta última que se cambió por ‘venderlos’, cambiándosele el sentido a lo que en verdad aceptó”, sostenía su defensa.
La Corte negó la tutela por improcedente.
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