En su discurso de posesión, el pasado primero de enero, el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, expresó que a pesar de los ataques recibidos por sus opositores, iba a gobernar “sin retrovisor”.
A menos de dos meses de gestión, según expertos, aquello solo quedó en palabras. La gerencia del Túnel del Toyo y los Parques Educativos, han sido los principales protagonistas de una disputa que más allá de las implicaciones para los antioqueños, tiene detrás intereses políticos y económicos.
Adolfo León Maya Salazar, docente e investigador de la Universidad Eafit, opinó que tras las críticas de la actual gobernación a la forma de contratación de la anterior y al estado de los Parques Educativos, hay unas deudas políticas zanjadas de tiempo atrás.
“Sergio Fajardo llegó como una opción de refundar el ejercicio de la política mediante la vía de la rendición de cuentas, lo que no gustó mucho a la clase política tradicional. Y Luis Pérez hace parte de esa clase política. Y tanto para él como para la Unidad Nacional es conveniente mantener vigente a Fajardo en la agenda, pero golpeado, pues lo ven como un posible y fuerte candidato a la Presidencia”, explicó el experto.
Maya cree que la estrategia en ese pensamiento político es descalificar al adversario en el debate y no a sus ideas o sus proyectos y “por eso, las críticas no van hacia temas de Biodiversidad o caminos vecinales. Ha sido hacia el capital político de Fajardo, que es la educación”.
A eso, se suma la conocida pugna entre el actual gobernador y el Grupo Empresarial Antioqueño –que apoyó a Fajardo– y en las pasadas elecciones lo hizo con Federico Restrepo, que fue el principal crítico de Pérez.
“El trasfondo de esa pelea desafortunada es el pulso entre grupos económicos, y sin duda el GEA ya ha sido referenciado por parte de Luis Pérez como si fuera un beneficiado directo de la gestión gubernamental de Fajardo”, precisa Maya.
Y esa, precisamente, ha sido una de las principales críticas del actual gobernador de Antioquia, en especial con la adjudicación de contratos por más de 6.000 millones de pesos a la empresa Konfirma S.A.S, cuyos accionistas son la Cámara de Comercio de Medellín y Cadena S.A.
Guillermo Mejía, que hizo parte de la comisión de empalme de Luis Pérez, denunció una supuesta inhabilidad pues uno de los accionistas de Cadena S.A. fue miembro de la junta directiva del Metro, socia de la Gobernación.
Por su parte, el entonces diputado Adolfo León Palacio, denunció que Konfirma era una empresa privada con injerencia y poder para contratar de forma directa con la Gobernación de Antioquia y que su razón social no concordaba con los trabajos que estaba realizando.
“En una propuesta enviada el 10 de abril de 2015 a la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento dice que ‘recurrirá a expertos en temas técnicos, financieros, logísticos y de riesgos para lograr cumplir con el propósito encomendado”, dijo el hoy secretario de Hacienda.
Es decir que Konfirma no tenía el personal idóneo y con experiencia necesaria que el proceso exigía, y por el que se terminó pagando 1.865 millones de pesos.
Sobre el tema, Sergio Jaramillo, gerente general de la empresa, aclaró que la Gobernación de Antioquia, sí está en capacidad de realizar ese proceso de verificación sin tener que contratar a Konfirma, pero no con las garantías y la capacidad que necesita un proyecto de esa envergadura como lo es el túnel del Toyo.
“Todos los clientes que tenemos están en la capacidad de tomar las decisiones sin tener que contratar nuestros servicios de manera interna, pero estoy íntimamente convencido de que nosotros podemos hacerlo de una mejor manera”, dice el funcionario.
Sobre si era necesaria o no la gerencia del túnel, Jaramillo opinó que Konfirma no hizo parte de esa discusión sino que fue tomada por los cuatro socios del proyecto que consideraron por la trascendencia de la obra, era conveniente tener a un tercero que actuara como director de proyecto, figura similar a la que sugiere el Gobierno Nacional para la construcción del Metro de Bogotá.
Así están parques educativos
En la publicidad del 2013 al 2015, la Gobernación de Antioquia prometía 80 parques educativos. Pero en realidad, fue un concurso que se hizo en el cual cada municipio quiso, por voluntad propia, quiso tener su espacio icónico que reemplazara el tradicional kiosco, cantina o iglesia.
Sin embargo, ante las constantes críticas sobre los estados estructurales, César Hernández, el entonces gerente de los Parques Educativos, le salió el paso a las críticas.
Para él, esas estructuras han sido utilizadas como una pelea política y la realidad de estos distan de cómo quieren hacerlas parecer. “Cualquier obra privada o pública tiene dificultades y esta no es la excepción.
Pero también se deben tener en cuenta las oportunidades que brindan, el apropiamiento de las comunidades y cómo se puede aprovechar”, explica Hernández, que añade que ya los espacios están allí, pero en lugar de dejar que se deterioren lo que debe buscar la administración actual es aprovecharlos de la mejor manera.
“Una iniciativa que se vio como una visión para un gobierno, puede ser una oportunidad para el siguiente y una herramienta para enfrentamientos netamente políticos”, dice el exgerente.
Es enfático en aclarar que ningún municipio fue obligado a participar en el concurso y, añade, que si la primera convocatoria no hubiera sido efectiva, no se hubiera generado la segunda, ni tampoco se hubiera aprobado por parte de la Asamblea, las ordenanzas 35 y 36 que hablan de Políticas Públicas para los Parques Educativos.
“La obligación comenzaba a ser 50/50. La Gobernación ponía la estructura física. Y el municipio, que accedía a participar con unas condiciones preestablecidas, ponía el resto, ya sea funcional, operativa o financiera”, aclara el funcionario.
Sin embargo, algunos municipios del Urabá antioqueño indicaron que les vendieron una idea equivocada de lo que era un Parque Educativo y se lo quieren devolver al departamento, pues ese espacio, ya es un activo del municipio.
Para Adolfo León Maya, docente e investigador de la Universidad Eafit, estos espacios significan más que un espacio que se pueda estar cayendo, pues para eso, aún todavía, todos tienen garantía, significan la oportunidad de construir educación.
“Es más demorado construir educación que construir un puente, un espacio como este no es solo una oportunidad de educarse, sino que se convierte en un referente de un pueblo”, dice Maya.
Redacción Medellín
EL TIEMPO
