Diecinueve de cada 100 pesos con los que iba a contar el sector de empleo público del país en el 2016, según su asignación presupuestal, tendrán que hacer parte de las restas que hará la entidad en sus gastos e inversiones.
Este es el sector que tiene el porcentaje de recorte presupuestal más alto (19,1 %), en relación con lo que tenía. En él se incluyen entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública o la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), las cuales, este martes, al igual que las 190 entidades que participan en el Presupuesto general, echaban números y revisaban sus programas y proyectos, en busca de elegir cuáles son más susceptibles de sacrificarse.
Esto, a la luz del recorte total de 6 billones de pesos que el Gobierno anunció y que, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se hace como un acto de responsabilidad fiscal, ante la baja en la disponibilidad de recursos públicos por cuenta de la caída en los precios del petróleo, producto del que Colombia obtenía una buena parte de sus rentas.
Inversión pone la mitad
Del tijeretazo al Presupuesto de este año, el cual, ya no será de 215,9 billones, sino de 209,9 billones, se destaca la alta cifra que se le quita a la inversión: 3 billones de pesos, equivalentes al 50 por ciento del recorte.
Según Cárdenas, esto se debe a que ahí está incluido el billón de pesos que tenía el Ministerio de Hacienda como provisión, “para garantizar el resultado fiscal consistente con las metas de regla fiscal correspondiente al 2016”, dice la Ley de Presupuesto. (Lea también: Por qué es necesario el ahorro de 6 billones de pesos)
Por esta razón, el mayor peso en el aporte al apretón lo tiene Hacienda, con el 47,45 por ciento del total.
Cabe destacar que el sector Hacienda, como tal, tenía una apropiación presupuestal de 69,5 billones de pesos y le quitan 2,8 billones de pesos, que corresponden al 0,4 por ciento de su asignación original.
Aunque todas las entidades públicas aceptan el recorte, por la necesidad que tiene el país de gastar menos, no deja de haber preocupación.
Alejandro Larreamendi, director de la Esap, señala que le harán una propuesta al Ministerio de Hacienda, de manera que puedan salvar al menos una de las inversiones claves para ellos en este año. “Tenemos previsto invertir 33.000 millones de pesos en la construcción de sedes en cinco ciudades (Cali, Barranquilla, Medellín, Tunja y Villavicencio). Abogaremos para que no nos quiten estos recursos”.
El otro gran proyecto de la Esap para este año es la reforma administrativa, que incluye la ampliación de la planta de personal en 191 profesionales y 150 profesores.
Habrá que esperar qué sucederá con este tema, toda vez que, según la propuesta de recorte del Ministerio de Hacienda, los gastos de personal tendrán que reducirse en 660.000 millones de pesos, lo que implicará el congelamiento de la nómina existente para mantener el nivel de gasto que tenía para diciembre del 2015, cuando el Gobierno central contaba con 720.579 empleados (el total de la nómina pública está integrada por 1’166.517 empleados, de los cuales 502.190 son del orden territorial).
En cuanto a los contratos de prestación de servicios, según expone el Ministerio de Hacienda, “se aplaza en un 5 por ciento los servicios personales indirectos acorde con lo establecido en la Directiva Presidencial 01 del 2016 (Plan de austeridad).
Por lo demás, la regla general aplicada, explicó Cárdenas, es que “todo lo que no sea prioritario se recorta en 15 por ciento”.
Después del empleo público, el sector de comunicaciones es el segundo al que más le cortan, 13,11 por ciento, frente a la asignación inicial.
Otras reducciones grandes están por el lado de deportes (13 % de su apropiación), ambiente y desarrollo (12, 4 %) e información estadística (9,9 %).
Para sectores que mueven la economía, la peluqueada es menor. A vivienda, por ejemplo, le quitan el 4,7 % de su partida inicial, y el recorte en educación es casi imperceptible (0,44 %).
Los intocables
Los gastos de funcionamiento pondrán 2,5 billones del total recortado al presupuesto, mientras que el servicio de la deuda pierde 500.000 millones de pesos.
Aunque el Gobierno expresó que en este apretón todos ponen, por Constitución hay unos intocables. Es el caso de las transferencias a las regiones a través del Sistema General de Participaciones, las asignaciones a universidades, el pago de pensiones y la plata destinada para cubrir sentencias y conciliaciones.
Pero, además, hay otros salvados. Por ejemplo, se excluyen los gastos generales asociados a operaciones militares y de Policía, pues, según explicó el Ministro de Hacienda, “se trata de gastos en combustible, dotación y alimentación de la Fuerza Pública”.
El Fondo de Adaptación fue otro que salió ileso. Tal como confirmó su director, Germán Arce, “al Fondo le reprogramaron 1,5 billones de pesos en el Presupuesto original del 2016. Esto implicó una caída de 75 por ciento, pues inicialmente dispondría de 2 billones de pesos. Esto nos obligó a reprogramar también algunas metas para este año y posponerlas para el 2017 y el 2018. Como consecuencia, no nos recortaron en el ajuste de hoy”.
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