Narcobienes incautados, un festín para la delincuencia

Narcobienes incautados, un festín para la delincuencia

Banda falsifica documentos para ocupar bienes de viejos narcos que están de regreso.

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20 de febrero 2016 , 06:26 p.m.

Los bienes incautados a poderosos narcotraficantes, que están en manos del Estado, siguen deleitando a los delincuentes.

Ahora funciona una nueva red de abogados y gatilleros, que falsifica desde oficios de la Fiscalía General hasta registros de cámaras de comercio y escrituras públicas, para vender los narcobienes, invadirlos y demandar al Estado.

Se hacen llamar los ‘Recuperadores’ y representan a narcotraficantes y lavadores que están volviendo al país y que buscan la devolución de sus propiedades por cualquier vía. Han intentado recuperar inmuebles ligados a las organizaciones de Hélmer ‘Pacho’ Herrera, del cartel de Cali; de Diego Montoya, de Juan Carlos Ramírez, ‘Chupeta’, y del narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, entre otros.

El 25 de noviembre del 2014, llegaron hasta la notaría 11 de Cali y vendieron el gran local incautado al grupo Grajales por lavado de activos, hoy arrendado a la cadena chilena Falabella. Aunque el local vale más de 12.000 millones de pesos, la transacción se hizo por 1.250 millones de pesos, que habría desembolsado un hombre identificado como Edwin Reina Loaiza, que ya denunció el caso.

Diez mil bienes borrados

“El plan es casi perfecto. Venden el bien tres o cuatro veces más y al menos uno de los compradores instaura una millonaria demanda contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que reemplazó a la corrupta Dirección Nacional de Estupefacientes. Ya tenemos un fallo en contra, en el que le asignan el bien al nuevo comprador por considerarlo tercero de buena fe”, le explicó a EL TIEMPO un investigador.

Hoy, el Gobierno no sabe cuántos narcobienes han sido vendidos ilícitamente a través de ese mecanismo: la SAE ya ha puesto 56 denuncias.

De hecho, las autoridades tienen información de que de los más de 100.000 activos que recibió la SAE de la liquidada Dirección de Estupefacientes –entre inmuebles, sociedades, establecimientos comerciales, automotores, reses y hasta obras de arte–, alguien borró 10.000 de las bases de datos cuya suerte se desconoce por completo.

El 12 de julio del 2015, los llamados ‘Recuperadores’ falsificaron la firma de una funcionaria de la SAE para que los nombrara depositarios de varios bienes. En este caso, existe una grabación en donde consta que quienes fueron a negociar los predios a las oficinas de la SAE, aseguraron que venían en nombre de los verdaderos dueños, que estaban a meses de salir de prisión. Además, le preguntaron a la funcionaria si tenía seguridad, “porque Cali es muy peligrosa”.

El patrón de venta ilegal se repitió en Medellín. Allí, falsificaron escrituras y llevaron a los predios a decenas de invasores para evitar desalojos.

La Fiscalía y la SAE ya tienen pistas de quiénes son los cabecillas de los ‘Recuperadores’ y los narcos que les pagan para recobrar bienes incautados que ya están en manos de terceros, muchos de los cuales han empezado a recibir amenazas.

Oficina paralela

En ese rastreo se toparon con otro tentáculo del saqueo de los narcobienes que inicialmente se subestimó: una banda de estafadores que arrienda a terceros bienes en manos de la SAE.

Pero la investigación tomó mayores dimensiones cuando testigos aseguraron que tienen una oficina paralela de la SAE en la calle 6.ª con carrera 52 sur, en Cali, en donde hay un archivo con las fichas técnicas de todos los bienes incautados a la mafia, rotulados con el logo de la entidad. Además, obtuvieron los catálogos de vehículos y cabezotes de tractocamiones que la SAE sacará al mercado en tres meses y que se manejaba secretamente.

“Es claro que trabajan en llave con personal de alto nivel de la SAE y tienen acceso en tiempo real a información privilegiada”, aseguró una fuente del CTI. Y agregó que esa oficina era manejada por una mujer identificada como Ana Jimena Gutiérrez Ospina, quien acaba de ser denunciada por una víctima.

La mujer le ofreció en arriendo a una médica paisa el hotel El Prado de Barranquilla, por 50 millones de pesos al mes y hasta el año 2045. También, una finca arrocera y los hoteles Belvedere, en Bogotá; el Torreón, en Pereira; El Portón de la 10, en Medellín, y el Santa Clara, en Cartagena. De hecho, el 18 de diciembre del año pasado, un hombre identificado como Jhon Alexander Urquijo llevó a la médica al Santa Clara (el único que no está en manos de la SAE) para presentarla con el supuesto jefe de seguridad.

Urquijo, de 27 años, y quien se hace pasar por directivo de la Inmobiliaria Pasadena, ya tiene una denuncia de la SAE por falsificar la firma de María Virginia Torres de Cristancho, presidenta de la entidad, de quien dijo, además, ser su asesor. El representante de la inmobiliaria, quien busca que la SAE le entregue varios bienes en administración, admite conocer a Urquijo, pero se declara una víctima de la red.

EL TIEMPO buscó a Urquijo y a Ana Jimena Gutiérrez para que explicaran los señalamientos en su contra, pero no respondieron los mensajes.

‘Somos víctimas’: García

Habla el representante de inmobiliaria Pasadena

En diálogo con EL TIEMPO, el representante de la Inmobiliaria Pasadena, Carlos García, se declaró víctima de Jhon Urquijo. Según dijo, Urquijo le dijo que iba a trabajar en la SAE y le sugirió presentarse como depositario. “Hicimos el trámite, nos asignaron 5 sociedades y cuando nos las iban a entregar, supimos lo de la denuncia contra él”, explicó. Y aunque admite que lo autorizó a usar su oficina y un computador para una supuesta verificación de datos, niega tener nexos contractuales o civiles con el presunto estafador. “Sé que usaba nuestro nombre para unos contratos de arrendamiento de bienes, pero esa no es nuestra papelería. Ya estoy hablando con autoridades sobre el tema”, puntualizó.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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