Editorial: Una verdad que hace falta

Editorial: Una verdad que hace falta

Finalmente se investigará el episodio de los desaparecidos en la cárcel Modelo entre 1997 y 2001.

23 de febrero 2016 , 07:33 p.m.

Fueron las palabras de alias el Panadero cuando aceptó su responsabilidad en el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya las que revivieron un brutal capítulo de la historia del conflicto que, por razones que sería bueno algún día aclarar, increíblemente, permaneció más de una década en el olvido: el de las horrendas desapariciones, por decenas, en el principal centro penitenciario del país.

Conviene recordar aquí cómo entre 1997 y el 2001 el sistema carcelario colombiano afrontó la peor crisis de su historia. El hacinamiento alcanzó una cifra escandalosa del 260 por ciento. Una de ellas era La Modelo de Bogotá.

Este centro de reclusión se convirtió a finales de la década de 1990 en el sitio de descongestión de otras penitenciarías y estaciones de policía. Además, por su ubicación, daba supuestas garantías de seguridad para tener confinados a los capos más peligrosos de la mafia, el paramilitarismo, la guerrilla y la delincuencia común. Era un pedazo de la guerra y la corrupción confinada en una construcción a solo 500 metros de una de las guarniciones militares más grandes de Bogotá.

Y el poder que se disputaban afuera se trasladó a la cárcel, con capacidad para 1.800 reclusos, y que llegó a tener 5.870. Ahí los capos empezaron a ejercer su tenebroso poder. Con complicidad de las autoridades carcelarias, paramilitares, guerrilleros y delincuencia organizada, entraron armamento pesado, explosivos, elementos ilegales y trasladaron allí sus ‘oficinas’ y, sobre todo, su barbarie. Fue desde allí donde el paramilitarismo comenzó a mover el tráfico de armas, las extorsiones, el ajuste de cuentas, etc. Fue allí a donde Jaime Garzón tuvo que ir para averiguar por las amenazas de la casa Castaño. Incluso, según testigos, fue allí donde se firmó su sentencia de muerte. De un momento a otro, La Modelo se convirtió en un campo de batalla, con al menos tres enfrentamientos semanales entre los reclusos, con muertos y asesinatos colectivos. Adentro, los internos prestaban guardia para protegerse de ellos mismos, ante la impotencia del Inpec.

Con armas largas, los paramilitares se paseaban por los pasillos. Nadie decía nada. La ley del más fuerte empezó a reflejarse en los secuestros dentro del mismo penal, los descuartizamientos, los ajustes, y el tráfico de drogas y armas. Eso investigaba Jineth Bedoya cuando la secuestraron en la puerta de la cárcel. Ella denunció lo que allí ocurría y la única persona que le creyó y se sumó a su investigación fue el defensor regional del pueblo Iván Villamizar Luciani, pero los paramilitares lo asesinaron en el 2001 en Cúcuta. Ambos documentaron 16 descuartizamientos y desapariciones. La vergüenza, lo inentendible y triste es que nadie hizo nada. Ahora, casi 16 años después, la Fiscalía le da validez a lo que allí ocurrió y asegura que podrían ser más de cien los desaparecidos.

Pero antes, este diario –de manera conjunta con El Espectador– publicará el trabajo de Bedoya, entonces trunco por causa de la sevicia. Luego, la pelota quedará en el terreno del ente acusador, con la admonición de que si un episodio, por sus dolorosas aristas, por su incuestionable valor simbólico del rosario de crueldad que ha soportado este país, exige verdad y justicia, es este.

editorial@eltiempo.com

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