Editorial: Claridad urbanística

Editorial: Claridad urbanística

Es urgente que Bogotá tenga claro cuál será el futuro de su desarrollo territorial.

24 de febrero 2016 , 07:51 p.m.

Un espacio equivalente al 20 por ciento del área urbana de Bogotá quedó, literalmente, en el aire. En efecto, se trata de la misma superficie que, durante los últimos quince meses –y gracias al decreto 562 de 2014–, los constructores consiguieron edificar en altura, sin ninguna restricción, siempre y cuando compensaran al Distrito con terrenos para espacio público o con dinero.

Hablamos de 9.000 hectáreas que pudieron elevarse previa aprobación de 901 licencias otorgadas por las curadurías urbanas. Y quedan otras 2.362 pendientes, que podrían seguir adelante si así lo determinan las autoridades competentes. Esto significaría construir 470 edificios adicionales en Bogotá, que estarían ubicados en un cuadrante que va de la calle 127 a la primera, entre la avenida Boyacá y la carrera 7.ª.

Para frenar dicha tendencia, el alcalde Enrique Peñalosa derogó esta semana el 562. La razón esencial es que la norma se aprobó sin medir consecuencias, sin calcular el impacto urbanístico que generaría, porque no tuvo soportes técnicos y porque está ocasionando una explosión edificadora en zonas no aptas para ello. Hay voces que opinan lo contrario, pues la ciudad, por esta vía, habría conseguido captar recursos por 200.000 millones de pesos.

La eliminación del 562 fue anunciada por el nuevo gobierno desde tiempos de la campaña. Y es otro de los tantos puntos que chocan con la pasada administración, que basaba su concepto urbanístico en la concentración de la ciudad en un espacio denominado el centro ampliado.

Más allá del debate jurídico, vuelve a quedar planteado aquí un asunto de fondo que es el que la ciudad tiene que mirar con rigor urbanístico y sindéresis política: ¿hacia dónde debe desarrollarse la ciudad? ¿Qué es lo que más le conviene al territorio? ¿Cómo blindar el modelo urbano? ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar de norma con cada administración?

Una vez estas y otras preguntas tengan respuesta, seguramente el panorama será más claro. Hasta el momento, lo único evidente es que el futuro de Bogotá ha estado mediado por la polarización política, la incertidumbre y la especulación, antes que por los argumentos técnicos y el interés común. El 562 es fruto, justamente, de ese manoseo de las normas que terminaron con la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En tema tan decisivo para el devenir de Bogotá, es urgente que se legisle con responsabilidad y acatamiento de las normas; con la lógica que impone una ciudad diversa y dinámica como la capital. Hablamos del futuro de una urbe con 8 millones de almas, que no puede estar al vaivén del sesgo político ni de iniciativas que chocan con los conceptos de planificación urbana; hablamos de un tema que hoy es determinante para la humanidad.

Las esperanzas para que se obre en ese sentido están puestas en el Plan de Ordenamiento Territorial que comenzará a discutirse en breve, y en el que se espera un mínimo de consenso entre fuerzas políticas, un debate sincero, unas recomendaciones puntuales y un voto de confianza, para que lo que salga de allí sea lo que más les conviene a Bogotá y a sus futuras generaciones.


editorial@eltiempo.com

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