Crisis en diálogos para proteger la Sierra Nevada

Crisis en diálogos para proteger la Sierra Nevada

Los mamos reclaman la presencia del alto Gobierno para reorientar los diálogos.

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19 de febrero 2016 , 10:17 p.m.

Desde hace dos años, de manera regular, delegados de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos) y del Ministerio del Interior se reúnen para salvaguardar esta parte de la Tierra. Hoy, esos diálogos están en peligro porque los mamos han decido dejar de conversar sobre uno de los temas: la consulta previa.

“Es una postura política de los pueblos de la Sierra porque la consulta que se ha podido adelantar no tiene efecto positivo ni para la cultura ni para la Sierra Nevada. Bajo ese marco de qué sirve, si no pasa nada”, explica Rogelio Mejía, líder de la comunidad arhuaca y su representante en los encuentros.

A mediados de esta semana, Mejía estaba en Valledupar con el resto de su comunidad definiendo qué hacer sobre las conversaciones con el Gobierno: una, sobre temas de consulta previa acerca de proyectos en la zona, con la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y otra, sobre la elaboración del protocolo para reglamentar el proceso de consulta con estos pueblos e identificar los sitios sagrados de la llamada Línea Negra, que adelantan con la dirección de Asuntos Indígenas, RomOM (gitanos) y minorías de ese ministerio.

La Línea Negra es el trazado imaginario espiritual que une accidentes geográficos considerados sagrados con el cerro Gonawindua o Pico Bolívar, ubicado en la Sierra. Para los indígenas, Gonawindua, la montaña litoral más alta del mundo, es el centro del universo, donde se armoniza y se guarda la sabiduría y la fuerza de lo físico y lo material. “La Sierra Nevada es el centro donde están las energías y los elementos que garantizan la existencia de los seres mismos o de la naturaleza. Si en la Sierra se acaban los hielos, en Colombia y en otros países también, y eso es lo que le da a esta zona esa connotación de ser el centro del universo”, explica Mejía.

En 2014, con la sentencia T 849, la Corte Constitucional les dio la razón a los pueblos sobre la necesidad de proteger esta zona y destacó el papel que ellos tienen en esa misión. “La principal tarea de estas etnias es cuidar y velar para que el territorio ancestral permanezca. Para lograrlo, hacen sus pagamentos y acuden a la jurisdicción ordinaria en busca de soluciones a conflictos ambientales como cultivos ilícitos, proyectos turísticos, desarrollo de puertos y represas y extracción de recursos naturales no renovables, específicamente minería”, explica Gloria Amparo Rodríguez, directora del Grupo de Derecho Público, que investiga los conflictos ambientales de estos pueblos en la Universidad del Rosario.

Fue este punto el que llevó a los indígenas a acudir a los jueces ordinarios que garanticen sus derechos fundamentales, debido a que el Gobierno otorgó, en 2010, 95 licencias ambientales a proyectos de minería y explotación de un yacimiento de materiales de construcción en esa zona. La razón para autorizarlo era que allí no había resguardos sino territorio ancestral y por tanto no se tenía que realizar la consulta previa a las comunidades, como ordena el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991).

Para aclarar ese punto, la Corte Constitucional publicó la sentencia en mención, en la cual estableció que la Línea Negra es una zona de especial protección, por su valor espiritual y cultural para los cuatro pueblos indígenas. En otras palabras, no se requiere que los pueblos la habiten sino que tenga un valor para ellos. “Por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos”, explica Rodríguez.

Se van de la mesa

En las conversaciones sobre las consultas previas, por un lado, y en las de la definición de los límites de la Línea Negra, por el otro (unas y otras señaladas por la sentencia), estaban los representantes de los pueblos indígenas y del Ministerio del Interior, cuando los primeros decidieron no continuar con los diálogos sobre consulta previa.

“En noviembre, la Dirección de Consulta Previa recibió la solicitud de parte de los cuatro pueblos que manifestaron preocupación por el número de proyectos de consulta previa que debían realizarse y aludían 400. Con todo el interés en escucharlos fuimos y abordamos el tema”, explicó Álvaro Echeverry Londoño, director de área del Ministerio del Interior.

Al encuentro, realizado el 12 y 13 de febrero en el poblado de Chemesquemena, a hora y media de Valledupar, fueron mamos de los pueblos de la Sierra. Ellos insistieron en 400 proyectos, mientras que Echeverry asegura que son 21, en su mayoría mineros, seguidos por energéticos y uno ambiental.

“No sabemos de dónde salen 400, puede ser de una preocupación frente al futuro, porque demandaron acciones del Gobierno, vía tutela, y la Corte Constitucional en la sentencia 849 dio la orden que todo proyecto, obra o actividad que se desarrolle dentro de la Línea Negra debe ser objeto de consulta previa”, agrega Echeverry.

Mejía insiste en que ese es el número de proyectos tanto de grande como pequeña escala, pero más que en eso insiste en que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos que se han dado, y pone como ejemplo el complejo industrial Puerto Brisa, ubicado en Dibulla (La Guajira). “Dijimos que el manglar que estaba allí no lo había en otra parte, pero se extrajo y se hizo el puerto. Entonces se pierde la seriedad y el carácter”, asegura.

Por ello, los representantes de los pueblos indígenas se negaron a seguir con los procesos de consulta previa y exigieron un encuentro con el Presidente de la República y el Ministro del Interior para dar un rumbo diferente a los diálogos sobre este tema. Además, señalaron que también se verán perjudicadas las conversaciones sobre la elaboración del protocolo para dichas consultas y la limitación de la Línea Negra.

Echeverry considera que no pueden tomar esas decisiones, pues existen instancias para demandar los incumplimientos, si se dieron. De igual forma, que se continuará con la elaboración del cronograma de consulta previa y se invitará a concertar a los pueblos.

Por su parte, los indígenas mantienen su idea de que se requieren cambios en los diálogos y que deben concertarse con el alto Gobierno; sin ello no continuarán en la mesa. “Esa voluntad que el Presidente tiene para lograr la paz con la guerrilla de las Farc se necesita ahora para conciliar y ponerse en paz con la Sierra porque es el bienestar de todos los pueblos y de la naturaleza”, asegura Mejía.

Ecosistema irremplazable

Al igual que las tradiciones de los pueblos indígenas, la ciencia, por sus propios métodos, también ha corroborado la relevancia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene un área calculada de 17.000 kilómetros cuadrados y está delimitada por las estribaciones del macizo y al norte por el mar Caribe. Nada más en el 2013, la revista Science publicó un artículo de investigación del Centro de Ecología Funcional y Evolutiva de Francia, en el que catalogó a la Sierra como el entorno natural más “irremplazable” del mundo por el valor de sus especies amenazadas.

Su biodiversidad sorprende. En este macizo montañoso nacen cerca de 36 ríos que producen más de 10.000 millones de metros cúbicos por agua. Estos abastecen los acueductos de 21 municipios de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

La Sierra Nevada es uno de los seis glaciares con los que cuenta el país. Según cálculos del Ideam, este ecosistema ha perdido el 90 por ciento de su superficie nevada, esto entre 1850 y el año 2010, como consecuencia, entre otras cosas, del calentamiento global. La alerta es apremiante: cada año se pierde entre el 3 y el 5 por ciento de su masa.

Además de los glaciares, el otro ecosistema clave de la Sierra son los páramos, únicos en el país, por su singularidad al no hacer parte de la cadena montañosa de Los Andes.

ÁNGELA CONSTANZA JEREZ
Especial para EL TIEMPO

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