Desde que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicó en el Concejo un proyecto pidiendo luz verde para tramitar una consulta popular minera, los ánimos se han caldeado en la ciudad entre opositores y defensores de la explotación minera a cielo abierto.
El mandatario incluso ya radicó en el Concejo la pregunta que se les haría a los ciudadanos, que quedó redactada así: ¿está de acuerdo sí o no con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agrícola o turística del municipio con motivo de proyectos mineros?
Jaramillo considera que, de concretarse una explotación minera en Ibagué, se afectaría la cuenca del río Coello, afluente que alimentará el acueducto complementario para darles agua de manera continua a unos 80.000 ciudadanos que dependen de acueductos comunitarios.
Este mes, los innumerables debates en el Concejo se han centrado en el hecho de si los entes territoriales pueden convocar consultas populares para que los ciudadanos decidan si se hace o no minería a gran escala en sus territorios, por lo que el alcalde les pidió a los concejales “votar sin miedo”, pues el artículo 33 de la Ley 136 señala que “los municipios son los que deciden sobre su suelo”.
Concejales como Jorge Bolívar señalan que, tras haber escuchado los planteamientos de más de 10 abogados expertos en temas mineros, jurídicamente, “el Concejo no es competente para definir tema de este tipo”.
Según el concejal Pedro Mora, cuando quedan 5 días para definir si se le dan facultades o no al alcalde para hacer la consulta, la mayoría del Concejo “no sabe qué hacer” porque no es una decisión fácil.
El director corporativo de la minera Anglogold, Juan Camilo Nariño, señaló en una sesión del Concejo que la incidencia minera de la multinacional es en la mina La Colosa, del municipio de Cajamarca. “La decisión no tiene nada que ver con nosotros”, aseguró Nariño.
Finalmente el procurador ambiental, Ernesto Cardoso, asegura que no hay competencia de los concejos ni de los alcaldes “para convocar consultas populares que restrinjan la actividad minera en el territorio departamental o municipal”.
EL TIEMPO