Las diferencias entre la comunidad, la Alcaldía de Quetame y la concesionaria Coviandes a causa de las obras que se construyen para la doble calzada de la vía Bogotá-Villavicencio, tuvieron un nuevo capítulo, esta vez mediado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad de Bogotá.
Según Wilder Hernández Moreno, alcalde del municipio de Quetame, la decisión del juzgado de negar la acción de nulidad que pretendía Coviandes se ajustó al derecho porque la concesionaria quería que la Alcaldía reubicara a 78 personas que habitan en 29 viviendas que se ubican cerca a las obras de la doble calzada que está en ejecución entre Cáqueza y Guayabetal.
“Argumentando que por espacio público yo debía velar por el cumplimiento del mismo y reubicar a esas personas que estaban en riesgo, la concesionaria quería sacarlos, pero desconoce que hay gente que vive desde hace más de 20 años y yo no puedo desconocer la propiedad privada”, dijo el alcalde.
Explicó que la concesionaria que administra y opera la vía Bogotá-Villavicencio, pretendía librarse de la responsabilidad de pagar por los daños causados por la construcción de los túneles 2 y 2A que hacen parte de los trabajos.
“Esos túneles al parecer afectaron gravemente las viviendas que se encuentran en el centro poblado de Quetame, ubicadas cerca al río Negro, dejando a los habitantes de este sector en alto riesgo de desastre, razón por la cual requieren que sean urgentemente reubicados”, dijo el alcalde.
Explicó que la acción del cumplimiento es negada y se le dice a la concesionaria que ese no es el mecanismo para querer retirar las viviendas del sector y aclaró que su alcaldía no cuenta con los recursos para hacer esa reubicación. Por ahora, la concesionaria apeló la decisión del Juzgado.
'Los están dejando sin agua'
Néstor Julián Botía, abogado del municipio de Quetame, advirtió que no se hicieron estudios previos a los trabajos de la doble calzada y que por esa situación “la vereda Trapichito, se quedó sin agua con la construcción del túnel, se secaron sus acuíferos y se quedaron sin el acceso a otros sitios como la vereda Guacapate, en donde la gente quedó encerrada”.
Agregó que los estudios y diseños del proyecto El Tablón-Chirajara de la doble calzada de la vía al Llano, no contemplaron un análisis de impacto predial, social y económico sobre la zona que iba a estar contiguo a los túneles y que no hicieron las obras de mitigación del río.
El abogado del municipio de Quetame sostuvo que lo que la concesionaria Coviandes pretendía era evadir la responsabilidad en los daños y en las afectaciones de esas casas y encargar al municipio de que hiciera la expropiación y la adquisición de esos predios que quedan al margen del río. “El juzgado vio que era una afectación a derechos colectivos en donde no solamente están afectados los habitantes sino que también el medio ambiente”.
'Hace rato que vivimos por acá'
María Yinda Pardo Ríos, habitante de Puente Quetame y quien dice estar afectada por las obras de construcción de los túneles de la doble calzada de la vía al Llano que pasan por ese sector, señaló que lo que pasa es que le echaron mucha dinamita a las excavaciones y que por eso se dañaron todas las casas.
“Le echaron la culpa al municipio pero nosotros no estamos echando dinamita ni haciendo obras. Lo que pasa es que le echaron demasiada dinamita y nos tocó salirnos de allá porque dañaron las casas y están que se caen”, dijo María Yinda Pardo.
Reiteró que hay algunas casas que se hicieron hace más de un año, pero que hay otras que llevan más de cuatro años y unas que llevan toda la vida viviendo en ese sector, a la salida para Villavicencio.
Para conocer su opinión en cuanto al fallo del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad de Bogotá, Llano Sie7edías consultó a través del correo electrónico a Coviandes, pero al cierre de esta edición no había llegado la respuesta.
@RubnDaroRomeroCastro
Rubén Darío Romero Castro
LLANO SIE7E DÍAS