El alcalde Enrique Peñalosa tiene, desde hace más de 16 años, la obsesión de urbanizar las tierras que hoy conforman la reserva forestal del norte o Thomas van der Hammen.
Es necesario repasar la historia de la reserva, pues el Alcalde está propalando verdades a medias sobre su origen y estatus (ej., su insistencia en que no existen investigaciones científicas que demuestren su relevancia), a tal punto que no pocos las han aceptado, sin beneficio de inventario, llegando a afirmar que no ha habido un suficiente debate y estudio para su creación, cuando en Colombia no existe una declaratoria de un área de esta naturaleza que haya sido más debatida y estudiada. Así, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias, en reciente comunicado, al ratificar su posición sobre el imperativo de mantener la reserva, hace un recuento de las múltiples investigaciones científicas hechas sobre el área desde hace más de 50 años.
Precisamente, la CAR de Cundinamarca, a finales de los años 90 y a partir de estudios encomendados al profesor Thomas van der Hammen, definió la Estructura Ecológica Principal de la Sabana, que es el conjunto de áreas de especial valor ecológico que merecen una protección especial. Entre ellas, la CAR otorgó prioridad a una franja ubicada al norte del Distrito Capital entre los cerros orientales y el río Bogotá, que hoy constituye la reserva, lo que motivó que, en 1999, le negara al alcalde Peñalosa su propuesta de urbanizar el área, como parte de su Plan de Ordenamiento Territorial.
El Alcalde apeló ante el Ministerio del Medio Ambiente, que constituyó un panel de expertos, con secretaría técnica de la Universidad Nacional, para que le rindiera un concepto sobre tan contencioso asunto. El ministro Juan Mayr incluyó en el panel a personas que tuvieran el beneplácito del Alcalde, entre otros, los arquitectos y urbanistas Germán Samper y Rogelio Salmona, el exrector de los Andes Eduardo Aldana y el experto en movilidad Jorge Acevedo. Entre los 12 expertos se incluyeron tres en materia ambiental: los profesores Thomas van der Hammen y Julio Carrizosa, y este columnista.
Después de más de 6 meses de trabajo, el panel le dio la razón a la CAR, y el ministro Mayr expidió una resolución en la que se fijaron los límites de la reserva y se ordenó su reglamentación. El alcalde Peñalosa la demandó ante el Consejo de Estado, que en el 2006 denegó sus súplicas.
En el año 2014, el consejo directivo de la CAR, a partir de diversos estudios y de un amplio proceso de consulta con diversos grupos de interés, expidió un detallado plan de manejo ambiental de la reserva, que prevé un conjunto de medidas con miras a que sus tierras, hoy en un 73 % dedicadas a actividades agropecuarias, se restauren paulatinamente como un área de conservación, que incluye, además, valiosos relictos de bosques y humedales. Se trata de uno de los proyectos urbanos de protección ambiental y recreacional más significativos del mundo, con un área de 1.399 hectáreas, en una ciudad acostumbrada a pensar en chiquito.
En síntesis, en el año 2000, el alcalde Peñalosa intentó impedir que se creara la reserva forestal del norte, con el fin de urbanizar esa área. No le dieron la razón. Ahora busca que se liquide la reserva, intentando desconocer que es un caso juzgado, y repitiendo exactamente los mismos argumentos del año 2000, que fueron refutados hasta la saciedad por el Ministerio del Ambiente, el panel de expertos y la CAR, que, al rechazar su propuesta, tomaron en cuenta el imperativo tema de las alternativas para el crecimiento de la ciudad y la construcción de vivienda en el largo plazo. ¿Acaso un alcalde tiene el derecho de borrar de un plumazo un complejo proceso de ordenamiento territorial que suma más de 16 años?
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA